El derecho a la ciudad

Por, Alicia Ziccardi, Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico, UNAM.

En el contexto de la adopci¨®n de pol¨ªticas econ¨®micas neoliberales, las pol¨ªticas urbanas se reformularon profundamente y se produjo un debilitamiento de la planeaci¨®n. En contrapartida, se fortaleci¨® la articulaci¨®n de intereses entre las elites pol¨ªticas y las econ¨®micas. As¨ª, las pol¨ªticas p¨²blicas urbanas poseen actualmente un alto grado de pragmatismo y conflictividad, ya que la producci¨®n y consumo de los bienes de la ciudad concentran un alto valor monetario pero, al mismo tiempo, poseen un alto valor social y colectivo.

Cuando en la ciudad se privilegia el valor de cambio y eso se expresa en los contenidos de las pol¨ªticas urbanas, ¨¦stas dejan de ser concebidas como pol¨ªticas sociales para transformarse en productoras de los soportes materiales (vialidades, equipamientos, infraestructura, espacios para el consumo masivo y de lujo). Otro componente es la privatizaci¨®n de los servicios p¨²blicos y, en general, la mercantilizaci¨®n de los bienes y servicios de la ciudad, particularmente, del suelo urbano, garantizando de esta forma altas tasas de ganancia que son apropiadas privadamente.

Sin embargo, estos procesos de refuncionalizaci¨®n de las ciudades a fin de integrarse en la econom¨ªa global coincide, en varias ciudades de Am¨¦rica Latina, con el avance de la democratizaci¨®n del sistema pol¨ªtico local. En este escenario se advierte, por un lado, condiciones propicias para la aparici¨®n de movimientos capaces de impulsar el cambio urbano y social y, por otro, construir una nueva arquitectura institucional que promueve experiencias puntuales de innovaci¨®n social para la creaci¨®n o recuperaci¨®n de espacios p¨²blicos degradados donde se desarrollen acciones colectivas que permitan fortalecer la identidad local, la vida comunitaria y avanzar en la construcci¨®n de una cultura democr¨¢tica.

Apelando a un nuevo derecho a la ciudad

En este contexto, el derecho a la ciudad es una apelaci¨®n colectiva cuyo contenido se ha ido modificando pero que, en lo fundamental, alude a una profunda transformaci¨®n urbana protagonizada por movimientos sociales con la intenci¨®n de contrarrestar los procesos capitalistas generadores de desigualdad socio-espacial y de segregaci¨®n urbana y producir mejores condiciones de vida para el conjunto de la ciudadan¨ªa.

En este sentido, Henri Lefebvre, en su obra El derecho a la ciudad, de 1968, alert¨® tempranamente sobre la mercantilizaci¨®n del espacio urbano, la expulsi¨®n de la clase obrera del centro de la ciudad, la precarizando de sus condiciones de vida, todo lo cual provocaba la desintegraci¨®n de la ciudad como proyecto colectivo. Desde all¨ª, construy¨® la primera apelaci¨®n a reivindicar el derecho a la ciudad que representaba los intereses no s¨®lo del proletariado sino de toda la civilizaci¨®n. Posteriormente, Manuel Castells y Jordi Borja analizaron la potencialidad social y pol¨ªtica de los movimientos sociales urbanos que reivindicaban los bienes colectivos de la ciudad haciendo de los barrios populares, favelas, villas miserias, callampas, ranchos de las ciudades latinoamericanas, su laboratorio an¨¢lisis. Sin duda, fueron m¨¢s all¨¢ de aquellas primeras formulaciones, ya que evaluaron la potencialidad pol¨ªtica de estas formas de organizaci¨®n y lucha de los sectores populares urbanos.

Cuarenta a?os despu¨¦s, en medio de la oleada neoliberal, creadora de una nueva arquitectura espacial y privatizadora de los bienes p¨²blicos de la ciudad, la noci¨®n del derecho a la ciudad ha sido resignificada por David Harvey, quien considera que se trata de una nueva apelaci¨®n que gu¨ªa las acciones colectivas en las calles, donde la ciudadan¨ªa indignada cuestiona la actuaci¨®n de una peque?a elite pol¨ªtica y econ¨®mica que pretende desposeer a las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Se trata de nuevas estrategias de rebeli¨®n urbana que buscan definir un modo de vida urbana diferente al que les estaban imponiendo los promotores capitalistas y el Estado, exigiendo un control democr¨¢tico sobre la producci¨®n y uso del excedente de capital.

Para Castells los movimientos con capacidad transformadora son los movimientos sociales en red, los cuales hacen uso de las modernas tecnolog¨ªas de la comunicaci¨®n potenciando la comunicaci¨®n e interacci¨®n entre los actores sociales para desafiar al poder pol¨ªtico y econ¨®mico, reclamando la incorporaci¨®n de sus intereses y valores en la construcci¨®n de las instituciones. Sin duda, se trata de una nueva fuerza democratizadora del espacio p¨²blico, tanto f¨ªsico como social, empoderando actores sociales y ejerciendo pr¨¢cticas de contrapoder en el territorio urbano. 

Tambi¨¦n Jordi Borja se?ala que los movimientos ciudadanos de los ¨²ltimos treinta a?os han tenido grandes aportaciones en la gesti¨®n de la ciudad y del urbanismo, revalorizando el espacio p¨²blico, exigiendo la democratizaci¨®n de los planes y proyectos urbanos integrales y recuperando el protagonismo de los gobiernos locales en la pol¨ªtica urbana. Pero sobre todo, identificando a la ciudadan¨ªa como aquella que interviene en la construcci¨®n y gesti¨®n de la ciudad.

En Am¨¦rica Latina, un amplio n¨²mero de organizaciones sociales, acad¨¦micos y activistas, articuladas dentro de la Coalici¨®n Internacional para el H¨¢bitat (HIC), han promovido el reconocimiento del Derecho a la Ciudad, a partir de la elaboraci¨®n de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. De acuerdo con Enrique Ortiz, la hechura y difusi¨®n de esta Carta, originalmente se concibi¨® como un documento pol¨ªtico para movilizar a amplios sectores sociales, pero posteriormente se ha ido impulsando como un instrumento jur¨ªdico que pueda ser adoptado tanto por gobiernos nacionales y locales, como por organismos internacionales, para que se asuman compromisos y tomen medidas para construir ¡°ciudades justas, democr¨¢ticas, humanas y sustentables¡±, donde las personas puedan vivir con dignidad.

Generando innovaci¨®n social en el espacio p¨²blico

Pero tambi¨¦n es cierto que en muchas ciudades se avanza en el derecho a la ciudad, movilizado a la ciudadan¨ªa en pr¨¢cticas sociales colectivas de participaci¨®n, llevadas a cabo en el marco programas y pol¨ªticas p¨²blicas de coaliciones de izquierda que pretenden contrarrestar las fuertes desigualdades y tendencias disgregadoras que existen en la sociedad. Estas experiencias son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de M¨¦xico, se lleva a cabo una intervenci¨®n p¨²blica-social sobre los espacios p¨²blicos con la intenci¨®n de disminuir las profundas desigualdades territoriales que existen en la megal¨®polis, tanto en sus condiciones materiales como en la oferta de actividades recreativas. La construcci¨®n o recuperaci¨®n de espacios p¨²blicos que generen las condiciones materiales b¨¢sicas para desarrollar actividades sociales, deportivas, culturales y recreativas en los barrios populares, representa una forma de hacer efectivo el derecho a la ciudad y forjar una mejor convivencia comunitaria en el ¨¢mbito local. El objetivo es disminuir las fuertes desigualdades territoriales y urbanas que existen en la ciudad, democratizar la gesti¨®n local, involucrando en su dise?o e implementaci¨®n a diferentes actores gubernamentales y sociales. Se trata de generar una mejora material, promoviendo un proceso de aprendizaje ciudadano, avanzando un escal¨®n en la construcci¨®n de una cultura comunitaria y democr¨¢tica.

En este sentido, la relevancia de este programa se refleja no s¨®lo en la cantidad de obra p¨²blica realizada desde su implementaci¨®n, a pesar de que los montos asignados a cada proyecto variaron a?o tras a?o, sino en el desarrollo de innovadores instrumentos de participaci¨®n, entre los que destaca el hecho de que los recursos de cada proyecto se transfieren directamente del gobierno local a la ciudadan¨ªa, quien asume el papel de gestionarlos, logrando crear nuevos liderazgos y nuevas formas de aplicaci¨®n y control social sobre los recursos p¨²blicos, creando nuevos ¨¢mbitos de confianza y credibilidad, entre los diferentes actores que participan. Sin duda, estas experiencias constituyen tambi¨¦n un camino para avanzar y hacer efectivo el derecho a la ciudad.

Alicia Ziccardi es directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en M¨¦xico. Miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Autora de numerosos libros sobre cuestiones urbanas.