El Gobierno de T¨²nez quiere la impunidad policial

Cientos de polic¨ªas se manifestaron en el centro de T¨²nez la semana pasada para exigir la aprobaci¨®n de una ley de ¡°protecci¨®n de las fuerzas de seguridad¡±, cuyo borrador ya recibi¨® el benepl¨¢cito del Gobierno antes del verano y se halla atascado en el Parlamento. La iniciativa ha suscitado un rechazo categ¨®rico por parte de la sociedad civil, que lo percibe como una involuci¨®n y un retorno a las pr¨¢cticas de la dictadura de Ben Al¨ª, derrocada en la Revoluci¨®n de 2011.

Los grupos de derechos civiles consideran innecesaria la nueva legislaci¨®n, pues el c¨®digo penal actual ya ofrece una protecci¨®n robusta a los agentes. De ser aprobada, la norma endurecer¨ªa de forma sustancial las penas recogidas en las leyes actuales. Por ejemplo, una ¡°amenaza¡± contra un agente, un familiar suyo o cualquier persona a su cargo se castigar¨ªa con una pena de cinco a?os de c¨¢rcel. Adem¨¢s, el borrador contiene definiciones vagas de conceptos como ¡°secreto para la seguridad nacional¡± o ¡°humillar¡± a las fuerzas de seguridad que podr¨ªa ser aplicado a la prensa, limitando severamente el derecho a la libertad de expresi¨®n. As¨ª, una cr¨ªtica a la Polic¨ªa publicada en un diario, en caso de ser considerada una ¡°humillaci¨®n¡± por un juez, conllevar¨ªa una pena de dos a?os de c¨¢rcel para el periodista. Incluso la toma de una foto en una manifestaci¨®n con presencia policial se podr¨¢ castigar con dos meses de prisi¨®n.

Sin embargo, el art¨ªculo m¨¢s preocupante es el 18, que otorga inmunidad judicial a los agentes en el desarrollo de sus labores. Por lo tanto, si la Polic¨ªa reprime de forma desproporcionada una manifestaci¨®n provocando heridas graves o incluso la muerte a un ciudadano, no deber¨¢ responder ante la justicia. ¡°Esta ley es muy peligrosa. Legaliza los cr¨ªmenes de las fuerzas de seguridad. Sus art¨ªculos violan los derechos de los ciudadanos y los periodistas, a pesar de estar garantizados en la Constituci¨®n. Y alimentan la impunidad¡±, sostiene el abogado y activista Charfeddin Kellil. La existencia de una amenaza terrorista ha frenado la reforma del Ministerio de Interior tras la Revoluci¨®n.