Una buena noticia para los derechos humanos en El Salvador

?Hace apenas dos meses, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas y Controversias (CIADI) resolvi¨® un asunto de vital trascendencia para los salvadore?os y salvadore?as: la demanda de la empresa Pacifi Rim (hoy Oceana Gold) contra ese gobierno centroamericano no estaba justificada. En consecuencia, la empresa minera no tendr¨ªa derecho a extraer el oro de ese pa¨ªs.

Habida cuenta de que para hacerlo hubiese tenido que utilizar unos recursos h¨ªdricos que ya de por s¨ª son muy escasos all¨ª, la decisi¨®n arbitral tiene un impacto importante en el derecho al agua, entre otros.

Con independencia del tema en t¨¦rminos estrictamente jur¨ªdicos, la decisi¨®n supone un ahorro de casi una octava parte del presupuesto anual del pa¨ªs, que de haber prosperado la demanda hubiese tenido que abonar el gobierno salvadore?o a la multinacional. Pero no es ¨¦ste el principal motivo de celebraci¨®n, ni el hecho de que escaseen laudos a favor de gobiernos de pa¨ªses tan poco relevantes en la agenda internacional. Lo verdaderamente trascendente de esta noticia es el hecho de que la soberan¨ªa del pa¨ªs sobre sus recursos naturales, entre ellos el agua, se reconoce siquiera impl¨ªcitamente.

Este asunto no es algo aislado en el panorama internacional. En las controversias relativas a inversiones internacionales, las empresas multinacionales pueden demandar a gobiernos: cuando Uruguay y Australia introdujeron advertencias obligatorias sobre los riesgos para la salud en las cajas de cigarrillos, Philip Morris present¨® una demanda contra los dos pa¨ªses, y en ambos casos perdi¨®.

Sin embargo, existe una mayor¨ªa aplastante de asuntos que ganan las empresas ante el CIADI. As¨ª por ejemplo, Abengoa logr¨® que el CIADI dictara un laudo a su favor tras la paralizaci¨®n del funcionamiento de una planta de gesti¨®n de residuos ubicada en el parque natural Los M¨¢rmoles, en el estado de Hidalgo (M¨¦xico), en una zona que fue declarada ¨¢rea protegida por la UNESCO. En todo el mundo, los tribunales arbitrales han compensado el supuesto impacto que han tenido sobre sus ganancias las leyes adoptadas en los pa¨ªses para proteger el medio ambiente, la salud p¨²blica o el bienestar social. Es llamativo el hecho de que el 26% de los asuntos que se resuelven por los ¨¢rbitros van contra gobiernos africanos, el 25% contra gobiernos de Europa y Asia Central; y el 24% contra gobiernos de Am¨¦rica del Sur.

Los derechos humanos se ven con mucha frecuencia afectados por normas como las del Comercio Internacional, entre las que se encuentran los tratados multilaterales y bilaterales de inversi¨®n (TBI). Y en ellos se amparaba precisamente la demanda de la empresa minera salvadore?a. Estas normas contienen cl¨¢usulas que muy frecuentemente colisionan con las normas internacionales de protecci¨®n de los derechos humanos, entre ellos los derechos al agua y al saneamiento, as¨ª como otros previstos en el Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales. El gran problema que existe en ¨¦ste y otros asuntos radica en que los conflictos que surgen en la pr¨¢ctica entre empresas afectadas por TBI y estados se resuelven ante tribunales arbitrales, que no incorporan en sus decisiones las categor¨ªas y principios de los derechos humanos.

Confiamos que la nueva Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible sea aprovechada por las empresas y todos los actores de la Cooperaci¨®n Internacional para tomar como punto de partida la reducci¨®n de los impactos negativos en los derechos humanos que se desprenden del n¨²cleo principal de su actividad.

?

Celia Fern¨¢ndez Aller, profesora en la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid

Secretaria de la Junta Directiva de ONGAWA

Pertenece al ITD UPM, Centro de Innovaci¨®n en tecnolog¨ªa para el desarrollo humano de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid.