Bolivianas contra la violencia machista
Nueve mujeres cada mes son v¨ªctimas de feminicidio en un pa¨ªs que no alcanza un cuarto de la poblaci¨®n de Espa?a
Mar¨ªa Antonia Mamani acudi¨® por primera vez al Centro de Promoci¨®n de la Mujer Gregoria Apaza cuando quiso denunciar a su pareja por maltrato. La derivaron all¨ª desde la oficina de la Defensor¨ªa del Pueblo de El Alto, un suburbio de La Paz que, creciendo de manera ca¨®tica y acelerada, se ha convertido en la segunda ciudad m¨¢s grande de Bolivia. Tres a?os despu¨¦s, Mamani acude dos veces por semana a un centro de salud de la ciudad para informar a las mujeres en las salas de espera de c¨®mo detectar situaciones de violencia machista y luchar contra ellas.
Antes de convertirse en agente comunitaria, Mar¨ªa Antonia, de 30 a?os, pas¨® talleres de autoestima, formaci¨®n legal y puesta en com¨²n de su experiencia, un requisito indispensable para que desde Las Gregorias, como llaman al centro, se siga un caso. ¡°Para que una mujer salga del c¨ªrculo de la violencia hay que empoderarla¡±, reivindica la directora de esta ONG, Tania S¨¢nchez.
Las Gregorias desarrollan su labor en el que se considera uno de los pa¨ªses con m¨¢s violencia machista de Am¨¦rica Latina. Cada a?o m¨¢s de cien hombres cometen feminicidio en Bolivia, con diez millones de habitantes. Es la cifra que puede estimarse mediante conteos de organizaciones de mujeres y peri¨®dicos locales, as¨ª como de una comunicaci¨®n reciente de la Fiscal¨ªa General, que report¨® 94 casos en lo que va de a?o, ya que no hay estad¨ªsticas oficiales hist¨®ricas y sistematizadas.
El Observatorio Manuela del Centro de Informaci¨®n y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) contabiliz¨® 270 feminicidios desde marzo de 2013 hasta octubre de 2015. Las cifras corresponden a los primeros treinta meses de vigencia de la ley 348, una norma integral ¡°para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia¡± que tipifica el delito de feminicidio en nueve supuestos -la mayor¨ªa fuera de la relaci¨®n de pareja- y le da la m¨¢xima condena penal posible: treinta a?os sin derecho a indulto. Nueve mujeres cada mes son v¨ªctimas de feminicidio en un pa¨ªs que no alcanza un cuarto de la poblaci¨®n de Espa?a.
Para empezar a desarrollar labores comunitarias a trav¨¦s del Centro Gregoria Apaza, las usuarias pueden completar un ciclo formativo de 32 sesiones. ¡°Ah¨ª se tratan m¨¢s temas: equidad, autoestima, derechos sexuales, derechos humanos, divorcio, mediaci¨®n familiar¡±, enumera Mamani. Entre las mujeres graduadas como promotoras comunitarias se turnan para cubrir horarios de tres horas por la ma?ana y por la tarde en cada uno de los centros de salud. Cada una deber¨ªa hacer un turno por semana, pero Mamani hace dos porque no son suficientes compa?eras.
Tras las charlas p¨²blicas, se suelen acercar dos o tres mujeres. A menudo, dice Mamani, van preguntando por otra. ¡°Pero yo s¨¦ que es para ellas¡±, comenta con una media sonrisa. Una mujer ¡ªsiempre la misma, para evitar procesos de ¡°revictimizaci¨®n¡±¡ª las acompa?a al centro, sigue el proceso y mantiene el contacto con ellas. ¡°Nos reciben bien, pero en caso de denuncias muchas no quieren. Muchas tambi¨¦n tienen miedo¡±, dice sobre la experiencia de dos a?os con esa labor.
La propia Tania S¨¢nchez; la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, M¨®nica Novillo y la directora de Planificaci¨®n Estrat¨¦gica de ONU Mujeres en Bolivia, Elizabeth Salguero, coinciden en destacar los avances normativos y el buen dise?o de la ley 348. Lo mismo dicen informes de organizaciones internacionales como la CEDAW (un organismo de la ONU dedicado a eliminar la discriminaci¨®n por raz¨®n de g¨¦nero) o la Defensor¨ªa del Pueblo de Bolivia.
Pero los halagos a la normativa dan paso a las cr¨ªticas a su aplicaci¨®n. La CEDAW, en su ¨²ltimo informe de noviembre de 2015, valora "los profundos cambios legislativos" en el pa¨ªs, pero a?ade que necesitan "refuerzo administrativo". Salguero ¡ªque antes de trabajar para la ONU fue ministra de Culturas y diputada nacional con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobierna Bolivia desde 2006¡ª apunta a la falta de acciones espec¨ªficas de ¡°formaci¨®n y sensibilizaci¨®n¡± en las instituciones p¨²blicas. Novillo asegura que la norma ¡°no est¨¢ funcionando¡± despu¨¦s de m¨¢s de tres a?os de promulgarse, sobre todo porque no prev¨¦ asignaci¨®n presupuestaria. ¡°Nosotros vemos la falta de presupuestos como un indicador de la voluntad pol¨ªtica de los gobernantes en relaci¨®n al problema de la violencia¡±, dice.
En Bolivia no existe un ministerio ni una oficina de alto nivel dedicada a la igualdad
Parte del trabajo de la Coordinadora de la Mujer es tender puentes entre instituciones, ya que la falta de entendimiento y comunicaci¨®n entre Polic¨ªa, operadores de justicia y poder ejecutivo resta eficacia a la respuesta contra la violencia, explica Novillo. En Bolivia no existe un ministerio ni una oficina de alto nivel dedicada a la igualdad y la ley 348 convoca la acci¨®n de varios ministerios, departamentos ¡ªregiones¡ª y municipios. Estos ¨²ltimos deben ejecutar presupuestos espec¨ªficos para construir y mantener casas de acogida para v¨ªctimas de violencia y servicios legales destinados a garantizar el acceso gratuito a la justicia.
Un estudio del centro Gregoria Apaza concluy¨® que en 2015 los municipios s¨®lo dedicaron el 2% de sus presupuestos de inversi¨®n en pol¨ªticas de g¨¦nero y s¨®lo ejecutaron el 47% de los recursos totales destinados a la lucha contra la violencia machista, 7,75 millones de d¨®lares. Los gobiernos departamentales s¨®lo ejecutaron el 4% de lo presupuestado para la construcci¨®n de los refugios, una cifra que no llega a 200.000 d¨®lares.
Seg¨²n Novillo, la formaci¨®n profesional es una prioridad de las organizaciones sociales, pero la rotaci¨®n de personal en las instituciones resta efectividad a estas acciones. Pasaba con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), un cuerpo especializado en delitos contra las mujeres. ¡°Durante mucho tiempo, trabajar para la FELCV era como un castigo para la Polic¨ªa¡±, lamenta Novillo.
En ese entorno de debilidad institucional, las Gregorias desarrollan desde hace m¨¢s de 30 a?os labores de prevenci¨®n y atenci¨®n de la violencia contra las mujeres y de empoderamiento a trav¨¦s de programas de capacitaci¨®n profesional, socializaci¨®n y formaci¨®n en derechos humanos.
Ellas inspiraron la figura de promotora comunitaria que recoge la ley 348. Alrededor de 35 mujeres formadas en la organizaci¨®n desempe?an este trabajo voluntario en cuatro hospitales de la ciudad de El Alto. Su lugar de reuni¨®n y formaci¨®n una sede de la ONG con varias plantas, salas de reuniones, talleres textiles y un estudio de radio. Sus muros est¨¢n decorados con murales que reivindican los derechos y recuerdan a hero¨ªnas ind¨ªgenas como la propia Gregoria Apaza.
Son personas que en casi todos los casos llegaron a la organizaci¨®n por haber sufrido violencia machista. Ahora aprovechan la espera de los pacientes para dar informaci¨®n sobre c¨®mo reconocer situaciones de maltrato y de qu¨¦ manera enfrentarlo. Tambi¨¦n orientan directamente a quienes acuden a consulta m¨¦dica por casos de violencia. ¡°A veces es muy dif¨ªcil acercarse a un profesional, pero cuando ven a una mujer como ellas se abren mucho m¨¢s¡±, argumenta la abogada de la organizaci¨®n Magaly Ach¨¢.
Tania S¨¢nchez explica que la ley anterior ¡°no era punitiva¡±, sino que ten¨ªa un enfoque de conciliaci¨®n familiar. ¡°Ahora sucede a menudo que las mujeres no quieren denunciar por consecuencias penales¡±, apunta. Deben recurrir por fuerza a un abogado y afrontar un proceso largo y costoso.
Las promotoras son mujeres de todas las edades que tienen en com¨²n un contacto con la violencia. Ruperta Poma emigr¨® a El Alto en 1975, con 15 a?os. Ella informa a los pacientes de un hospital de atenci¨®n primaria con unidad de maternidad. Lee fragmentos del manual de agentes comunitarias. ¡°Les pregunto qu¨¦ han entendido. A algunas les hablo en aymara, porque algunas se?oras no entienden¡±, dice.
El Alto es una ciudad pegada a La Paz que pas¨® de tener 400.000 habitantes a 850.000 entre 1992 y 2012. ¡°Tres o cuatro¡± de los 14 distritos en los que se divide no tienen luz el¨¦ctrica, carreteras asfaltadas o saneamiento de agua, hace notar Ach¨¢, la abogada. Por la dependencia administrativa de La Paz ¡ªsede del Gobierno y capital departamental¡ª, existen pocas instituciones a las que dirigirse. La inseguridad ciudadana y la mayor incidencia del empleo informal en las mujeres se a?aden como factores de vulnerabilidad.
Quienes frecuentan el centro de Gregorias valoran la experiencia de voluntariado como un empoderamiento mutuo. Lourdes Mamani se forma all¨ª para ser promotora, pero primero recibi¨® ayuda en otra asociaci¨®n pace?a que ces¨® su actividad. Tuvo un proceso de separaci¨®n y sufr¨ªa violencia de su pareja. ¡°Eso me ayuda mucho para trabajar con otras¡±, apunta. Mamani vende ropa en los mercados como trabajadora ambulante. ¡°Tengo 40 a?os, me es dif¨ªcil encontrar un trabajo. Tengo una hija que tengo que cuidar y tienes que hacer algo¡±, dice.
Otras mujeres contactaron con la ONG para mejorar su formaci¨®n profesional, como Isabel Guzm¨¢n, que lleg¨® en 2011 a trav¨¦s de su parroquia para recibir un curso de costura a m¨¢quina. ¡°Yo viv¨ªa violencia en mi casa, pero por mi educaci¨®n no lo sab¨ªa diferenciar¡±, reflexiona. Lleva varios a?os actuando como agente comunitaria y ayuda a su familia tejiendo ropa para una empresa que exporta tejidos bolivianos a Dinamarca y Canad¨¢. ¡°Mis hijos son mayores y por suerte no tengo necesidad. Ayudo a mi hija. Tenemos que ayudarnos entre mujeres¡±, zanja.
Seg¨²n una nota publicada por el Ministerio de Comunicaci¨®n el 1 de julio, desde la tipificaci¨®n del feminicidio en marzo de 2013 hasta entonces hubo 47 sentencias condenatorias por ese delito. La ley ordena crear juzgados espec¨ªficos contra la violencia, pero ¨¦stos se dedican tambi¨¦n a corrupci¨®n y delitos administrativos.
En 2015 los municipios s¨®lo dedicaron el 2% de sus presupuestos de inversi¨®n en pol¨ªticas de g¨¦nero
Un estudio de la Organizaci¨®n Panamericana de la Salud de 2012 concluy¨® que Bolivia era el pa¨ªs de Am¨¦rica Latina con mayores tasas de violencia f¨ªsica contra las mujeres. Seg¨²n las encuestas que recoge, el 53% de las mujeres bolivianas que hab¨ªan vivido en pareja sufrieron violencia f¨ªsica o sexual alguna vez (2003), mientras que el 25,5% hab¨ªan sufrido violencia en los doce meses anteriores (2008).
A pesar del trabajo de la sociedad civil y los avances normativos, queda mucho por hacer en t¨¦rminos de capacitaci¨®n, aumento del presupuesto y coordinaci¨®n institucional. M¨®nica Novillo advierte de que las tendencias no son positivas. ¡°La violencia en pareja se est¨¢ produciendo en edades m¨¢s tempranas y en relaciones de noviazgo¡±, se?ala. ¡°Estamos concentr¨¢ndonos mucho en incidir en cambios culturales de la forma de ver a las mujeres en nuestro contexto¡±, dice.
Para Salguero tambi¨¦n es fundamental incidir en las pautas culturales a trav¨¦s de la educaci¨®n y los medios de comunicaci¨®n, cuya labor critica por ¡°naturalizar¡± la violencia contra las mujeres. Y destaca la necesidad de las campa?as de prevenci¨®n, que en lugar de s¨®lo animar a las mujeres a denunciar a sus agresores, deber¨ªan dirigirse a los hombres. ¡°No hay una sensibilizaci¨®n y campa?as de prevenci¨®n antes de que pasen los feminicidios, antes de que pasen los golpes, antes de que pasen los casos de agresiones f¨ªsicas, psicol¨®gicas y sexuales¡±, lamenta.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
