El para¨ªso fiscal de la Iglesia

Pedro neg¨® tres veces a Jes¨²s, y el gobierno popular ya se ha negado dos veces a s¨ª mismo en relaci¨®n con las miles de inmatriculaciones practicadas por la jerarqu¨ªa cat¨®lica, de forma clandestina y sin m¨¢s t¨ªtulo de propiedad que su palabra. La primera, derogando este privilegio jur¨ªdico que ha propiciado el mayor esc¨¢ndalo patrimonial de la historia de Espa?a. La segunda, acatando la orden del Congreso que le obliga a elaborar un listado de bienes inmatriculados. Y la tercera llegar¨¢ cuando reconozca que todas estas inscripciones, as¨ª como las exenciones fiscales por su actividad empresarial, son nulas por vulnerar la Constituci¨®n, la normativa europea y los derechos humanos.

El origen del problema se encuentra en la simbiosis identitaria entre Iglesia y Estado, intacta tras 40 a?os de democracia. Con el fin de dar a conocer qu¨¦ bienes pod¨ªa vender libremente la Iglesia, se habilit¨® en 1863 un procedimiento excepcional que la equiparaba con la administraci¨®n p¨²blica y a sus diocesanos con notarios. Pero desde su entrada en vigor, la jerarqu¨ªa cat¨®lica se extralimit¨® al certificarse la posesi¨®n (que no la propiedad) de inmuebles que no constaban en sus archivos, salvo los templos de culto por tratarse de bienes fuera del comercio. Cuando la posesi¨®n dej¨® de ser inscribible en 1944, los dirigentes eclesi¨¢sticos se sirvieron de estas autocertificaciones para apropiarse de bienes sin aportar t¨ªtulo alguno: ¡°porque digo que lo poseo, ya es m¨ªo¡±.

Estas normas deben entenderse derogadas por inconstitucionalidad sobrevenida desde 1978 al vulnerar el principio de aconfesionalidad del Estado. Sin embargo, la jerarqu¨ªa cat¨®lica aprovech¨® la pasividad de todas las instituciones para seguir inmatriculando en masa, incluso templos de culto en contra de la prohibici¨®n legal. Fue Aznar quien, al derogarla en 1998, regulariz¨® estas privatizaciones fraudulentas y abusivas con el argumento de su posible inconstitucionalidad. Una verdad a medias que la convierte en una doble mentira. El uso religioso no determina la titularidad en un Estado aconfesional. Por supuesto que la Iglesia Cat¨®lica, como cualquier otro ciudadano, puede inscribir sus inmuebles. Pero siempre que, como cualquier otro ciudadano, demuestre su titularidad y no estar apropi¨¢ndose de lo que nos pertenece a todos. Justo lo que no hizo. La inmensa mayor¨ªa de estos bienes son monumentos de exorbitante valor hist¨®rico, patrimonio milenario y cultural de la ciudadan¨ªa en cuanto que dominio p¨²blico, imprescriptible y no enajenable. ?Es la Iglesia una administraci¨®n p¨²blica? No. ?Son funcionarios p¨²blicos sus diocesanos? No. En consecuencia, todas las inmatriculaciones practicadas con estas normas inconstitucionales son nulas de pleno derecho. Y si recaen sobre bienes p¨²blicos, doblemente.

La jerarqu¨ªa cat¨®lica aprovech¨® la pasividad de todas las instituciones para seguir inmatriculando en masa, incluso templos de culto en contra de la prohibici¨®n legal

Gracias a las plataformas ciudadanas, comenzamos a conocer miles de casos por toda Espa?a. Desde la Mezquita de C¨®rdoba, la Giralda de Sevilla o La Seo de Zaragoza, pasando por plazas, calles, cementerios, pisos, locales comerciales, jardines, murallas, cocheras¡­, e incluso bienes incautados a sus propias ¨®rdenes y hermandades. Nunca ruinas. La Conferencia Episcopal reconoce haber realizado 40.000 inmatriculaciones.

El Gobierno popular derog¨® estas normas en 2015 para evitar un recurso de inconstitucionalidad directo y, de esta forma, mantener intactas las inmatriculaciones ya practicadas. Pero su amnist¨ªa registral fue reprobada por el mism¨ªsimo Tribunal Europeo de Estrasburgo, condenando la complicidad del Estado al no revertir lo inscrito con este procedimiento nulo y contrario a los derechos humanos. Al final, todos hemos pagado la indemnizaci¨®n m¨¢s alta de la historia por la apropiaci¨®n ilegal de un bien que no ha devuelto la Iglesia. Una verg¨¹enza moral y un esc¨¢ndalo jur¨ªdico.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha declarado ilegales las exenciones fiscales a la Iglesia Cat¨®lica cuando realiza actividades econ¨®micas. Miles de millones de euros que ning¨²n gobierno exigi¨® declarar, ni contribuyen al sostenimiento de lo p¨²blico. Ambas resoluciones europeas confirman que la Iglesia es un para¨ªso jur¨ªdico y fiscal consentido por un Estado aconfesional y democr¨¢tico de derecho. No se trata de una cuesti¨®n religiosa sino de transparencia econ¨®mica y respeto a la legalidad: que devuelva lo p¨²blico y pague por lo que demuestre ser suyo.

Antonio Manuel Rodr¨ªguez Ramos es profesor de Derecho Civil de la Universidad de C¨®rdoba.