Catalu?a, mejor dentro que fuera

Como cada vez que se inicia el debate anual sobre los Presupuestos Generales del Estado, han vuelto a emerger los agravios territoriales, exhibidos como cicatrices. Este a?o la discusi¨®n se ha cruzado con una operaci¨®n de persuasi¨®n del Gobierno hacia Catalu?a que incluye compromisos de inversiones en infraestructuras por 4.200 millones a lo largo de la legislatura y que podr¨ªan ampliarse con otras partidas. Ese anuncio ha sido acogido con escepticismo por los soberanistas catalanes y con abierta desconfianza por los gobiernos de las otras comunidades, que reclaman mayor equidad en el reparto. Como viene siendo habitual, no hay acuerdo sobre las cifras. El Governdice que en los Presupuestos para este a?o hay un nuevo retroceso en las inversiones y el Gobierno central ofrece datos de que Catalu?a es la comunidad con mayor inversi¨®n estatal en obra p¨²blica desde 2010.

El escepticismo soberanista tiene una dimensi¨®n econ¨®mica y otra pol¨ªtica, en relaci¨®n esta ¨²ltima con la disposici¨®n adicional tercera del Estatut: ¡°La inversi¨®n estatal en infraestructuras se equiparar¨¢ a la participaci¨®n relativa del PIB catal¨¢n en el PIB del Estado para un periodo de siete a?os¡±. Es decir, que las inversiones en infraestructuras ser¨¢n una funci¨®n de la riqueza de Catalu?a en relaci¨®n al conjunto, condicionando as¨ª las Cuentas del Estado. La denuncia de los incumplimientos se presenta as¨ª con la carga pol¨ªtica adicional de que no ser¨ªan incumplimientos de promesas electorales sino de un mandato expreso del Estatut.

Tal mandato no existe hoy. Es uno de los 27 preceptos del Estatut cuya constitucionalidad quedaba supeditada en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 a ser interpretado como el propio tribunal establec¨ªa: ¡°en el sentido de que no vincula al Estado en la definici¨®n de su pol¨ªtica de inversiones ni menoscaba la plena plibertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuant¨ªa de dichas inversiones¡±. Pero con esa interpretaci¨®n, la equiparaci¨®n podr¨¢ considerarse una recomendaci¨®n, no una obligaci¨®n legal.

La superaci¨®n de la crisis catalana no es solo una cuesti¨®n de dinero, pero lo cierto es que la exigencia de un pacto fiscal que limitara la aportaci¨®n de la comunidad a la solidaridad interterritorial fue decisiva para el giro independentista de Artur Mas en 2012. Por ello, no es absurdo que la pol¨ªtica de seducci¨®n de Rajoy incluya iniciativas relacionadas con inversiones estatales que acrediten que a esa comunidad le ir¨ªa mejor permaneciendo en Espa?a que saliendose de ella (y de la UE); que su prosperidad y dinamismo econ¨®mico son inseparables de su condici¨®n de parte de Espa?a, y que no se sabe si separada de ella podr¨ªa conservar su fuerza.

Espa?a viene siendo para Catalu?a un amplio mercado (de 40 millones de consumidores en la actualidad), lo que favorece el crecimiento de la econom¨ªa y el empleo en el Principado. Esto puede objetivarse con datos sobre los saldos comerciales entre Catalu?a y el resto de las comunidades. Desde que hay estad¨ªsticas sobre esta cuesti¨®n, Catalu?a ha sido, a?o tras a?o, con crisis o sin ella, el territorio con un mayor saldo favorable entre ventas y compras al resto de Espa?a. El saldo lleg¨® a ser de +22.000 millones en 2007 y se habia reducido a la mitad, 11.700 millones, en 2013, ¨²ltima fecha considerada en el estudio del Centro de Predicci¨®n Econ¨®mica: WWW.C-intereg.es.