Razones contra el independentismo

Aunque resulte dif¨ªcil, los constitucionalistas debemos intentar explicar nuestras razones a los independentistas, tratando de disuadirles de la consecuci¨®n de sus objetivos por una v¨ªa que resulta tremendamente equivocada por sus efectos devastadores para todos. Para los constitucionalistas es vital intentar convencer mediante argumentos, porque hoy la unidad del Estado solo se puede mantener por la opini¨®n. Como dijo el presidente estadounidense Buchanan en 1860, en relaci¨®n con la secesi¨®n, en ¨²ltimo t¨¦rmino, el Gobierno solo dispone de las armas de la palabra para impedirla, pues ¡°la Uni¨®n reposa en la opini¨®n p¨²blica y si le falta la aceptaci¨®n del pueblo, ha de perecer¡±.

El problema es que el nacionalismo independentista, como todo nacionalismo extremo, est¨¢ pose¨ªdo en buena medida por dos actitudes que lo hacen irreductible al di¨¢logo. Ante todo, el nacionalismo, en este caso, es propenso a la utilizaci¨®n de planteamientos m¨ªticos o claramente ideol¨®gicos, como ocurre con la autodeterminaci¨®n, que es una referencia mental simple y adecuada para la movilizaci¨®n y el enganche masivos. Dicho en corto y por derecho, los problemas de la comunidad se deben a la dependencia de un Estado ajeno que no nos permite ser como queremos. La soluci¨®n es utilizar la autodeterminaci¨®n como la puerta a la independencia en la que solos alcanzaremos nuestra propia felicidad pol¨ªtica. Adem¨¢s, el nacionalismo propende al ensimismamiento, como modo pol¨ªtico del narcisismo: somos diferentes y m¨¢s que los dem¨¢s. As¨ª es f¨¢cil que el nacionalismo, desafortunadamente, deje de parecerse al patriotismo, ¡°un noble sentimiento de lealtad a un sitio y a un modo de vivir¡±, y se convierta en una pasi¨®n obnubilante, de modo, dec¨ªa Orwell, que ¡°el nacionalista frecuentemente deja de estar interesado por lo que ocurre en el mundo real¡±.

Aunque el independentismo no estar¨¢ dispuesto a considerar nuestros argumentos, el esfuerzo por hacernos comprender no deja de estar justificado, solo que ahora referido a los apoyos sociales que pueda tener la secesi¨®n. A este sector de la sociedad catalana se dirigen nuestras palabras. Les dir¨ªamos, en primer lugar, que la secesi¨®n no puede presentarse como derecho, esto es, como pretensi¨®n inoponible, justificada moralmente, desde una situaci¨®n de autogobierno y disposici¨®n de amplias facultades pol¨ªticas. Catalu?a en el marco constitucional del Estado auton¨®mico no se encuentra silenciada y preterida, que es cuando Hirschman cree, como ocurre en una relaci¨®n personal, es preferible irse, que quedarse. Por el contrario, Catalu?a puede adoptar las decisiones fundamentales que le permitan establecer una pol¨ªtica propia en ¨¢mbitos relevantes de su vida econ¨®mica, cultural, etc¨¦tera.

El nacionalismo propende al ensimismamiento: somos diferentes y m¨¢s que los dem¨¢s

Los mismos independentistas no pueden dejar de asumir la profundidad de la autonom¨ªa, cuando, con ocasi¨®n de los recientes atentados terroristas, admiten que han podido responder con la eficacia propia de un Estado. Esto no es un indicador de la deficiencia de nuestra organizaci¨®n pol¨ªtica, sino, al contrario, la prueba de la profundidad de la descentralizaci¨®n que la misma consiente. La comunidad aut¨®noma no es un contra Estado en potencia, sino ella misma Estado, en este caso el Estado en Catalu?a. Solo las orejeras del secesionismo impiden asumir con toda normalidad los supuestos en los que la administraci¨®n policial, como el ejercicio de cualquier competencia auton¨®mica, se basan. La autonom¨ªa no es la preparaci¨®n para la independencia, sino la realizaci¨®n del despliegue de la personalidad de los pueblos de Espa?a ¡ªll¨¢menles naciones si quieren¡ª que la Constituci¨®n asegura.

Ocurre, en segundo lugar, que el proceso secesionista catal¨¢n ha puesto en jaque el orden constitucional, que, por primera vez en nuestra agitada historia pol¨ªtica, hemos asentado de manera estable y normalizada desde el momento constituyente de 1978. Es absolutamente impresentable que el independentismo catal¨¢n est¨¦ dispuesto a enfrentarse a la democracia constitucional, sustituyendo a los enemigos tradicionales de la misma, como fueron las asonadas militares, despu¨¦s el golpismo de este tipo en 1936, o los m¨¢s cerriles defensores de los intereses de las oligarqu¨ªas y los dinamiteros del orden social. Esto se lleva a cabo incre¨ªblemente desde las propias instituciones de autogobierno que persisten en una actitud de desbordamiento y desobediencia del ordenamiento jur¨ªdico. Parece mentira que haya que recordar lo obvio: en un orden constitucional abierto que, de acuerdo con el procedimiento previsto, permite la inclusi¨®n de cualquier contenido en la Constituci¨®n, incluso la posibilidad de la separaci¨®n territorial, no est¨¢ justificada el desaf¨ªo a la norma fundamental, quebrant¨¢ndola o propugnando la p¨¦rdida de su vigencia espacial o temporal. Naturalmente que el Estado de derecho exige la observancia de la suprema norma y el respeto a las decisiones que, sobre su significado, permitiendo las actuaciones de las autoridades o anul¨¢ndolas, adopte el garante jurisdiccional de la Constituci¨®n, esto es el Tribunal Constitucional.

Cuando las autoridades se sit¨²an al margen del derecho, a trav¨¦s de actuaciones, de otro lado, dada su trapacer¨ªa, inconsistentes con el decoro institucional, al faltarles la m¨ªnima regularidad, como es la publicidad o la observancia de los procedimientos normales reglamentarios, tal como ha ocurrido en la tramitaci¨®n de las leyes de la transitoriedad o el refer¨¦ndum, est¨¢n segando la yerba bajo sus propios pies, y priv¨¢ndose de argumentos para exigir el cumplimiento de sus propios mandatos. Pocas garant¨ªas de Estado se ofrecen desde unos comportamientos que quiebran el consenso, la seguridad y la pretensi¨®n razonable de justicia entre los ciudadanos.

?C¨®mo se explica que desde la izquierda pueda apoyarse la insolidaridad de los secesionistas?

Hay finalmente que utilizar un ¨²ltimo argumento, contra el proc¨¦s, m¨¢s all¨¢ de la denuncia de la liquidaci¨®n que del orden estatutario y constitucional se est¨¢ haciendo, insoportables para quienes creemos en el Estado de derecho. ?C¨®mo suscribir el ego¨ªsmo y la injusticia hist¨®rica que el secesionismo implica? El proceso separatista no va contra Madrid, sino contra los espa?oles, cuyo destino pol¨ªtico se quiere abandonar, y a los que se hace un inmenso da?o poniendo en cuesti¨®n la adecuaci¨®n del marco pol¨ªtico que asume unas funciones de protecci¨®n com¨²n, por ejemplo frente al terrorismo, y de redistribuci¨®n, absolutamente capitales en el Estado social de nuestro tiempo. ?Es as¨ª como se compensa el proceso hist¨®rico desfavorable para los pueblos, que, a su propia costa, han permitido el desarrollo econ¨®mico preferente de determinadas partes de Espa?a, comenzando naturalmente por Catalu?a?

?C¨®mo se explica que desde la izquierda pueda apoyarse la insolidaridad que el independentismo supone? La solidaridad se opone a la fragmentaci¨®n pol¨ªtica, una vez que el reconocimiento del pluralismo est¨¢ asegurado. La autodeterminaci¨®n, conclu¨ªa Sol¨¦ Tura, es una a?agaza nacionalista, y centrar el debate pol¨ªtico en ese terreno, desde una posici¨®n de izquierdas, es una equivocaci¨®n t¨¢ctica imperdonable.

Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional en la Universidad Aut¨®noma de Madrid.