Cohesi¨®n y equilibrio territorial en Espa?a
Andaluc¨ªa est¨¢ sufriendo en los ¨²ltimos a?os una p¨¦rdida de recursos de inversi¨®n que merman su potencial de crecimiento
La acumulaci¨®n de capital f¨ªsico es, junto con el capital humano y el progreso tecnol¨®gico, una de las variables que determinan el crecimiento econ¨®mico y los diferenciales de renta per c¨¢pita entre las econom¨ªas. El sector p¨²blico, en sus diferentes niveles de gobierno, tiene un papel muy relevante en dicha acumulaci¨®n de capital.
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La Administraci¨®n del Estado cuenta con dos instrumentos, recogidos anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para corregir los desequilibrios regionales de riqueza por habitante en Espa?a: la inversi¨®n p¨²blica que realiza el propio Estado y el Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial (FCI), que el Estado transfiere a las comunidades aut¨®nomas que ellas realicen la inversi¨®n.
La inversi¨®n consignada para Andaluc¨ªa en el proyecto de Presupuestos de 2017, es de 1.157 millones de euros, un 36,6% inferior a la consignada en los PGE de 2016 y la m¨¢s baja desde 2001. Esta cantidad tan solo representa el 0,7% PIB de Andaluc¨ªa, lo que supone un m¨ªnimo hist¨®rico.
Adem¨¢s, la inversi¨®n media anual realizada en la pasada legislatura y lo que llevamos de esta (1.689 millones de euros anuales desde 2012 a 2017), comparada con la realizada en las dos legislaturas anteriores (3.670 millones de euros anuales desde 2005 a 2011), se ha reducido en m¨¢s de un 50% (-54%).
Esta p¨¦rdida de recursos de inversi¨®n que est¨¢ sufriendo Andaluc¨ªa en los ¨²ltimos a?os, tiene especial significaci¨®n si consideramos que la Ley Org¨¢nica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonom¨ªa para Andaluc¨ªa, establece en el segundo punto de su disposici¨®n adicional tercera (DAT) que ¡°la inversi¨®n destinada a Andaluc¨ªa ser¨¢ equivalente al peso de la poblaci¨®n andaluza sobre el conjunto del Estado¡±. En el proyecto de PGE de 2017, la inversi¨®n destinada a Andaluc¨ªa representa el 13,5% del total regionalizable, 4,6 puntos por debajo de su peso poblacional (18%). Un incumplimiento que se viene produciendo de manera continuada desde 2012.
Hoy en d¨ªa el Fondo de Compensaci¨®n Interterritoria, recogido expresamente en la Constituci¨®n Espa?ola, est¨¢ completamente desnaturalizado
Adem¨¢s, en el a?o 2014 se cumpli¨® el periodo de siete a?os, aprobado por la Comisi¨®n Bilateral Junta de Andaluc¨ªa-Estado, con lo que la Junta de Andaluc¨ªa reclama al Estado la aplicaci¨®n de la DAT correspondiente al per¨ªodo 2008-2014, que se eleva a 2.298 millones de euros, cifra que supone una p¨¦rdida de inversi¨®n en la econom¨ªa andaluza equivalente al 1,6% del PIB. De estos recursos, 1.504 millones corresponden a las desviaciones definitivas en la ejecuci¨®n de las inversiones en los ejercicios 2008 y 2009 y que han sido certificadas por la propia Intervenci¨®n General del Estado (IGAE),? y el resto a las desviaciones respecto al peso de la poblaci¨®n.
En la misma l¨ªnea de p¨¦rdida de recursos de inversi¨®n que hace el Estado en Andaluc¨ªa, viene ocurriendo con el FCI. El importe consignado en los PGE de 2017 se eleva a 432,4 millones euros, cifra id¨¦ntica a la consignada en los PGE de 2015 y 2016 para el conjunto de comunidades y ciudades aut¨®nomas beneficiarias. Esta cantidad supone, entre los m¨¢s de 27 millones de personas de las comunidades beneficiarias, 16 euros per c¨¢pita, y solo representa el 0,04% del PIB de Espa?a, una cantidad rid¨ªcula si se tiene en cuenta que la brecha existente entre las regiones espa?olas m¨¢s y menos desarrolladas es de m¨¢s de 10.000 euros per c¨¢pita. Y rid¨ªcula tambi¨¦n si se compara con otras cifras como, por ejemplo, los m¨¢s de 50.000 millones de euros en que se ha cifrado el coste del rescate bancario por el Banco de Espa?a, el Tribunal de Cuentas y la Comisi¨®n Europea. Es m¨¢s, en los 35 a?os de etapa auton¨®mica de Espa?a, se han destinado al FCI un total de 33.377 millones de euros, casi 20.000 menos que al rescate bancario, cuando el problema de las disparidades regionales en Espa?a a¨²n no est¨¢ resuelto.
Hoy en d¨ªa el FCI, recogido expresamente en la Constituci¨®n Espa?ola, es un fondo completamente desnaturalizado, que no est¨¢ cumpliendo la funci¨®n para la que fue dise?ado. En los inicios de este fondo, en el a?o 1982, fondo representaba el 0,84% del PIB de Espa?a. Este porcentaje trasladado al a?o 2017 supondr¨ªa que el FCI tendr¨ªa una dotaci¨®n de 9.719 millones de euros, y a Andaluc¨ªa le deber¨ªan corresponder, atendiendo a la distribuci¨®n del fondo entre las distintas comunidades aut¨®nomas en el a?o 2017, 3.604 millones de euros.
En cambio, los PGE de 2017 destinan para Andaluc¨ªa una inversi¨®n del FCI de 160,3 millones, similar a la de 2016, lo que la sit¨²a tambi¨¦n en niveles m¨ªnimos hist¨®ricos. De esta forma, los fondos destinados a corregir los desequilibrios econ¨®micos interterritoriales en Espa?a se han reducido a m¨¢s de la mitad (-56,7% en Espa?a y -55,9% en Andaluc¨ªa) en la pasada legislatura (2012-2016), frente a la legislatura anterior (2008-2011), y se inicia la presente legislatura con la misma cifra que en 2016.
La igualdad de oportunidades efectiva, la cohesi¨®n territorial, solo es posible desde la convergencia econ¨®mica interregional verdadera
Esta insuficiencia no es acorde, adem¨¢s, con las circunstancias econ¨®micas actuales, en las que se prev¨¦ un crecimiento de la econom¨ªa espa?ola superior al 2,5%, que deber¨ªa permitir que la cantidad total de este fondo se vea incrementada. Y tampoco es acorde con lo que viene ocurriendo con los desequilibrios regionales de renta en Espa?a, que desde el a?o 2012 han aumentado un 8,7%.
En definitiva, Andaluc¨ªa viene sufriendo en los ¨²ltimos a?os recortes en las dotaciones de inversi¨®n y en las cuant¨ªas del FCI, que est¨¢n mermando su potencial de crecimiento, y su convergencia con el conjunto de Espa?a.
Las medidas y estrategias dirigidas a reducir los desequilibrios territoriales en Espa?a deben ocupar un lugar central de la pol¨ªtica econ¨®mica de nuestro pa¨ªs. La igualdad de oportunidades efectiva, la cohesi¨®n territorial, solo es posible desde la convergencia econ¨®mica interregional verdadera. No es solidaridad; es justicia, y es una decisi¨®n pol¨ªtica, que se evidencia en las inversiones p¨²blicas previstas cada a?o en los PGE.
Sumen a ello que las comunidades aut¨®nomas deben estar correctamente financiadas para que puedan sostener los dos factores de competitividad m¨¢s relevantes que les competen: la salud y la educaci¨®n.
Antonio Ram¨ªrez de Arellano es consejero de Econom¨ªa y Conocimiento de la Junta de Andaluc¨ªa.
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