Perdonen mi ignorancia

Debe ser que en cada casa rigen costumbres y maneras diferentes o debe ser que en algunos parlamentos los diputados electos son obligados por el capricho de los que lo rigen provisionalmente a comparecer personalmente para entregar sus credenciales en la secretar¨ªa correspondiente, para rellenar algunos documentos y para coquetear ante la c¨¢mara del fot¨®grafo que inmortaliza la imagen de los insignes pr¨®ceres. He sido diputado estatal en dos legislaturas y media y diputado regional en seis ocasiones, y en todos los proleg¨®menos de cada legislatura tuve que pasar por el tr¨¢mite descrito m¨¢s arriba. Pero, al parecer, no todos los parlamentos exigen esas condiciones.

Todos hemos visto y o¨ªdo como sus se?or¨ªas se levantaban de sus esca?os cuando eran llamados por el secretario de la Mesa de edad del Congreso de los Diputados para jurar o prometer el cumplimiento de la Constituci¨®n espa?ola. Y si ese tr¨¢mite es necesario en el Parlamento espa?ol, y as¨ª ocurre en otros parlamentos regionales y en el Senado, y en los Ayuntamientos y en las Diputaciones, se imagina uno que tambi¨¦n ser¨¢ necesario en el Parlamento catal¨¢n. Si as¨ª fuera, est¨¢ claro que Puigdemont, y todos los que se fugaron huyendo de la Justicia, no podr¨¢n ser diputados porque no podr¨¢n cumplir con el requisito exigible de presencia f¨ªsica.

Parecer¨ªa l¨®gico que en la democracia espa?ola se exigieran las mismas responsabilidades y las mismas pautas de comportamiento, al margen de qui¨¦nes fueran los actores que confluyeran en la escena pol¨ªtica. Abandonar el cargo p¨²blico por una investigaci¨®n judicial es una norma de conducta que ha ido ganando terreno hasta el punto de que no existe en el panorama pol¨ªtico espa?ol partido pol¨ªtico que objetara en contra de esa eventualidad. El ¨²ltimo caso conocido ha sido la dimisi¨®n del presidente del Tribunal de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, del PP, imputado con otras 21 personas por el caso Lezo.

En la opini¨®n p¨²blica, y tambi¨¦n en la publicada, ha ido calando la idea de que investigado equivale a dimitido o cesado, sobre todo, si el investigado es afiliado o cargo p¨²blico del PP o del PSOE. No se conocen las razones por las que se es tan exigente en los casos de investigaci¨®n cuando son esos dos partidos los afectados. A populares y socialistas no se les ense?a la tarjeta amarilla cuando un juez decide investigar a alguien perteneciente a sus filas; sencillamente la artiller¨ªa se dirige contra ellos para que la simple imputaci¨®n les inhabilite para seguir ocupando un cargo institucional. Es posible que se sea tan exigente con partidos a los que se les concede gran importancia y sostenibilidad y, por el contrario, tan laxos con aquellos otros a los que no se les concede la m¨¢s m¨ªnima atenci¨®n porque, hagan lo que hagan, sus gestos y actitudes no significan nada para el devenir de los espa?oles. Pero, tambi¨¦n, se podr¨ªa observar el fen¨®meno desde la perspectiva de la desconfianza y el descr¨¦dito. Como PP y PSOE son dos partidos ¡°anticuados¡±, a la menor falta que cometan, se les castiga rigurosamente, exigiendo dimisiones o ceses.

Nadie entender¨ªa que Luis B¨¢rcenas hubiera seguido de senador cuando fue encarcelado provisionalmente

Sea como sea, el caso es que produce sensaci¨®n de hast¨ªo cuando se observa la discusi¨®n sobre si Puigdemont o Junqueras podr¨¢n o no ser presidentes de la Comunidad Aut¨®noma catalana. Si estuvi¨¦ramos ante esa disyuntiva siendo esos dos personajes diputados electos del PP o del PSOE, se oir¨ªan las voces escandalizadas de los analistas y contertulios exigiendo la dimisi¨®n de quienes no solo est¨¢n investigados, sino que se dieron a la fuga o est¨¢n en prisi¨®n provisional. Nadie entender¨ªa que el tesorero del PP, Luis B¨¢rcenas, hubiera seguido de senador cuando fue investigado y encarcelado provisionalmente por los delitos que le imputa la Justicia. No s¨¦ las razones por las que s¨ª se entiende que Puigdemont o Junqueras no solo lleguen a ser diputados auton¨®micos, sino que, adem¨¢s, se especule sobre la posibilidad de que lleguen a ocupar la presidencia de la Generalidad de Catalu?a, fugado uno y encarcelado otro.

Para m¨¢s desvar¨ªo, el presidente de cualquier comunidad aut¨®noma, incluida la de Catalu?a, es adem¨¢s el representante ordinario del Estado en esa comunidad. Resultar¨ªa grotesco que Puigdemont representara a la Monarqu¨ªa parlamentaria espa?ola en Bruselas o que Junqueras, presidente de Catalu?a, representara a la Monarqu¨ªa espa?ola en esa rep¨²blica catalana que ambos aprobaron y firmaron cuando se sab¨ªan y cre¨ªan los reyes del mambo. Hoy ya no lo son y, por eso, quieren convertirse en m¨¢rtires por la puerta trasera.

Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra fue presidente de Extremadura entre 1983 y 2007.