Contratos corruptos

El an¨¢lisis de los episodios de corrupci¨®n en Espa?a suele prestar poca atenci¨®n al papel de las empresas que participan en ellos, como si no existiera relaci¨®n entre corruptos y corruptores. Tambi¨¦n se olvida la grav¨ªsima perturbaci¨®n que causa la pr¨¢ctica de los sobornos y la adjudicaci¨®n pagada de contratos p¨²blicos a todas las empresas que rechazan la corrupci¨®n. De entrada, no es exagerado solicitar un tratamiento legal m¨¢s duro que el actual, sin caer en decisiones hist¨¦ricas, para penalizar la conducta de las sociedades sorprendidas en pago de comisiones y mordidas para asegurarse contratos p¨²blicos. Aunque las normas actuales de contrataci¨®n permiten sancionarlas con la prohibici¨®n temporal de licitar adjudicaciones p¨²blicas, en la pr¨¢ctica resultan inoperantes: pr¨¢cticamente se veta la licitaci¨®n cuando la sentencia es firme, es decir, a?os despu¨¦s, en el mejor de los casos, de que se hayan captado y cobrado los contratos.

Reducir la corrupci¨®n p¨²blica exige una aproximaci¨®n penal, que hoy ya est¨¢n llevando a cabo la polic¨ªa y los jueces. Pero requiere tambi¨¦n una reforma a fondo de los sistemas de contrataci¨®n con las Administraciones; reforma que, para que sea eficaz, necesita de la aprobaci¨®n de una mayor¨ªa parlamentaria. Tiene que incluir por fuerza un esquema de sanciones gradual, m¨¢s riguroso y disuasorio de los sorprendidos in fraganti o que acumulen suficientes indicios de conducta irregular. El umbral a partir del cual puede aplicarse a una empresa la prohibici¨®n de contratar con el sector p¨²blico deber¨ªa ser uno de las puntos decisivos del pacto pol¨ªtico.

Tambi¨¦n es necesario imponer un cambio radical en las llamadas ¡°mesas de contrataci¨®n¡±. No es de recibo que formen parte de dichas mesas, en las que se deciden adjudicaciones millonarias, representantes de instituciones pol¨ªticas y cargos de la Administraci¨®n que encargan las licitaciones. Sus miembros deben ser t¨¦cnicos, elegidos por sus capacidades profesionales. La pol¨ªtica y los pol¨ªticos deber¨ªan ser excluidos, hasta donde sea posible, de las decisiones t¨¦cnicas de contrataci¨®n.

La existencia de empresas corruptoras causa un da?o incalculable no solo a las arcas p¨²blicas ¡ªtrasladan el coste de las coimas al precio final de lo que suministran¡ª sino tambi¨¦n, hay que reiterarlo, a las empresas que act¨²an legalmente y se niegan a pagar comisiones, primas o sobres. Porque las que no corrompen sufren la competencia desleal de quienes s¨ª lo hacen y resultan gravemente perjudicadas por ello en sus cuentas de resultados. Acaban desistiendo; una vez que comprueban que las mismas firmas se adjudican siempre los contratos, las buenas empresas se retiran de la competici¨®n. Son las empresas y sus instituciones quienes deber¨ªan rechazar y denunciar las pr¨¢cticas de las que compiten deslealmente.

Estamos ante un grave perjuicio para el sistema democr¨¢tico y para el tejido empresarial. Por una parte, los partidos que perciben comisiones ilegales compiten deslealmente con los que no disponen de financiaci¨®n negra; y las empresas son empujadas, por la presi¨®n del soborno extendido, a aceptar la ilegalidad o retirarse de la carrera. Un drama que hay que corregir con celeridad.