Un impuesto ca¨®tico

No es f¨¢cil explicar por qu¨¦ el Gobierno y los Ayuntamientos han mantenido el impuesto conocido como plusval¨ªa municipal con una regulaci¨®n tan incongruente. Se da la circunstancia, gravemente perturbadora para la neutralidad fiscal, de que muchos propietarios tuvieron que pagar ese impuesto a pesar de que vendieron su propiedad por debajo del precio a la que la compraron; porque el valor del suelo sobre el que est¨¢ la vivienda puede seguir aumentando, al menos en los baremos de los Ayuntamientos, aunque el precio de mercado del piso en cuesti¨®n se desplome. El Tribunal Constitucional acaba de dictaminar lo evidente: que si un vendedor no ha obtenido plusval¨ªa al vender su vivienda no tiene que pagar el impuesto.

Esta doctrina, de sentido com¨²n, tendr¨¢ que aplicarse en todos los Ayuntamientos donde se cobre el tributo, y ha pillado en fuera de juego a Hacienda, que ya sab¨ªa que esto iba a suceder porque es una confirmaci¨®n de lo que ya decidi¨® en su d¨ªa la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa.

Los efectos de la sentencia, por el momento en sordina, son m¨¢s complejos de lo que parece. Los ingresos de los Ayuntamientos quedar¨¢n reducidos y, puesto que se trata de un impuesto cedido por el Estado, es probable que los municipios reclamen una compensaci¨®n al Gobierno. Suprimir el impuesto en nombre de su p¨¦sima motivaci¨®n y sustituirlo por un aumento del IBI perjudicar¨ªa a los ciudadanos corrientes, que venden en pocas ocasiones una propiedad, pero beneficiar¨ªa a las inmobiliarias. Por tanto, hay que pensar con detenimiento cu¨¢l es la soluci¨®n adecuada al caso planteado por la sentencia.

La sentencia no aclara un aspecto espinoso que el Gobierno deber¨ªa regular con exactitud: ?qu¨¦ pasa cuando la venta no es en p¨¦rdida, sino parigual con la compra o cuando la diferencia entre ambos precios arroja un beneficio para el vendedor inferior a lo que ha de pagar por el impuesto?