Propuesta equivocada

La sostenibilidad del sistema p¨²blico de pensiones es uno de los problemas m¨¢s graves al que nos enfrentamos. Su soluci¨®n no solo es compleja desde el punto de vista t¨¦cnico sino que requiere grandes dosis de di¨¢logo, negociaci¨®n y acuerdo entre todas las fuerzas pol¨ªticas y sociales. La propuesta de resolverlo con una imposici¨®n finalista al sector bancario lanzada ayer por Pedro S¨¢nchez no solo es ineficaz, pues no lograr¨¢ el objetivo que persigue, sino demag¨®gica, como qued¨® claro en su justificaci¨®n como una suerte de venganza por las ayudas recibidas tras la crisis financiera. Lo ¨²ltimo que necesita nuestro sistema de pensiones son soluciones de inspiraci¨®n populista.

Los ciudadanos observan con inquietud el deterioro creciente de las cuentas de la Seguridad Social. La intranquilidad es tanto mayor cuanto que el debilitamiento financiero de la Seguridad Social coexiste con la evoluci¨®n favorable del empleo, del n¨²mero de afiliaciones. Es as¨ª porque el empleo que se est¨¢ creando es de baja calidad, dada la temporalidad dominante en los contratos de trabajo y el reducido salario medio de los nuevos empleados. A ello hay que a?adir la evoluci¨®n demogr¨¢fica de nuestro pa¨ªs, con un envejecimiento creciente que en modo alguno favorece el necesario aumento de la relaci¨®n entre cotizantes y pensionistas. Frente a ello es de todo punto necesario actuar ya.

Las decisiones a adoptar deben operar sobre distintos ¨¢mbitos, desde las destinadas a mejorar la calidad del empleo que se crea hasta la eliminaci¨®n del fraude en las contrataciones, sin olvidar eventuales ampliaciones en la edad de jubilaci¨®n o elevaciones en los topes de cotizaci¨®n.

Pero sin menoscabo de esas actuaciones, es necesario asumir que cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social ser¨¢ soportado por los presupuestos p¨²blicos. Ello significa admitir que la recaudaci¨®n de impuestos debe incrementarse para satisfacer esa prioridad inexcusable.

Lo que no es razonable es definir un impuesto espec¨ªfico que recaiga sobre un sector concreto de la econom¨ªa. Mucho menos justificarlo como una contrapartida a las ayudas p¨²blicas que han recibido los bancos en la gesti¨®n de la crisis financiera.

Cuesti¨®n distinta es la introducci¨®n de grav¨¢menes sobre determinadas actividades, como las que deterioran el medio ambiente o la actividad excesiva de determinadas transacciones financieras y especulativas, como la tasa aprobada por numerosos Gobiernos y pendiente de aprobaci¨®n definitiva en la UE cuyos or¨ªgenes se remontan a la demonizada tasa Tobin. La propuesta del FMI en 2010 de un impuesto a la banca ten¨ªa como fin la constituci¨®n de un fondo para atender futuras crisis de solvencia de esas entidades, no para atender las pensiones.

El necesario aumento de los ingresos fiscales para garantizar los compromisos de la Seguridad Social no tiene por qu¨¦ concretarse en impuestos finalistas. Existe recorrido suficiente en la mayor¨ªa de las figuras tributarias existentes para garantizar la generaci¨®n de ingresos. La definici¨®n de esos medios, de la elecci¨®n de las figuras tributarias para satisfacer el objetivo de suficiencia, debe ser el objeto de un debate inaplazable entre los representantes parlamentarios.

Las fuerzas pol¨ªticas deber¨ªan ser conscientes del tiempo perdido. La reanimaci¨®n de la Comisi¨®n del Pacto de Toledo tiene que empezar por explicitar el compromiso de atenci¨®n a los compromisos actuales y futuros sobre las pensiones. Ese debe ser el punto de partida, y no las proclamas populistas de penalizaci¨®n a un determinado sector que terminan debilitando el objetivo perseguido y erosionando la credibilidad de quien lo propone.