La secesi¨®n, mal negocio para las pensiones

Una idea t¨®xica del laboratorio secesionista catal¨¢n, elaborada por el Consejo de Transici¨®n Nacional, es que una Catalu?a independiente tendr¨ªa pensiones mejores, m¨¢s altas, f¨¢cilmente pagaderas y Espa?a adem¨¢s pagar¨ªa para ello. Craso error.

En agosto de 2017, Catalu?a ten¨ªa 1.704.692 pensiones ¡ªcasi 200.000 m¨¢s que en Andaluc¨ªa¡ª, con una prestaci¨®n media de 957,82 euros y 3.294.418 afiliados. Sus insuficientes cotizaciones producen d¨¦ficits reiterados, en 2016 alcanz¨® los 4.700 millones. Una cantidad muy superior a los 2.000 millones que cifran los secesionistas.

La llama Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica dice que una Generalitat independiente recaudar¨ªa todas las cotizaciones. Si eso sucediera, dejar¨ªan de ingresarse en la caja ¨²nica de la Seguridad Social espa?ola. Normalmente, esta dejar¨ªa inmediatamente de pagar las pensiones de los ciudadanos residentes en Catalu?a, ya que al darse una secesi¨®n unilateral, no existir¨ªa ni caja com¨²n ni solidaridad posible. La Generalitat tendr¨ªa que pagar a sus pensionistas.

Para tranquilizar a su p¨²blico, insin¨²an que, a pesar de ello, Espa?a mantendr¨ªa la obligaci¨®n de abonar las pensiones porque tendr¨ªa una especie de ¡°contrato¡± con los pensionistas catalanes. Esto es otro falso argumento. En un contrato quien incumple no puede exigir contraprestaci¨®n. Algo f¨¢cilmente entendible, no puede ser que Espa?a, sin las cotizaciones catalanas, tenga que pagar las pensiones actuales reconocidas en Catalu?a, m¨¢s la parte de las pensiones futuras por el tiempo que los trabajadores pagaron cotizaciones a la Seguridad Social espa?ola. Estas sirvieron, por el sistema de reparto, para pagar las pensiones de los catalanes. No se quedaron en la Caja.

Tampoco se aplicar¨ªan los criterios de los convenios bilaterales de Seguridad Social o los de la UE. No estar¨ªamos ante la coordinaci¨®n de sistemas de pa¨ªses de la Uni¨®n para computar cotizaciones rec¨ªprocamente o para exportar prestaciones, sino ante el criterio de c¨®mo repartir las obligaciones y derechos de Seguridad Social territorialmente. En este caso, y ante una ruptura forzosa, Espa?a tendr¨ªa argumentos y fuerza sobrada para desentenderse tanto de las pensiones presentes como futuras, sin que la Generalitat pudiese hacer nada. Lo contrario implica aceptar una ruptura retroactiva del principio de solidaridad.

Es m¨¢s, si alguna duda cupiese sobre qu¨¦ Administraci¨®n habr¨ªa de hacerse cargo del pago de las pensiones de los residentes ser¨ªa en sentido contrario al que proclama la propaganda oficial. Me explico: la Administraci¨®n que s¨ª tendr¨ªa la obligaci¨®n de pagar ser¨ªa la Generalitat, pues atendiendo a la xenofobia que anima el denominado proc¨¦s, una Catalu?a independiente, en mi opini¨®n, muy probablemente obligar¨ªa a cientos de miles de sus habitantes a cambiar la residencia a Espa?a. Esto ha pasado en casos similares. Por ellos, Espa?a podr¨ªa exigir a la Generalitat el pago de sus pensiones. Si Catalu?a no pagar¨¢, Espa?a podr¨ªa hacerlo, y aplicar medidas de retorsi¨®n para cobrarse lo debido.

En definitiva, un tipo de negocio en el que todas las partes salen perjudicadas.

Ram¨®n Marcos es letrado de la Seguridad Social.