Movilizaciones y democracia

Apa noi, anem-hi tots, correm-hi.. La canci¨®n de Quico Pi de la Serra fue en su d¨ªa expresi¨®n del amplio movimiento antifranquista en Catalu?a. Era el llamamiento a que nadie quedase rezagado respecto de los dem¨¢s compa?eros: Anem junts a manifestar. Con los a?os, cambi¨® el sentido de la movilizaci¨®n. Una vez recuperada la democracia, la celebraci¨®n anual de la Diada fue la ocasi¨®n para expresar la adhesi¨®n a la identidad herida por la conquista de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. En sus recuerdos, Pierre Vilar nos ha contado c¨®mo en gran medida esa sensaci¨®n dolorosa segu¨ªa incre¨ªblemente viva entre los intelectuales catalanes de los a?os veinte. Nada tiene de extra?ar que casi un siglo m¨¢s tarde, ante la frustraci¨®n provocada por el recorte del Estatut y en plena crisis econ¨®mica, la Diada sirviera en 2012 como plataforma de lanzamiento del movimiento independentista.

Una vez creada la estructura de oportunidad pol¨ªtica, producto de la convergencia entre el malestar social, la afirmaci¨®n identitaria (Som una naci¨®!) y el vac¨ªo de la pol¨ªtica estatal, toc¨® a las minor¨ªas activas del catalanismo aprovechar el impulso de la Diada. Fue un r¨¢pido proceso de radicalizaci¨®n, cuyo dise?o se vio favorecido por el examen de antecedentes como el ofrecido por el plan Ibarretxe, ejemplo de los riesgos de seguir las reglas del juego constitucional, y por el refer¨¦ndum de Quebec en 1995, modelo ¨²til una vez eliminado el fair play con el Estado. Contaron adem¨¢s con la colaboraci¨®n t¨¦cnica de Carles Viver, exmagistrado del TC, para ir avanzando hacia la declaraci¨®n de independencia mediante una sucesi¨®n de fraudes de ley y de aprovechamiento de los vac¨ªos observables en la Ley Fundamental. Ciertamente no estaba previsto el ni?o muerde a perro, que una instituci¨®n del Estado como la Generalitat pusiese en marcha un proceso de subversi¨®n del orden legal, aprovechando los poderes que ¨¦ste le confer¨ªa para luego destruirlo. Llegado el caso, seg¨²n declar¨® Mas, todo val¨ªa con tal de ¡°enga?ar al Estado¡±.

Ha sido un procedimiento de acceso a la independencia in¨¦dito en la historia constitucional, por cuanto compagina un objetivo de secesi¨®n, e incluso en ¨²ltimo t¨¦rmino de sedici¨®n en el momento actual, con esa combinatoria de uso simult¨¢neo de la legalidad vigente en cuanto marco y subversi¨®n permanente de la misma. Si nos atenemos a la definici¨®n habitual en c¨®digos y diccionarios no existen dudas: hay sedici¨®n cuando se impulsa una acci¨®n colectiva dirigida a derribar el orden pol¨ªtico vigente, aun sin la confusa apelaci¨®n al ¡°alzamiento tumultuario¡±, que menciona el art¨ªculo 544 del vigente C¨®digo Penal. El llamamiento de Puigdemont a ¡°llenar las calles¡± frente a la acci¨®n del Estado y las decisiones del TC permite adem¨¢s superar ese posible obst¨¢culo. Nada tiene de extra?o, dado que la l¨®gica del proc¨¦s consisti¨® desde un primer momento en que el mismo fuera decidido y orquestado desde la Generalitat con total ignorancia de la Constituci¨®n, y esa carga de enfrentamiento radical hac¨ªa imposible todo compromiso de fondo. De ah¨ª el absurdo de la apelaci¨®n a un ¡°di¨¢logo¡± que solo pod¨ªa consistir en la concesi¨®n por el Gobierno de Espa?a de un visto bueno a cuanto era decidido por la Generalitat.

La renuncia a los usos democr¨¢ticos no afect¨® solo al Estado, sino a la propia sociedad catalana

En la medida que el amparo del sistema legal de la autonom¨ªa serv¨ªa solo para su subversi¨®n, la renuncia a los usos democr¨¢ticos no afect¨® ¨²nicamente a las relaciones con el Estado central, sino asimismo a las establecidas con la propia sociedad catalana. En ning¨²n momento se trat¨® de plantear ante los ciudadanos desde la Generalitat la complejidad del problema, en un territorio donde el independentismo era tradicionalmente minoritario, sino de montar una permanente campa?a de propaganda para compensar la ilegalidad del objetivo con la imagen de una adhesi¨®n universal al mismo de la poblaci¨®n catalana. La movilizaci¨®n de un sector hab¨ªa puesto en marcha el proc¨¦s y desde ahora hasta el final estaba destinada a mantener su vigencia, por encima de las reglas de la democracia representativa.

Fue preciso tambi¨¦n desde un primer momento generar una divisi¨®n en la sociedad donde la catalanidad quedaba reservada a los militantes por la independencia, en tanto que los dem¨¢s, o bien aceptaban ser pasivos, o se convert¨ªan en traidores, incluso en enemigos de actuar abiertamente. El proc¨¦s se adentr¨® as¨ª en un terreno resbaladizo donde la cohesi¨®n de los adherentes cobraba fuerza a costa de la exclusi¨®n (m¨¢s la falta de visibilidad y el silencio) de los disconformes. Los partidos pol¨ªticos y los intelectuales constitucionalistas se convert¨ªan en chivos expiatorios. Animados y subvencionados por la Generalitat, los componentes de un amplio espectro ¡ªhistoriadores, profesionales y todo tipo de emisores¡ª desplegaron una amplia gama de acusaciones, desde el Espa?a ens roba y el Espanya contra Catalunya a la pura y simple xenofobia. Despuntaba la eficacia del odio como aglutinante de los comportamientos colectivos, ya destacada por un conocido dictador.

El patr¨®n pol¨ªtico adoptado por la Generalitat respondi¨® a la alternativa a la democracia representativa que formulara Carl Schmitt en los a?os treinta: una democracia aclamativa, donde aquella se elimina, siendo la libertad pol¨ªtica reemplazada por la movilizaci¨®n de masas en apoyo del ocupante del poder, quien toma las decisiones por encima de todo condicionamiento legal. Soberan¨ªa de las masas frente a soberan¨ªa de los ciudadanos. La ceremonia del desprecio a la legalidad, escenificada por los grupos independentistas catalanes en el Parlamento, ilustr¨® esa sustituci¨®n. Al punto a que han llegado, Junts pel S¨ª y CUP no tienen otro remedio que insistir en esa opci¨®n, por muchos riesgos que entra?e para todos.

La propaganda constante ha intentado compensar la ilegalidad con una adhesi¨®n universal

Frente a ello, tras a?os de pasividad, la decisi¨®n del Estado parece tambi¨¦n inequ¨ªvoca, y resulta avalada por la degradaci¨®n de la democracia impuesta desde la Generalitat. No todo est¨¢ resuelto, sin embargo. La base social de la democracia aclamativa es en Catalu?a muy amplia, y el Govern ha invitado ya a ¡°ocupar la calle¡±, esgrimiendo el victimismo. La violencia puede convertirse en protagonista, a partir del 11-S, y su alcance y resultados son impredecibles.

El azar entra en escena y el momento es propicio para que Podemos y los comunes capitalicen su falsa equidistancia que suena bien ¡ªel refer¨¦ndum pactado¡ª ante el posible fracaso del Govern y el desgaste de Rajoy, y de la propia idea de Espa?a, bazas que juegan a fondo, golpeando h¨¢bilmente por la espalda al Estado de derecho.

Antonio Elorza es catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica.