Autopistas sin salida

La quiebra de nueve autopistas de peaje y la hip¨®tesis, expuesta por el ministro de Fomento, de que sean nacionalizadas con dinero p¨²blico no puede ser despachada sin m¨¢s con un comunicado de pasada, como si se tratara de una cat¨¢strofe natural inevitable. Si la nacionalizaci¨®n tiene que realizarse finalmente en los t¨¦rminos sugeridos por ??igo de la Serna, el Gobierno est¨¢ obligado a dar una respuesta pol¨ªtica exhaustiva. Como m¨ªnimo, esta respuesta tiene que incluir una comparecencia p¨²blica en el Congreso del ministro, donde tiene que explicar c¨®mo se hicieron los c¨¢lculos econ¨®micos de las autopistas ahora en situaci¨®n de quiebra, cu¨¢les son las responsabilidades pol¨ªticas y econ¨®micas que se van a exigir y c¨®mo se va a resolver un problema que, por intereses o incompetencia, se ha convertido en un callej¨®n sin salida.

Dicho de otro modo, hoy, gracias a demoras indebidas, decisiones incompetentes y declaraciones tranquilizadoras pero falsas (¡°no costar¨¢n un euro a los espa?oles¡±, asegur¨® la ministra anterior), resulta m¨¢s caro liquidar que nacionalizar. Pase lo que pase, pagan los contribuyentes. A esta situaci¨®n absurda ¡ªpero conocida; es una socializaci¨®n de las p¨¦rdidas de manual¡ª no se ha llegado por casualidad. Hay razones m¨¢s que suficientes para inferir que en las radiales de Madrid, presentadas por el presidente Aznar y por el ministro ?lvarez Cascos como una prueba de la modernizaci¨®n de las infraestructuras en Espa?a, se elevaron las proyecciones de tr¨¢fico y se minusvaloraron las estimaciones de costes (los de expropiaci¨®n de terrenos fueron escandalosamente superiores a los previstos) para justificar la racionalidad econ¨®mica de los proyectos.

Hay responsabilidades pol¨ªticas evidentes en este desastre; e importa muy poco si estamos ante un rescate o un procedimiento judicial; o si el coste son 5.500 millones, como dice Seopan, o de unos 2.000 millones, como sugiere el Gobierno. El caso es que existe una presunci¨®n razonable de gesti¨®n pol¨ªtica negligente, en la que se prest¨® m¨¢s atenci¨®n a la captura de votos exhibiendo obra p¨²blica que al manejo responsable de los fondos p¨²blicos. Esto es lo que el ministro tiene que aclarar, si sabe y puede.

La responsabilidad pol¨ªtica del caso debe incluir, por fuerza, que se ponga fin al modelo de negocio sin riesgo en el que se han convertido las concesiones de la Administraci¨®n. No es admisible que en los grandes contratos de obras se incluyan cl¨¢usulas de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque en ¨²ltimo extremo (el caso Castor es otro ejemplo de contrataci¨®n ventajista) conduce a una situaci¨®n indefendible: si el negocio va bien, el concesionario gana; si va mal, pierde el Estado. Doctores en leyes tiene la Administraci¨®n (los abogados del Estado, por ejemplo) para que sustituyan relaciones contractuales claramente da?inas para los intereses p¨²blicos por otras que respeten y defiendan el dinero de todos.

Este es uno de los casos que produce indignaci¨®n ciudadana y genera malestar social. El Gobierno no debe caer en la tentaci¨®n de echar tierra al asunto; y la oposici¨®n har¨¢ mal en olvidarlo. La gesti¨®n democr¨¢tica implica un primer requisito: el manejo responsable del dinero p¨²blico.