Ley y pol¨ªtica en Catalu?a

Que la pretensi¨®n de celebrar un refer¨¦ndum sobre la independencia en Catalu?a no tiene cabida alguna en nuestra Constituci¨®n es algo que ya hemos defendido apelando a razones no solo de car¨¢cter jur¨ªdico, sino tambi¨¦n democr¨¢tico (Un refer¨¦ndum antidemocr¨¢tico, EL PA?S, 07.04.2016): Solo el pueblo espa?ol, ¨²nico soberano, puede decidir sobre la unidad del Estado, que es el fundamento de la propia Constituci¨®n (art¨ªculos 1.2 y 2 de la Constituci¨®n). No es posible que una parte decida lo que corresponde decidir al todo. La integridad territorial de Espa?a afecta al n¨²cleo duro de la soberan¨ªa, de ah¨ª que ¨²nicamente el soberano, es decir, el pueblo espa?ol, pueda decidir sobre la misma. Ni siquiera me parece posible que, a trav¨¦s de una reforma de la propia Constituci¨®n, se incluya en el articulado de la misma un cl¨¢usula que prevea la posibilidad de que una parte del pueblo espa?ol pueda decidir, v¨ªa refer¨¦ndum, sobre la unidad del Estado, ya que algo as¨ª supondr¨ªa, en el fondo, un "suicidio del soberano", en la medida en que dejar¨ªa abierta la puerta para el nacimiento de otro u otros "soberanos", algo que -por decirlo suavemente- constituye una aberratio iuris, una aberraci¨®n jur¨ªdica que descompone los cimientos jur¨ªdico-pol¨ªticos sobre los que se sostiene la arquitectura de nuestro Estado democr¨¢tico de Derecho. El llamado ¡°derecho a decidir¡± es un mero ¡°engendro jur¨ªdico¡± carente de fundamento constitucional.

Sobre el grave d¨¦ficit democr¨¢tico de la pretensi¨®n de celebrar el susodicho refer¨¦ndum secesionista tampoco merece la pena insistir m¨¢s. Si acaso tan solo recordar el argumento nuclear: si hay una sociedad (la catalana, en este caso) profundamente dividida sobre una cuesti¨®n tan central para la pac¨ªfica convivencia de todas las personas que forman parte de ella como es la relativa a su permanencia dentro del Estado espa?ol, la peor forma de resolver ese profundo conflicto es someter a tales personas a la toma de una decisi¨®n que solo puede acabar agudizando a¨²n m¨¢s esa divisi¨®n, en la medida en que el resultado de tal refer¨¦ndum actuar¨ªa como un hachazo que partir¨ªa en dos mitades a esa sociedad. Cuando existe un problema complejo, lo democr¨¢tico es buscar la mejor integraci¨®n de las partes o posiciones en disputa, a trav¨¦s del di¨¢logo, la negociaci¨®n, la b¨²squeda del acuerdo; lo otro, la reducci¨®n de lo complejo a un simple "s¨ª" o "no", no solo no resuelve nada, sino que, por el contrario, encona el distanciamiento. Para garantizar la convivencia arm¨®nica en una sociedad compleja los que ganan no pueden ganarlo todo, de igual modo que los que pierden no pueden perderlo todo. Y esto es justamente lo que traer¨ªa consigo un refer¨¦ndum, que, por tal motivo, antes que manifestaci¨®n del principio democr¨¢tico constituir¨ªa, en realidad, un atentado contra este.

Resulta tambi¨¦n sorprendente la contraposici¨®n que algunos pretenden establecer entre democracia y derecho, para defender que este (con la Constituci¨®n a la cabeza) no puede impedir el libre ejercicio de aquella (¡°derecho a decidir¡± o refer¨¦ndum). Sorprende porque se ignora la m¨¢xima de que en un Estado democr¨¢tico de derecho, como lo es el nuestro, va de suyo que el derecho es democr¨¢tico, y que la pretensi¨®n de ejercer una acci¨®n al margen del derecho apelando a argumentos presuntamente democr¨¢ticos (¡°derecho a decidir¡±), en realidad, no es democr¨¢tica, sino todo lo contrario.

Pese a ello, se ha de reconocer que constatar, una vez m¨¢s, la inconstitucionalidad de ese pretendido refer¨¦ndum, as¨ª como su car¨¢cter radicalmente antidemocr¨¢tico, no basta. Por m¨¢s importante que sea, que lo es, defender el respeto a la Constituci¨®n, y, en general, al Estado de Derecho, en la medida en que con ello lo que estamos defendiendo, en realidad, es la propia vigencia de la Democracia, no es, sin embargo, suficiente. Porque en un Estado democr¨¢tico de Derecho, como lo es el espa?ol, dentro del m¨¢s escrupuloso respeto a la ley cabe un amplio campo para el juego de la Pol¨ªtica, con may¨²sculas.

Y es aqu¨ª, precisamente, donde hay que mirar de frente a los Gobiernos de Espa?a y de Catalu?a, para exigirles, al primero, que deje de limitarse a buscar en la ley lo que solo la Pol¨ªtica puede resolver (dentro del respeto a la ley, por supuesto); y al segundo, que abandone la peligrosa senda que ha emprendido, de desconocimiento de la legalidad vigente y de sometimiento a una tensi¨®n irresponsablemente polarizadora de la sociedad catalana.

Hace falta un cambio de rumbo pol¨ªtico. Todav¨ªa no es tarde, aunque cada d¨ªa que pasa, como estamos comprobando, resulta m¨¢s complicado. Ese cambio precisa de una propuesta pol¨ªtica de gran alcance que al ponerse sobre la mesa atraiga la atenci¨®n social y pol¨ªtica. Y es al Gobierno de Espa?a al que le corresponde hacerla. Desde que comenz¨® a agravarse la llamada "cuesti¨®n catalana", hace ya un par de lustros largos, el Gobierno del Estado se ha limitado pr¨¢cticamente a ofrecer respuestas reactivas a las iniciativas que se tomaban desde el Gobierno de la Generalitat. En la mayor parte de los casos esas respuestas estaban justificadas, pues como no se cansa de repetir el Presidente del Gobierno, no se puede permitir ninguna infracci¨®n del orden constitucional. Pero un Gobierno, un buen Gobierno, debe de ejercer liderazgo pol¨ªtico, sobre todo respecto de aquellas cuestiones que resultan cruciales para el futuro del Estado y de la sociedad. Y eso es lo que se echa en falta: una propuesta pol¨ªtica de amplio espectro que, entre otras cosas, sirva, en parte, para reorientar un debate pol¨ªtico y social que hoy est¨¢ muy mal encauzado, es m¨¢s, que -haciendo uso de la manida met¨¢fora- amenaza con provocar un choque de trenes de consecuencias impredecibles

Tal propuesta, tal y como se viene demandando desde hace tiempo en distintos foros, solo puede pasar por poner encima de la mesa la reforma constitucional, dado su gran significado pol¨ªtico. Una reforma que, por un lado, a partir de las contrastadas ense?anzas del federalismo comparado, ofrezca una adecuada respuesta a las deficiencias o insuficiencias que existen en materia competencial, financiera o de participaci¨®n y colaboraci¨®n intergubernamental, y que a todos nos interesa resolver, a fin de conseguir mejorar la organizaci¨®n y funcionamiento del conjunto del Estado. Y, por otra parte, que sirva tambi¨¦n para favorecer una mayor integraci¨®n en este de todos los territorios que lo constituyen, lo que pasar¨¢, necesariamente, por un mejor reconocimiento simb¨®lico de ciertas identidades culturales o nacionales, expresivas de la pluralidad o diversidad intr¨ªnseca a nuestro Estado, sin que, como es natural, ello implique poner en riesgo alguno el principio b¨¢sico de igualdad sustancial de todos los espa?oles, en tanto que ciudadanos de un Estado social y democr¨¢tico de Derecho que, como muy bien dice el apartado primero del primer art¨ªculo de nuestra Constituci¨®n, "propugna como valores superiores de su ordenamiento jur¨ªdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo pol¨ªtico".

Un buen Gobierno es aquel que, por un lado, gestiona con criterios de justicia y eficacia la cosa p¨²blica, y, por el otro, ejerce liderazgo pol¨ªtico para afrontar con garant¨ªas de ¨¦xito las grandes cuestiones que afectan a nuestro presente y condicionan nuestro futuro como pa¨ªs. Fallar en lo primero o renunciar a lo segundo irremediablemente conduce al fracaso. Nuestro deber como ciudadanos es exigir al Gobierno que asuma esa responsabilidad pol¨ªtica, liderando la reversi¨®n de un proceso que cada vez va peor encaminado. ?A qu¨¦ espera, Sr. Rajoy?

Antonio Arroyo Gil es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. @AArroyoGil