Despejar la confusi¨®n sobre la muerte digna

La palabra eutanasia sigue dando miedo. Obliga a pensar en un concepto, el de la muerte, que todos preferimos orillar. Legalmente esa pr¨¢ctica est¨¢ penalizada en Espa?a y as¨ª continuar¨¢, al haber fracasado el intento de Unidos Podemos de legalizarla a trav¨¦s de una propuesta discutida el martes por el pleno del Congreso de los Diputados.

Y sin embargo, es uno de esos temas soterrados en la sociedad al que la pol¨ªtica no le queda otro remedio que entrar. Se daba por hecho que el PP iba a votar en contra de la admisi¨®n a tr¨¢mite, pero no tanto que el PSOE se abstuviera. Este punto evidencia otra querella de las muchas que enfrentan a partidos de izquierda. Hay que dialogar y discutir muy seriamente sobre un asunto en el que de poco vale colgarse la medalla del yo lo dije y el PSOE no me apoya, como se lamenta Unidos Podemos.

El apoyo social a medidas sobre la muerte digna es mucho m¨¢s elevado en Espa?a de lo que parece. A la pregunta de si un enfermo incurable debe tener derecho a que los m¨¦dicos le proporcionen alg¨²n producto para poner fin a su vida sin dolor, el 84% de los espa?oles cree que s¨ª, seg¨²n explica Jos¨¦ Pablo Ferr¨¢ndiz sobre la base de una encuesta de Metroscopia de febrero pasado. El apoyo es mucho m¨¢s amplio entre los j¨®venes (90% entre los menores de 35 a?os) pero claramente mayoritario entre los mayores (74% entre los de 65 y m¨¢s a?os), incluso entre los que se declaran votantes del PP. Otro dato llamativo proviene de los cat¨®licos practicantes: el 56% se muestra a favor.

Ocho Parlamentos auton¨®micos han adoptado textos de derecho a la muerte digna. El de Madrid lo ha aprobado por unanimidad de sus partidos, incluido el PP. En la memoria quedan los tiempos en que Manuel Lamela, consejero de Sanidad en los primeros mandatos de Esperanza Aguirre, la emprendi¨® contra el doctor Luis Montes, coordinador de urgencias del hospital Severo Ochoa, por denuncias an¨®nimas en las que se acusaba al m¨¦dico de sedaciones a enfermos terminales en dosis incorrectas. Los tribunales sobreseyeron el asunto y una encuesta de 2008 ya descubri¨® que el 70% estaba de acuerdo con que un enfermo incurable tuviera derecho a alg¨²n producto para poner fin a su vida sin dolor. El apoyo a esa medida no ha dejado de crecer desde entonces.

Es importante superar la confusi¨®n que se aprecia entre el suicidio asistido, la eutanasia y la sedaci¨®n paliativa. La legislaci¨®n deber¨ªa ser muy precisa para evitar las reticencias de algunos m¨¦dicos, preocupados por la seguridad jur¨ªdica o por sus convicciones, lo mismo que deben cerrarse las rendijas a posibles abusos de las familias o los entornos amistosos de los pacientes cuando estos no se encuentran en condiciones de decidir. Lo inadmisible es que las pol¨¦micas politiqueras lleven a dejar pasar el tiempo. Nunca se deben abandonar problemas de la ciudadan¨ªa tan ¨ªntimos como este en una v¨ªa muerta y a merced de peleas pol¨ªticas.