Mucha gente en la estacada de la dependencia

Diez a?os despu¨¦s de aprobada la ley de la dependencia, la norma que estaba llamada a cambiar la vida de los m¨¢s vulnerables sigue siendo un rompecabezas. Es verdad que fue importante reconocer como un derecho del ciudadano lo que hasta entonces depend¨ªa de que el c¨ªrculo familiar del afectado pudiera o quisiera atenderle. Hacer intervenir en ello a los poderes p¨²blicos llev¨® al entonces presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, a hablar de ¡°hito hist¨®rico¡±. Pero ha pasado el tiempo y ahora una socialista tan significada como Susana D¨ªaz resalta el contraste entre el plan gubernamental para rescatar autopistas, valorado en 5.000 millones de euros, y la negativa del Ejecutivo a proporcionar m¨¢s financiaci¨®n a la dependencia.

Es verdad que en 2015 dej¨® de caer el n¨²mero de dependientes atendidos. Despu¨¦s de cuatro a?os de retroceso en la cifra de personas con derecho a ser evaluadas y de una congelaci¨®n de las prestaciones, el Ejecutivo decidi¨® incorporar a las personas con una dependencia menos grave. Ese cambio se produjo en coincidencia con el periodo electoral de 2015. ?Habr¨¢ que aguardar a otras elecciones para lograr un nuevo empuje? Por m¨¢s especulaciones que se hagan sobre unas palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el mi¨¦rcoles por la noche (¡°hasta las pr¨®ximas elecciones¡±), no parece que fuera otra cosa que un lapsus en una cena prenavide?a. Ya se sabe que los a?os electorales estimulan el gasto p¨²blico, pero este no puede ser el m¨¦todo normal de funcionar de un pa¨ªs.

As¨ª que vuelta a hacer las cuentas. Haber reducido en 2.865 millones la financiaci¨®n de la dependencia durante la legislatura anterior ha supuesto dejar a muchas personas en la estacada. Con 450 millones de euros se podr¨ªan dotar 265.000 ayudas m¨¢s, cuando a¨²n hay 356.00 personas con una dependencia reconocida que no tienen prestaci¨®n. Al intento de mejorar la dotaci¨®n econ¨®mica se a?ade que los cuidadores (m¨¢s del 90%, mujeres) vuelvan a cotizar.

La Asociaci¨®n de Directores y Gerentes de Servicios Sociales pide un pacto de Estado. Salvo el Partido Popular, las dem¨¢s fuerzas representadas en el Congreso de los Diputados est¨¢n de acuerdo en revertir los recortes. Tambi¨¦n intentan que cualquier cambio en las prestaciones sea aprobado por el Parlamento, y no por el Gobierno mediante decreto. El Grupo Parlamentario Popular, sin oponerse frontalmente a los planteamientos de los dem¨¢s, env¨ªa la cuesti¨®n a una subcomisi¨®n parlamentaria para el estudio de la ley. Un modo de dilatar las posibles soluciones.

Hay una pelea entre las comunidades aut¨®nomas y el Gobierno sobre qui¨¦n debe aportar m¨¢s dinero. Las autonom¨ªas ya han hecho un gran esfuerzo. Y sin m¨¢s recursos es imposible atender a los que carecen de prestaciones. Hablamos de dependencia, no de frivolidades ni de frusler¨ªas.