Por la v¨ªa de apremio

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se han convertido en un asunto apremiante despu¨¦s de que la Comisi¨®n Europea advirtiera el martes pasado de que Espa?a tiene que presentar unas cuentas p¨²blicas que cumplan con el compromiso de d¨¦ficit (3,1% del PIB) para 2017 y del 2,2% en 2018. El Gobierno tendr¨¢ que aprobar un recorte adicional de 5.500 millones de euros sobre el proyecto presentado ya en Bruselas para el a?o pr¨®ximo y otros 5.500 millones adicionales para el siguiente. Es un ajuste profundo, de grave impacto para los ciudadanos y da?ino para el crecimiento econ¨®mico, que, como suele suceder en la arbitraria pol¨ªtica espa?ola, no est¨¢ preparado ni debatido.

Que la estrategia presupuestaria frente a esta nueva ola de ajustes deber¨ªa debatirse ¡ªen el Congreso, que para eso est¨¢¡ª es algo evidente; que el debate tenga lugar, parece improbable. Para empezar, deber¨ªa considerarse una negociaci¨®n pol¨ªtica: el nuevo Gobierno podr¨ªa presentarse en Bruselas con una propuesta (preferiblemente, con el apoyo de la mayor¨ªa de la C¨¢mara) para aminorar el impacto del ajuste mediante un calendario m¨¢s amplio. La opci¨®n tradicional, desarrollada durante la legislatura de Rajoy, ha consistido en aceptar sin m¨¢s las propuestas de la Comisi¨®n, decir que s¨ª a todo y, al final, incumplir pertinazmente lo acordado. Es el m¨¦todo de la doble verdad. A los ciudadanos espa?oles se les dice que ¡°no van a ser necesarios nuevos ajustes¡±, faltar¨ªa m¨¢s, mientras que a Moscovici y Dijsselbloem se les prometen los recortes que hagan falta.

Bruselas ha descubierto el truco; as¨ª que lo m¨¢s probable en esta legislatura es que ya no acepte maquillajes ni absurdas bajadas de impuestos. Aplicar¨¢ las sanciones conocidas si hay incumplimiento del d¨¦ficit con la convicci¨®n de que est¨¢ ¡°cargada de razones¡±. Aunque tambi¨¦n se puede argumentar que los comisarios econ¨®micos pod¨ªan haber detectado f¨¢cilmente los incumplimientos a?o tras a?o, y exigir su correcci¨®n, solo con comprobar c¨®mo sub¨ªa a?o tras a?o la deuda p¨²blica.

Si la Comisi¨®n no negocia un nuevo calendario, la opci¨®n correcta es determinar si el ajuste de 5.500 millones deber¨¢ aplicarse por reducci¨®n de gasto p¨²blico, por aumento de ingresos tributarios o en qu¨¦ proporci¨®n de ambos; si pueden evitarse nuevos recortes en el Estado de bienestar; y cu¨¢l es la mejor opci¨®n para procurar ingresos tributarios con cierta premura. El adelanto del Impuesto de Sociedades no resuelve el problema, por supuesto, porque lo que se perciba hoy se dejar¨¢ de percibir cuando cese la vigencia del adelanto; pero un ajuste racional de los ingresos ¡ªen espera de una reforma fiscal integral¡ª debe empezar con cambios en ese impuesto, con el objetivo de que la recaudaci¨®n efectiva se acerque al tipo nominal. Las empresas apenas pagan el 7% de sus beneficios, cuando el nominal est¨¢ en el 30%.

Deber¨ªan, adem¨¢s, formar parte del debate ¡ªapoyado por estudios previos¡ª los cambios en el IVA, que es el otro impuesto con gran capacidad recaudatoria. Y cu¨¢l es la parte del ajuste que corresponde a las comunidades aut¨®nomas. La pregunta pertinente es: ?est¨¢ en condiciones el Gobierno del PP de ofrecer un plan presupuestario racional con estas premisas de negociaci¨®n y posibilidades de consenso?