Nada que ver con la libertad de expresi¨®n
Imprimir papeletas no es uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constituci¨®n y las convenciones internacionales
El rey de la astucia que era el destronado Artur Mas fue el primero en introducir en el Proceso las artes de la ambig¨¹edad y del enga?o al Estado, que en realidad es enga?o al Estado de derecho y por lo tanto a todos los conciudadanos, catalanes incluidos. Las astucias de Mas no son como la "puta y la ramoneta" de Pujol, que combinaba una de cal y otra de arena, sino la capacidad de convertir una acci¨®n pol¨ªtica en dos cosas a la vez, en buena parte contradictorias.
Res a veure amb la llibertat d¡¯expressi¨®
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El 9-N fue el ejemplo y el modelo. La inocente intenci¨®n inicial era que los catalanes pudieran expresar su opini¨®n, para que el Gobierno, una vez conocida, actuara en consecuencia y pidiera una negociaci¨®n "con Madrid". Mariano Rajoy, que lo compr¨® o al menos se hizo el despistado gracias a los buenos oficios del exjesuita Joan Rigol, se encontr¨® con el susto de una alt¨ªsima participaci¨®n y de un resultado que rozaban la cat¨¢strofe pol¨ªtica. Con un poco m¨¢s de participaci¨®n, aquella c¨¢ndida consulta se hubiera podido convertir en un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n seguido al d¨ªa siguiente de una proclamaci¨®n de la independencia, aunque fuera para negociar desde una posici¨®n de fuerza. Era el modelo Maci¨¤ 1931 y Compays 1934.
Todo lo que se hizo el 9-N entraba en el cap¨ªtulo de la libertad de expresi¨®n de los catalanes, aunque la intenci¨®n era convertir esta libertad individual en el derecho colectivo a la autodeterminaci¨®n, en una especie de extra?a alquimia pol¨ªtica de gran eficacia. Las acciones judiciales contra los responsables de la 9-N se convert¨ªan as¨ª en ataques a la libertad de expresi¨®n, como sucede con los autos y sentencias del Tribunal Constitucional que paralizan o dejan sin efecto votaciones y resoluciones parlamentarias, como si la suma de las libertades de expresi¨®n individuales, debidamente organizada por el ANC y el Gobierno, pudiera convertirse en un derecho inalienable a la autodeterminaci¨®n.
Un buen ejemplo de esta confusi¨®n, que desgraciadamente afecta tambi¨¦n a zonas de la izquierda no independentista y lo que es peor, a entidades y organismos profesionales period¨ªsticos, lo tenemos en las actuaciones de la Guardia Civil y la Fiscal¨ªa en Tarragona y Valls, en b¨²squeda de material del refer¨¦ndum prohibido del 1-O. En este caso, encima, nada hay que tenga que ver con la libertad de expresi¨®n, que nadie ha coartado ni limitado, como no se ha hecho en todos los cinco a?os del Proceso. Imprimir papeletas y hojas de registro de un plebiscito de adhesi¨®n a una secesi¨®n unilateral no forma parte de los cap¨ªtulos de las libertades fundamentales que protegen la Constituci¨®n espa?ola y los convenios internacionales de Naciones Unidas. Nada tendr¨ªa que decir, por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Catalu?a, hasta ahora indiferente a los ataques directos, nominales e intimidadores del consejero Forn y el mayor Trapero contra Enric Hern¨¤ndez y El Peri¨®dico de Catalu?a que dirige.
Lo mismo sucede con la obediencia al TC respecto a la publicidad institucional. Es toda una paradoja que los periodistas independentistas de un diario independentista exijan a la empresa que ponga en peligro el proyecto empresarial, los puestos de trabajo e incluso la comunicaci¨®n de la informaci¨®n y de las opiniones independentistas en nombre de la desobediencia a un tribunal. Todo ha cambiado en el proceso, incluso los conceptos pol¨ªticos. De hecho, esto es el proceso, una inversi¨®n de conceptos que quiere acabar convirti¨¦ndose en una inversi¨®n de soberan¨ªas, una revoluci¨®n. Y probablemente el prop¨®sito m¨¢s militante es conseguir que el diario se sacrifique en el altar de la autodeterminaci¨®n para cargar a la cuenta de la democracia espa?ola la desaparici¨®n de una opci¨®n ideol¨®gica leg¨ªtima e incluso necesaria.
Esperemos que nada de esto suceda, que la libertad de expresi¨®n y todas las dem¨¢s libertades queden perfectamente defendidas y preservadas, lo que no es nada evidente cuando se confunde la prohibici¨®n de acciones por un plebiscito con el debate o la difusi¨®n de la informaci¨®n sobre el plebiscito. En los dos extremos, a ambos lados, hay quien quiere destruir la democracia espa?ola, unos por espa?ola y los otros por democracia, e incluso otros m¨¢s por ambas cosas. Ser¨ªa imperdonable que lo consiguieran.
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