Naufragio del ¡®proc¨¦s¡¯

El debate del Parlament que lanz¨® la ley del refer¨¦ndum secesionista supone el c¨¦nit de radicalidad y tensi¨®n en el desaf¨ªo contra la democracia espa?ola y contra la legalidad y las instituciones catalanas de autogobierno que el proc¨¦s?soberanista abri¨® hace un lustro.

Pero el tiempo acerca enormemente ese mismo proceso a su naufragio. Desprovisto el bloque secesionista de alianzas; expulsados los moderados y legalistas del nacionalismo de sus partidos; purgados los prudentes del Govern; fragmentada la sociedad catalana, y recorrida una esot¨¦rica hoja de ruta que ha llevado a la descomposici¨®n pol¨ªtica y a la anomia gubernativa, solo faltaba el broche para iniciar el cap¨ªtulo final de esta descabellada aventura.

El espect¨¢culo que dio este mi¨¦rcoles la exigua mayor¨ªa fue el reverso del respeto a la legalidad que promet¨ªa

Un broche final que fue el espejo c¨®ncavo de un movimiento social cuyos inicios hab¨ªan perseguido ser amables, pr¨®ximos, c¨ªvicos y pac¨ªficos, como un 15-M del soberanismo. El espect¨¢culo ofrecido este mi¨¦rcoles por la (exigua) mayor¨ªa parlamentaria independentista (representativa de una minor¨ªa de votos populares) y por la presidenta de la instituci¨®n, Carme Forcadell, no solo es que fuera atropellado, vergonzoso y atrabiliario en su intento de aplastar a la oposici¨®n, a los millones de votantes que esta representa, y por tanto al Estado de derecho y al sistema democr¨¢tico en su conjunto. Es que supuso el reverso de la pulcritud, el respeto a la legalidad y la transparencia que promet¨ªa.

El primer gran acto de la ruptura fue, s¨ª, parlamentario. Pero turbulento, como corresponde a un movimiento que pretende destruir lo construido conjuntamente durante cuatro d¨¦cadas de democracia espa?ola; autonom¨ªa catalana; gran contribuci¨®n de los catalanes al quehacer colectivo y bals¨¢mica pertenencia a Europa.

El separatismo intent¨® acallar a la minor¨ªa abusando ilegalmente del reglamento y la presidencia

El intento de someter a los diputados de la oposici¨®n y partir en dos a la C¨¢mara (y, por tanto, romper tambi¨¦n en dos frentes a la entera Catalu?a) provoc¨® una dign¨ªsima respuesta de las minor¨ªas. Y evidenci¨® los malos y abruptos modos, excluyentes, autoritarios y de escasa urbanidad que la mayor¨ªa, el grueso de la Mesa y la presidencia dispensaron a aquellos en quienes confiaron m¨¢s de la mitad de los electores.

El procedimiento simplificado, opaco, expr¨¦s, carente de garant¨ªas, hu¨¦rfano de control de constitucionalidad y de plazos suficientes para las enmiendas y el debate qued¨® a la vista de todos: como muestra de que se pretende el herc¨²leo desastre de romper la convivencia y la legalidad mediante una ley casi clandestina, desprovista de toda credibilidad parlamentaria y de todo est¨¢ndar democr¨¢tico.

Algunos de los diputados m¨¢s despiertos del bloque secesionista se percataron de que el planteamiento sectario de esta ley, y los modos a la par serviles y autoritarios de la presidencia, hac¨ªan peligrar su proyecto ante la ciudadan¨ªa que sigui¨® el debate. Y por supuesto ante la escena internacional. Con pesar ¡ªsin duda compartido por muchos¡ª, hay que lamentar el desprestigio al que ha sometido a una instituci¨®n que hab¨ªa sido avanzadilla en muchos progresos sociales, del testamento vital a la lucha contra la pobreza.

No es excepcional en la historia parlamentaria universal el caso de una C¨¢mara que se automutila (en ocasiones hasta el suicidio), entregando sus poderes a Ejecutivos dislocados, l¨ªderes peligrosos o proyectos descabellados.

El veto de la Mesa a la solicitud de un dictamen de constitucionalidad al Consell de Garanties Estatut¨¤ries supone un inaceptable recorte de los derechos de los representantes democr¨¢ticos y un atentado contra la propia normativa estatutaria, como certific¨® tambi¨¦n un breve pero solemne acuerdo del propio organismo: la respuesta de la Mesa de que la mayor¨ªa de esca?os prevalece sobre todo lo dem¨¢s (como los organismos para su control) concita fantasmas dictatoriales. Aquellos que reducen primero la soberan¨ªa popular en hegemon¨ªa de la C¨¢mara y acaban jibariz¨¢ndola a su mayor¨ªa circunstancial.

As¨ª que ese veto entra?a tambi¨¦n una dram¨¢tica autolesi¨®n de la C¨¢mara y un consecuente perjuicio a su credibilidad. A partir de ahora, su normativa sin filtros de calidad y sin coherencia con la imprescindible jerarqu¨ªa normativa, coexistir¨¢ con la legislaci¨®n correcta, y bien se sabe que la moneda falsa acaba expulsando del mercado a la aut¨¦ntica. Pierde ante todo Catalu?a y todos los catalanes.

El plan secesionista ya ha fragmentado a la sociedad catalana, pero su prop¨®sito inmediato va m¨¢s all¨¢: quebrar la complicidad y la solidaridad de los espa?oles y del Estado plural y descentralizado del que se han dotado. El recurso del Gobierno a restituir la legalidad desde la justicia apelando al Tribunal Constitucional es adecuado y proporcionado. Y es especialmente loable que los grandes partidos de la oposici¨®n, que mantienen con ¨¦l enormes diferencias de toda suerte, apoyen sin paliativos esta actuaci¨®n. Sin retornar a los cauces de la legalidad com¨²n, la cuesti¨®n catalana se alejar¨ªa de soluciones factibles, constructivas, que eviten la divisi¨®n y qui¨¦n sabe si mucha frustraci¨®n y dolor.