Puertos en conflicto

Las conversaciones entre el Gobierno y los representantes de los estibadores terminaron ayer sin acuerdo. Si el Ejecutivo no altera sus planes actuales, el decreto ley que liberaliza el mercado laboral de la estiba ser¨¢ aprobado por el Consejo de Ministros del viernes; y los afectados cumplir¨¢n su amenaza de declararse en huelga los pr¨®ximos 20, 22 y 24 de febrero. El da?o de una huelga declarada ¡ªlas empresas se quejan de que ya hay una huelga encubierta, circunstancia que los trabajadores niegan¡ª puede ser muy grave para la econom¨ªa espa?ola (el 56% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se transbordan en los puertos) y, adem¨¢s, se presume un grado elevado de conflictividad en las calles.

El origen del conflicto entre el Gobierno y los estibadores est¨¢ en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que insta a Espa?a a liberalizar el mercado de trabajo de la estiba en los puertos espa?oles, fechada en diciembre de 2014. La sentencia, que impon¨ªa adem¨¢s una multa de 21 millones, entend¨ªa que la ley espa?ola era ilegal, puesto que no permit¨ªa la contrataci¨®n de estibadores en un mercado libre. Amenazaba con nuevas multas de hasta 134.000 euros diarios. En la pr¨¢ctica este trabajo est¨¢ r¨ªgidamente controlado en Espa?a por las sociedades an¨®nimas de gesti¨®n de estibadores portuarios, que dominan el mercado en r¨¦gimen de oligopolio.

El Gobierno espa?ol tiene que cumplir con la sentencia europea. Esta obligaci¨®n ni puede ni debe discutirse. Tambi¨¦n deber¨ªa defenderse que el mercado laboral de la estiba, fuertemente protegido y con salarios medios que, seg¨²n algunos c¨¢lculos, rondan los 60.000 euros anuales, debe quedar en un r¨¦gimen abierto en el plazo que se negocie. Bajar¨¢n as¨ª los costes de carga y descarga en los puertos, m¨¢s altos en Espa?a que en Europa.

Los trabajadores entienden que lo que se pretende es precarizar el empleo e insisten en mantener un registro de estibadores, el obst¨¢culo principal para que se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo. Pero la liberalizaci¨®n no solo abrir¨¢ la posibilidad de contratar a trabajadores que en la actualidad no pueden acceder a esos empleos, a pesar de tener la titulaci¨®n requerida, sino que reducir¨¢ los costes portuarios, en beneficio de empresas y consumidores.

La liberalizaci¨®n que pretende Fomento a instancias de la UE debe pues aplicarse, pero de forma gradual y negociada para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Los mercados protegidos u oligop¨®licos, de los que en Espa?a hay muchos y notables ejemplos, no pueden mantenerse indefinidamente, pero para disolverlos se necesita tiempo y una negociaci¨®n pr¨¢ctica sobre periodos transitorios. El Gobierno conoc¨ªa el problema desde diciembre de 2014 y no ha sido capaz de resolverlo; ahora pretende arreglarlo mediante acuerdos forzados de ¨²ltima hora en el Congreso, en los que se quiere implicar a otros partidos. Ese no es el camino. El Gobierno tiene que recuperar la negociaci¨®n en busca de un acuerdo satisfactorio. Que se resume en dos puntos capitales: cumplir la sentencia europea y pactar un periodo de transici¨®n que evite el cierre de los puertos.