Fiscal¨ªa en entredicho
El fiscal general puede amparar a los fiscales frente a las maniobras de Moix o mantener las dudas sobre la instituci¨®n
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El Consejo Fiscal se re¨²ne bajo la sombra de una sospecha de connivencia con los dirigentes del PP, en un choque frontal con el que debe ser el objetivo fundamental de los fiscales, que es la persecuci¨®n de los delitos.
Los esc¨¢ndalos y conflictos en la Fiscal¨ªa no solo no han cesado desde el nombramiento del nuevo fiscal general, Jos¨¦ Manuel Maza, y del nuevo jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Manuel Moix, sino que siguen a?adiendo cap¨ªtulos negros a una instituci¨®n que debe ofrecer m¨¢xima credibilidad y operatividad en lugar de dudas y sombras. Si el primero fue el intento de frenar el traslado a la justicia de Murcia del asunto relativo a la Operaci¨®n P¨²nica que afecta al expresidente Pedro Antonio S¨¢nchez en contra del criterio de las propias fiscales, la sospecha ha escalado despu¨¦s varios grados con el esc¨¢ndalo que ha rodeado la investigaci¨®n sobre el expresidente Ignacio Gonz¨¢lez. Las escuchas en las que ¨¦ste celebraba el nombramiento de Moix y, sobre todo, su intento de frenar algunas diligencias de sus fiscales han socavado severamente su credibilidad y la de la instituci¨®n.
Lejos de aplacar las dudas, Moix suma y sigue y ha apartado a los fiscales que investigan el caso 3% de corrupci¨®n en Catalu?a, dando adem¨¢s curso a la denuncia de uno de los imputados contra los fiscales por supuesta coacci¨®n. Ellos han pedido amparo al Consejo Fiscal, arropados por el apoyo de los fiscales anticorrupci¨®n, que han firmado a su favor en abierto conflicto con Moix. El peso de la mayor¨ªa conservadora en el Consejo Fiscal en unas instituciones tan politizadas no permite augurar un movimiento claro que despeje las dudas. Hoy, el fiscal general y el Consejo Fiscal pueden amparar el trabajo de sus fiscales en contra de la corrupci¨®n o, por el contrario, dar cobertura a unas pr¨¢cticas cuestionables que alimentan las dudas sobre el uso de las instituciones como cortafuegos frente a la justicia. La credibilidad de la Fiscal¨ªa, y por tanto del Estado, est¨¢ en juego.
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