La anti pol¨ªtica en terreno f¨¦rtil
Estamos a tiempo de recomponer el camino para no abonar el terreno a quienes buscan profundizar las crisis para alimentarse de ellas
Las redes sociales amanecieron inundadas hace unos d¨ªas por una serie de v¨ªdeos producidos con calidad y un objetivo claro. Los mensajes de navidad y a?o nuevo que colapsaron las comunicaciones m¨®viles y nuestra propia capacidad de responder por la cantidad y frecuencia, fueron reemplazados por uno que se repet¨ªa estrat¨¦gicamente: Estado corrupto, 20 billones robados por pol¨ªticos, la salud en quiebra y no m¨¢s a los nuevos impuestos con los que el 2017 empez¨® en Colombia.
Ninguno hizo referencia a la disminuci¨®n hist¨®rica de la tasa de homicidios, la m¨¢s baja por primera vez en medio siglo. Al contrario, se incrementaron las cr¨ªticas al presidente Juan Manuel Santos que logr¨® sellar el proceso de paz con las FARC. El silencio de los fusiles del cual Colombia no ten¨ªa memoria no fue aplaudido y en cambio se insiste en castigar al mandatario incluso proponiendo la revocatoria de su gobierno.
Imposible no pensar qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de esa campa?a anti pol¨ªticos que se apropia de un tema de fondo como es la corrupci¨®n. La respuesta es simple: son los mismos pol¨ªticos que aspiran a ser elegidos en el 2018 en contra de otro sector pol¨ªtico que roba sistem¨¢ticamente de las entidades estatales amacizadas con el sector privado. En algunos casos las organizaciones ciudadanas participan pero para aparecer registradas en las im¨¢genes del mensaje con el que quieren llegar a sus audiencias o futuros votantes.
Aciertan en la escogencia del tema para posicionar una especie de movimiento anti pol¨ªtico que le abra espacio a nuevas figuras. S¨®lo en el ¨²ltimo a?o tuvimos que enfrentar dos esc¨¢ndalos. Primero, los sobrecostos irregulares reportados por la Contralor¨ªa en Reficar, una moderna refiner¨ªa construida en Cartagena por m¨¢s de 4 mil millones de d¨®lares, y el pago de sobornos de la empresa brasilera Odebrecht en el caso colombiano por valor de 11 millones de d¨®lares para garantizarse contratos de infraestructura. Sin hablar del robo de los alimentos a los ni?os desnutridos de la Guajira y de un rosario de casos que relaciona el expresidente Alvaro Uribe en uno de sus comunicados de comienzo de a?o.
No estoy diciendo que los v¨ªdeos sean producidos por el Centro Democr¨¢tico. A pesar de las coincidencias en los casos usados para ilustrar la corrupci¨®n, podr¨ªan ser realizados tambi¨¦n por un sector del Polo Democr¨¢tico. Incluso por los m¨¢s Verdes del espectro pol¨ªtico colombiano. O desde las mismas Voces de Paz con las que las FARC se inauguran como movimiento pol¨ªtico.
Lo cierto es que lo que est¨¢n buscando tiene riesgos enormes para la democracia, abriendo caminos al populismo que ya recorrieron con consecuencias irreparables pa¨ªses como Venezuela. O Brasil, donde los salvadores llegaron a convertir a esa naci¨®n en su bot¨ªn.
Estamos a tiempo de recomponer el camino para no abonar el terreno a quienes buscan profundizar las crisis para alimentarse de ellas. Y solo ser¨¢ posible si a cada esc¨¢ndalo se le pone fin pero tras las rejas. Ya en ese papel ha empezado a demostrar su capacidad el fiscal Nestor Humberto Mart¨ªnez pero hay que ir m¨¢s all¨¢ de destapar. Castigar. Le tocar¨¢ tambi¨¦n al nuevo procurador Fernando Carrillo llegar con independencia a hacer lo propio y honrar la expectativa sobre su periodo.
El gobierno actual no puede darse el lujo de mostrar un estado incapaz, preso de su propia reglamentaci¨®n para no ser eficiente como ocurri¨® con las demoras para poner a funcionar las zonas veredales para la concentraci¨®n de las FARC. Ah¨ª s¨ª deb¨ªan actuar con el conocido fast track pero no solo para aprobar leyes en el Congreso.
Las normativas alcanzadas no son ni m¨ªnimamente garant¨ªas de la implementaci¨®n de los acuerdos si en el terreno las cosas no funcionan en los tiempos establecidos.
Una ciudadan¨ªa que no parece hacer parte de la red iracunda e impune que castiga a los pol¨ªticos a los que imita en sus peores delitos, tiene una gran oportunidad para usar las herramientas de participaci¨®n ciudadana sobre todo en lo que tiene que ver con la vigilancia del quehacer de los mandatarios regionales y locales.
A prop¨®sito de las iniciativas de revocatoria de los alcaldes de Bogot¨¢, Bucaramanga, Neiva, Pereira y Cartagena, bien valdr¨ªa la pena establecer un mecanismo para que los opositores de los mandatarios a los que se pretende tumbar no perviertan una figura que deber¨ªa ser el ¡°coco¡± para los ineficientes, y no la plataforma de sus aspiraciones electorales.
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