Una prisi¨®n para extranjeros

Todo pa¨ªs tiene derecho a regular la inmigraci¨®n y, si es el caso, expulsar a quienes se encuentran en situaci¨®n irregular. Una vez establecidas las condiciones de entrada y permanencia, los gobiernos han de aplicar la ley a todos aquellos que no las re¨²nan. Pero este proceso no puede hacerse de cualquier manera, y menos sin respetar los derechos humanos. La conflictividad que peri¨®dicamente rodea a los centros de internamiento de extranjeros (CIE), como el reciente mot¨ªn de 38 internos del centro de Aluche, en Madrid, indica que ese proceso no se realiza en las condiciones deseables.

Pese a que la normativa los califica como centros no penitenciarios, en la pr¨¢ctica se han convertido en c¨¢rceles transitorias cuyo funcionamiento vulnera alguna de las tres condiciones que el Tribunal Constitucional fij¨® en 1987 para poder ingresar en ellos a extranjeros: que el internamiento se haga con autorizaci¨®n judicial, que sea por el tiempo m¨ªnimo imprescindible para la expulsi¨®n y que no tenga car¨¢cter penitenciario.

Seg¨²n la Memoria de la Fiscal¨ªa, solo 353 de los 6.930 extranjeros internados en 2015 lo fueron por una orden de expulsi¨®n que sustitu¨ªa a una pena de prisi¨®n. La inmensa mayor¨ªa de los internos son, por tanto, extranjeros en situaci¨®n irregular, no delincuentes, lo que supone aplicar una medida tan grave como la privaci¨®n de libertad a personas que solo han cometido una falta administrativa.

La ley lo contempla, es cierto, pero a condici¨®n de que sirva para la finalidad prevista, es decir, la expulsi¨®n. Pues bien, m¨¢s de la mitad de los ingresados el a?o pasado no fueron expulsados al t¨¦rmino del periodo decretado por el juez ¡ªque suele ser de sesenta d¨ªas¡ª, sino puestos en libertad. La opacidad en la gesti¨®n y las carencias materiales que a¨²n persisten tampoco ayudan a generar la confianza necesaria. Esta es una de las asignaturas que la nueva legislatura debe abordar con urgencia.