Protecci¨®n energ¨¦tica

El acuerdo entre el PSOE y el PP para combatir la llamada pobreza energ¨¦tica tiene varias lecturas pol¨ªticas. La primera es que resulta m¨¢s efectivo para asegurar el bienestar de los ciudadanos llegar a acuerdos pol¨ªticos y econ¨®micos que intentan resolver sus problemas que encerrarse en protestas p¨²blicas airadas hu¨¦rfanas de soluciones. El Partido Socialista ha aprovechado la situaci¨®n parlamentaria del PP para instar un cambio legal con el que probablemente todos los partidos de la C¨¢mara est¨¢n de acuerdo. Adem¨¢s, el pacto pone de manifiesto con claridad que el tiempo perdido en la formaci¨®n del Gobierno en Espa?a tiene un coste; las medidas de protecci¨®n energ¨¦tica que se proponen podr¨ªan haberse tramitado muchos meses antes y estar en vigor durante este mismo invierno.

El acuerdo PSOE-PP es una declaraci¨®n de intenciones que deber¨¢ ser ratificada mediante un decreto ley, primero, y una modificaci¨®n de la Ley El¨¦ctrica despu¨¦s. Establece en sustancia que no se podr¨¢ cortar la luz a una familia si la comunidad aut¨®noma ha declarado que corre un riesgo severo de exclusi¨®n social. Pretende evitar casos como el de la anciana muerta en Reus y otros casos de hogares en los que se padece de fr¨ªo y enfermedades asociadas porque carecen de recursos para pagar el recibo de la luz. Se trata de que no se produzca en Espa?a ni un solo corte de luz m¨¢s sin el visto bueno de los servicios sociales de municipios y autonom¨ªas.

Para que las nuevas normas de protecci¨®n energ¨¦tica sean eficaces tienen que cumplirse algunos requisitos b¨¢sicos. El primero es definir con claridad cu¨¢les son los criterios de vulnerabilidad social y pobreza efectiva que hay que aplicar para proteger a la gente del apag¨®n energ¨¦tico. Est¨¢ claro que el criterio principal debe ser el de la renta; deben descartarse otros como el de la potencia instalada, que han permitido hasta ahora manipulaciones y usos abusivos del bono social por parte de personas con rentas suficientes para pagar la tarifa el¨¦ctrica estandar. Como el coste de la nueva protecci¨®n energ¨¦tica se englobar¨¢ en el bono social que pagar¨¢n las comercializadoras el¨¦ctricas, es necesario que al mismo tiempo se redefinan las condiciones para acceder a dicha ayuda.

La protecci¨®n energ¨¦tica no funcionar¨¢ si no existe una coordinaci¨®n eficiente entre Ayuntamientos, autonom¨ªas y empresas. Es imprescindible que los municipios tengan una relaci¨®n actualizada de los hogares con riesgo de incurrir en pobreza energ¨¦tica, para que transmitan con rapidez la informaci¨®n a las comunidades aut¨®nomas; y, desde luego, las compa?¨ªas el¨¦ctricas tienen que aceptar la nueva protecci¨®n energ¨¦tica sin reticencias. En un pa¨ªs europeo no es aceptable que se ponga en peligro la salud de los ciudadanos con decisiones unilaterales sobre el suministro de un servicio esencial.

Este acuerdo es un paso decisivo para el bienestar de los ciudadanos. Importa darlo con la destreza t¨¦cnica, consenso pleno y la mayor presteza posible. Porque tambi¨¦n demostrar¨¢ si una pol¨ªtica de pactos es un camino viable durante la legislatura.