Un ministro de Justicia no deber¨ªa decir eso

Apenas hab¨ªa transcurrido un d¨ªa desde la sentencia del caso N¨®os cuando el ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, elogi¨® en p¨²blico el criterio ¡°absolutamente profesional¡± y la independencia del tribunal de Palma que juzg¨® y fall¨® sobre la infanta Cristina, su marido y dem¨¢s acusados. ?Qui¨¦n le hab¨ªa pedido opinar sobre la calidad de las magistradas? ?Habr¨ªa dicho otra cosa si le hubiera parecido mal lo actuado y sentenciado? No contento con eso, tambi¨¦n se ha apresurado a advertir sobre la ¡°excepcionalidad¡± de la prisi¨®n preventiva y su confianza en que la Audiencia de Palma resolver¨¢ ¡°con arreglo a la ley¡± ¡ª?es que puede hacer otra cosa?¡ª en v¨ªsperas de que el tribunal vea hoy si toma o deja de tomar medidas cautelares contra I?aki Urdangarin y otros acusados.

Pero esto no es lo peor. D¨ªas antes se explay¨® sobre uno de los casos judiciales que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio S¨¢nchez. En concreto, para determinar que era ¡°an¨®malo¡± que las fiscales del caso P¨²nica se negaran a firmar el escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el que la superioridad se opon¨ªa a investigar al presidente de Murcia por este asunto. Demasiado suelto a la hora de comentar lo que le parece sobre los tribunales o el funcionamiento del ministerio p¨²blico. Queda claro su concepto de que la fiscal¨ªa es simplemente una organizaci¨®n jer¨¢rquica, cuyos miembros han de limitarse a actuar como instrumentos de los jefes. Un criterio revelador en pleno proceso de cambios al frente de determinadas fiscal¨ªas, emprendido por el fiscal general, Jos¨¦ Manuel Maza, recientemente nombrado por el Gobierno.

Un ministro de Justicia que interviene sobre los engranajes del ministerio p¨²blico s¨ª es un problema, porque indica a las claras el grado de dependencia en que el Gobierno desea ver a la fiscal¨ªa. Y lo es a¨²n m¨¢s cuando el mismo ministro se propone legislar para retirar a los jueces de instrucci¨®n la competencia de investigar los delitos: quiere entregar a la fiscal¨ªa el poder de decidir lo que se investiga y lo que no, y poner a sus ¨®rdenes a la Polic¨ªa Judicial, operaciones todas ellas de indudable calado. As¨ª funcionan otros pa¨ªses democr¨¢ticos, pero en Espa?a la cultura del respeto y de la independencia est¨¢ lejos de haberse implantado. Puede acentuar la desconfianza de los ciudadanos en la selectividad del Gobierno a la hora de escoger qu¨¦ delitos se persiguen y cu¨¢les no.

Un ministro de Justicia no deber¨ªa decir estas cosas. Por supuesto dispone de libertad de expresi¨®n, pero no es un comentarista ni un simple observador de la vida p¨²blica cuya facundia le lleva a decir cuanto le parece sobre los jueces, les felicita o les advierte, sino uno de los cargos del Ejecutivo que deber¨ªa tener m¨¢s en cuenta la independencia entre los poderes del Estado consagrada por las leyes. La sociedad, ya suficientemente confusa sobre la justicia, sin duda valora la imparcialidad y conviene demostr¨¢rselo.