El deber de Rajoy

Por en¨¦sima vez, el Gobierno ha sido incapaz de dar una respuesta a Catalu?a, ofrecer un di¨¢logo estructurado sobre su encaje y negociar una salida apta para todos a los desaf¨ªos que el secesionismo plantea ?desde hace un lustro! La negativa es m¨¢s grave pues constituye la respuesta ¡ªmejor, la no respuesta¡ª a la propuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de negociar los t¨¦rminos y formato de un refer¨¦ndum de independencia, aunque no el hecho mismo de su celebraci¨®n.

El m¨¢s satisfecho por esta reiterada cerraz¨®n es el independentismo, que observa c¨®mo el Gobierno, con su torpeza y d¨¦ficit de iniciativas, le simplifica la tarea de ruptura del Estado, sobre todo cuando, como ahora, atraviesa una fase de baja forma. De esta saz¨®n, el Gobierno se ha convertido en su mejor mu?idor y en c¨®mplice, por inacci¨®n, de las estrategias de los separatistas.

Asiste al Gobierno la raz¨®n jur¨ªdica cuando sostiene que la resoluci¨®n parlamentaria del 6 de octubre patrocinando un refer¨¦ndum de independencia, binario y vinculante, para septiembre de 2017, incluso ¡°en ausencia de acuerdo¡± con el Gobierno, atenta contra la legalidad: los referendos previstos en la Constituci¨®n (art. 92) no son vinculantes sino consultivos, y solo puede convocarlos el Ejecutivo central.

El Gobierno no es un despacho de abogados del Estado en excedencia que deba limitarse a tramitar recursos, denuncias y querellas. Si no hace pol¨ªtica, si no busca soluciones pol¨ªticas a los problemas pol¨ªticos enquistados, ?para qu¨¦ sirve?

La judicializaci¨®n de la pol¨ªtica consiste en tratar de que el Poder Judicial sustituya al Poder Ejecutivo a la hora de resolver problemas pol¨ªticos. Por supuesto que en un Estado de derecho toda actuaci¨®n debe estar sometida al principio de legalidad y al control judicial. Pero ese control de legalidad no puede justificar el inmovilismo pol¨ªtico.

Claro est¨¢ que el secesionismo incurre en ese mal uso, en esa judicializaci¨®n. Recurre al Tribunal Constitucional cuando le conviene (constituci¨®n de grupos parlamentarios) y lo denigra si dictamina en su contra. Y sobre todo, organiza continuos desacatos a la ley (planteando absurdas dicotom¨ªas entre legitimidad y legalidad o asimilando la legalidad democr¨¢tica a la franquista) y a las instituciones para lograr que el Gobierno central act¨²e judicialmente contra ¨¦l, y aparentar as¨ª una persecuci¨®n en la que se presenta como v¨ªctima.

Pero la apelaci¨®n del Gobierno a los tribunales, en ausencia de cualquier medida pol¨ªtica, es tambi¨¦n una judicializaci¨®n disparatada, que adem¨¢s abona la estrategia tensionadora de los m¨¢s extremistas.

A un problema de encaje pol¨ªtico no se le responde con una mera discusi¨®n de alguna competencia, o evocando los 50.000 millones que Catalu?a ha recibido del Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA): este financia a muchas otras autonom¨ªas; se cre¨® como suced¨¢neo de la revisi¨®n del sistema de financiaci¨®n incumplida por el Gobierno; y sirve para evitar turbulencias internacionales que perjudicar¨ªan a toda Espa?a.

El Gobierno debe entender que la contestaci¨®n meramente burocr¨¢tica y judicial al contencioso catal¨¢n no contribuye a su resoluci¨®n sino que lo ahonda a¨²n m¨¢s. Es hora por tanto de que tome la iniciativa.