Otro proyecto

En la recta final hacia sus cuarenta a?os de existencia, nunca como ahora se ha sometido a la Constituci¨®n espa?ola a un cuestionamiento tan pronunciado. De la mano de la gran recesi¨®n y la corrupci¨®n lleg¨® a Espa?a una crisis pol¨ªtica que ha dejado el campo abierto a populistas y ultranacionalistas que creen ver en el texto de 1978 el principio de todos los problemas de representaci¨®n y organizaci¨®n pol¨ªtica que sufre actualmente el pa¨ªs. Eso no es cierto.

Es una vieja tendencia de nuestro pa¨ªs la de derribarlo todo cada cierto periodo de tiempo con una voluntad autodestructiva que nos ha causado grandes da?os en el pasado. Tambi¨¦n hoy se escuchan voces que nos invitan al borr¨®n y cuenta nueva. No es eso lo que necesitamos. No hay ning¨²n sistema que dinamitar en Espa?a. Al contrario, disfrutamos de un envidiable entramado democr¨¢tico que necesita ser cuidado, revisado y reformado para prolongarlo y mejorarlo.

La Constituci¨®n espa?ola es fruto de un raro consenso pol¨ªtico en un momento hist¨®rico en el que una naci¨®n entera que sal¨ªa de una dictadura dise?aba un proyecto de pa¨ªs unido por los valores que recoge su primer art¨ªculo, un Estado social y democr¨¢tico de Derecho basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Su promulgaci¨®n, ya se ha dicho, ha servido de marco legal a un pa¨ªs cuyo desarrollo econ¨®mico y social ha avanzado a velocidad de v¨¦rtigo en apenas cuatro d¨¦cadas. Hoy, en su 39? aniversario, es evidente que necesita una puesta al d¨ªa. Hace a?os que distintas voces, entre ellas la de este peri¨®dico, piden una revisi¨®n capaz de adaptar el texto a la realidad actual y reducir algunas tensiones, como las territoriales. Sin embargo, de la misma manera que la Constituci¨®n no es la culpable de todos los males pol¨ªticos que nos aquejan, tampoco su reforma ser¨¢ la soluci¨®n de todos ellos. En realidad, son los pol¨ªticos actuales, los que hoy celebrar¨¢n la onom¨¢stica en los salones oficiales, los que deber¨ªan interpelarse a s¨ª mismos acerca de las razones de tanto cuestionamiento hacia una ley fundamental que solo necesita unos cuantos retoques; a saber, definir la organizaci¨®n territorial, fijar las competencias de las comunidades aut¨®nomas, reformar el Senado, incorporar a la Uni¨®n Europea como fuente de derecho, acabar con la preferencia del var¨®n en la l¨ªnea de sucesi¨®n de la Corona y poco m¨¢s. Consenso y cambios m¨ªnimos, pero cruciales. Esa deber¨ªa ser la regla general.

No es tiempo de borr¨®n y cuenta nueva. Es tiempo de reformas para mejorar y prolongar el sistema

No es el consenso de 1978 el culpable de las tensiones nacionalistas y el desencanto de lo pol¨ªtico entre los ciudadanos, sino la incompetencia de las fuerzas pol¨ªticas de hoy. Frente a aquel consenso, en Espa?a se ha asentado el disenso, la incapacidad para negociar siquiera la puesta a punto de una buena Constituci¨®n que est¨¢ plenamente alineada con sus hom¨®logas europeas. En un panorama de mayor fragmentaci¨®n pol¨ªtica esa tarea se vislumbra dif¨ªcil, pero no imposible. Al fin y al cabo, la ausencia de mayor¨ªas absolutas obliga a desarrollar una mayor cintura negociadora.

El problema es que, enredados en las disputas, los gestores de la cosa p¨²blica se muestran incapaces de dise?ar un nuevo proyecto de pa¨ªs o entusiasmar en su consolidaci¨®n, salvo que su plan se sostenga en una trasnochada enso?aci¨®n independentista o en una cruzada contra ella. El problema, en fin, no es el art¨ªculo 155, sino que se haya tenido que recurrir a su aplicaci¨®n. Porque es la acci¨®n (o inacci¨®n) pol¨ªtica ¡ªy no una Constituci¨®n que inscribi¨® en letras de oro las aspiraciones democr¨¢ticas de este pa¨ªs¡ª la que genera la desafecci¨®n, la desconfianza hacia la pol¨ªtica y las tensiones que han derivado en una grave crisis institucional como la catalana.

La reforma del texto constitucional no es, sin embargo, la soluci¨®n a todos los problemas

Es un clamor que el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n sobre la organizaci¨®n territorial necesita una actualizaci¨®n. Su redacci¨®n responde a un proyecto, el Estado de las Autonom¨ªas, que hoy est¨¢ desarrollado y asentado. Tambi¨¦n es un clamor que se necesita un nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica basado en un procedimiento est¨¢ndar, predeterminado, con poco margen para la arbitrariedad pol¨ªtica. Un sistema, en definitiva, que consagre la solidaridad territorial y contente moderadamente a cada autonom¨ªa sin generar agravios comparativos. Tampoco resolviendo esta cuesti¨®n ¡ªno constitucional¡ª se acabar¨ªa con las tensiones territoriales, pero los mismos que tanto defienden la Constituci¨®n ¡ªy la convivencia ciudadana consecuente¡ª aplazan el proyecto permitiendo el ataque directo al marco legal que nos ha garantizado esa convivencia.

La crisis catalana, como un cataclismo, ha fomentado la par¨¢lisis en unos pol¨ªticos que parecen incapaces de caminar y mascar chicle a la vez y en esa dificultad se olvidan de la real importancia de su misi¨®n: intentar resolver las demandas de los administrados. La financiaci¨®n auton¨®mica no es una cuesti¨®n abstracta que solo compete a los Gobiernos aut¨®nomos, ¨¢vidos de manejar dinero. Afecta a servicios esenciales como la educaci¨®n y la sanidad. Pero hay una negligente tendencia a aplazar deberes pendientes; bien sea para atajar problemas cotidianos, bien para retocar un texto constitucional para el que hay suficientes y acertadas propuestas. Su desidia es un factor que da?a la convivencia lograda por el aliento constitucional.

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