B¨¢?ez tropieza con el TC
La anulaci¨®n constitucional de una de las ayudas a los parados indica que el Gobierno carece de una pol¨ªtica de empleo
El Tribunal Constitucional (TC) ha desairado al Ministerio de Empleo: el Programa de Activaci¨®n para el Empleo (PAE), la ¨²ltima ayuda creada para asistir a los parados de larga duraci¨®n sin ingresos, dotada con 430 euros mensuales, debe ser gestionado por las Comunidades Aut¨®nomas y no por los Servicios P¨²blicos de Empleo Estatal, que es la facultad que se atribuy¨® el ministerio. La buena noticia es que los beneficiarios seguir¨¢n percibiendo la ayuda, porque el TC, con buen criterio, ha entendido que los parados no son responsables de inconsecuencias jur¨ªdicas; la mala, que el Gobierno parece incapaz de entender los l¨ªmites de su jurisdicci¨®n.
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Estos tropiezos jur¨ªdicos demuestran escasa pericia t¨¦cnica y dificultades para articular acuerdos con partidos pr¨®ximos (el PNV present¨® la denuncia contra la norma del PAE). Incluso estas carencias ser¨ªan disculpables si el equipo econ¨®mico dispusiera de pol¨ªticas de empleo de cierta solvencia. Pero la creaci¨®n de puestos de trabajo se ha descargado en la iniciativa privada a trav¨¦s de una reforma laboral para aumentar la flexibilidad y reducir los salarios.
Los efectos secundarios de esa reforma ¡ªprecariedad en la contrataci¨®n, demasiados salarios insuficientes, negocios basados en la precariedad, un paro juvenil excesivo y un desempleo de larga duraci¨®n incorregible hasta el momento¡ª se han tratado con torpeza. Las recetas (inoperantes) han consistido en un continuo parcheo de ayudas de escaso aliento y deducciones sociales que aumentan poco el empleo pero bajan los ingresos de la Seguridad Social.
La situaci¨®n del empleo juvenil, un factor de desestabilizaci¨®n social, y la de los parados de larga duraci¨®n reclaman pol¨ªticas contundentes que generen empleo mediante el est¨ªmulo de la demanda y que limiten la precariedad. Esas medidas se resumen en un Pacto por el Empleo.
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