Pugna sobre el modelo de gesti¨®n de RTVE

¡°La ley regular¨¢ la organizaci¨®n y el control parlamentario de los medios de comunicaci¨®n social dependientes del Estado o de cualquier ente p¨²blico y garantizar¨¢ el acceso a dichos medios de los grupos sociales y pol¨ªticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de Espa?a¡±.

?No se nos ocurre mejor forma de empezar que destacando el texto constitucional que tanto se dice defender y presentar como el baluarte de nuestras libertades recuperadas tras la dictadura franquista y que para el caso de medios de comunicaci¨®n prestadores del servicio p¨²blico radiotelevisivo, como es el caso de la Corporaci¨®n RTVE, es una referencia ineludible e inexcusable.

Entendemos que para cualquier persona u organizaci¨®n que se reclame respetuosa o incluso defensora del marco constitucional, este ser¨ªa un buen punto de partida para comenzar a reconstruir un modelo organizativo y de control de RTVE, que no es otro que el del reconocimiento expreso del tan manido ¡°Estado de derecho¡± y del ¡°imperio de la ley¡± frente al caos y la arbitrariedad antidemocr¨¢tica.

As¨ª, desde la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978 hasta el d¨ªa de hoy se han acometido con este prop¨®sito diferentes iniciativas legislativas que han llegado al Bolet¨ªn Oficial del Estado y que han delimitado el marco legal de Radio Televisi¨®n Espa?ola, como fue el Estatuto de 1980, la Ley 17/2006 y la m¨¢s reciente modificaci¨®n de esta ¨²ltima con la Ley 5/2017. No es ahora nuestra intenci¨®n desgranar y ahondar en estos textos legales, sino destacar la importancia del respeto a las leyes, a la Constituci¨®n y a la efectiva prestaci¨®n del servicio p¨²blico radiotelevisivo independiente y plural, haciendo cumplir el mandato legislativo que nos marcan las leyes vigentes y que pareciera que el propio Parlamento pretende desconocer.

Se debe garantiza una oferta medi¨¢tica para el conjunto de la sociedad que recoja la pluralidad y diversidad presente en Espa?a

La Ley 5/2017, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisi¨®n de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporaci¨®n RTVE y el pluralismo en la elecci¨®n parlamentaria de sus ¨®rganos es, ya desde su t¨ªtulo, toda una declaraci¨®n de intenciones que nos ha hecho recuperar a muchos ciudadanos la esperanza de poder disponer para nuestro pa¨ªs de una RTVE que se organice y gestione de tal forma que el servicio p¨²blico radiotelevisivo sea garante de una oferta medi¨¢tica y comunicacional para el conjunto de la sociedad espa?ola que recoja la pluralidad y diversidad presente en Espa?a, en la que se reconozcan todos los ciudadanos y que no se utilice de forma sistem¨¢tica como una arma arrojadiza del Gobierno de turno y de sus soportes pol¨ªticos, frente al resto de la sociedad.

Esta voluntad del legislador, en cumplimiento del mandato constitucional de su art¨ªculo 20.3 con el que se encabezan estas l¨ªneas, ya se recogi¨® en gran manera en la Ley 17/2006 de la radio y la televisi¨®n de titularidad estatal, y su puesta en marcha inicial supuso un avance notable en la gesti¨®n de nuestra radiotelevisi¨®n p¨²blica, en la que se reconoci¨® un ejercicio profesional m¨¢s independiente, que no solo le otorg¨® el liderazgo de las audiencias en Espa?a sino que tambi¨¦n se granje¨® la credibilidad de sus informativos. Por el contrario, pareciera que los Gobiernos, e incluso el propio Parlamento como un Saturno devorador de su hijos, no resiste esta positiva realidad que incluso se erig¨ªa en otros pa¨ªses, en modelo y referencia de una buena radiotelevisi¨®n p¨²blica; y no solo dilapid¨® su modelo financiero en 2009, sino que someti¨® a la Corporaci¨®n a una crisis cr¨®nica que termin¨® provocando un descabezamiento de su consejo de administraci¨®n y su presidencia, que de alguna manera llega hasta el d¨ªa de hoy: con un consejo en el que parte importante de sus miembros se encuentran con sus mandatos prorrogados desde hace a?os, en lo que supone un evidente desentendimiento del Parlamento espa?ol de sus obligaciones para con RTVE.

Pero, frente a la ilusi¨®n despertada por la aprobaci¨®n de la Ley 5/2017, el Parlamento espa?ol se resiste de nuevo a acometer y poner en marcha la aplicaci¨®n de la ley, incumpliendo sus obligaciones, ignorando la propia legalidad que ¨¦l mismo aprob¨® por consenso general hace escasos meses. Desde luego una situaci¨®n nada edificante desde un punto de vista democr¨¢tico.

Efectivamente, la Ley 5/2017 recupera de alguna manera el modelo de elecci¨®n original por consenso de miembros del consejo de administraci¨®n y presidencia de la Corporaci¨®n RTVE aprobado en 2006; y, para ello, la disposici¨®n transitoria segunda establece que las Cortes Generales aprobar¨¢n, en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley ¡ªrebasado a finales de 2017¡ª, la normativa que contemple la selecci¨®n de los miembros del consejo de administraci¨®n y del presidente de la Corporaci¨®n RTVE por concurso p¨²blico, con la participaci¨®n de un comit¨¦ de expertos designados por los Grupos Parlamentarios. Este comit¨¦ deber¨ªa hacer p¨²blicos sus informes de evaluaci¨®n, que ser¨ªan remitidos a la comisi¨®n competente para la correspondiente audiencia de los candidatos.

El modelo de elecci¨®n responde a una exigencia legal y al respeto debido a los ciudadanos y sus instituciones democr¨¢ticas

Ahora bien, el n¨²mero 2 de esta disposici¨®n transitoria, a?ad¨ªa contradictoriamente que ¡°en tanto no se apruebe la normativa contemplada en el apartado anterior, la elecci¨®n y las comparecencias previstas en el art¨ªculo 11 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisi¨®n de titularidad estatal, se llevar¨¢n a cabo con arreglo al procedimiento vigente¡±, o lo que es lo mismo, dejaba abierta la puerta a mantener provisionalmente el modelo precedente de elecci¨®n de miembros del consejo de administraci¨®n de RTVE y su presidente por mayor¨ªa gubernamental que la propia ley dec¨ªa derogar, bloqueando en la pr¨¢ctica el concurso p¨²blico si no se hace su reglamento.

Esta paradoja reviste una gravedad que se antoja insultante y que m¨¢s bien pareciera un juego de trileros, por el que se nos present¨® una apariencia de modificaci¨®n legal, que por la desidia parlamentaria refuerza un modelo de elecci¨®n de miembros del consejo de administraci¨®n y de su presidente que se dec¨ªa derogar, lo que constituir¨ªa un enga?o a la ciudadan¨ªa y un riesgo a?adido para la independencia, pluralidad, credibilidad y sostenibilidad de la radiotelevisi¨®n p¨²blica espa?ola.

En esta tesitura de esperanzas y temores alternados, el pasado 10 de enero se conoc¨ªa la noticia de que la comisi¨®n encargada de desarrollar el reglamento que har¨¢ posible avanzar en la elecci¨®n del consejo y la presidencia de RTVE volv¨ªa a convocarse.

Los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y Unidos Podemos han planteado con determinaci¨®n el que se haga cumplir, como no puede ser de otra manera, la Ley 5/2017, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para la semana pr¨®xima la reuni¨®n que permite continuar el proceso que amenazaba con interrumpirse y dar al traste con la elecci¨®n de los nuevos cargos de RTVE.

Hoy la situaci¨®n es clara y no debiera de enmara?arse de forma interesada o innecesaria. Porque el informe elaborado por los letrados de las Cortes se?ala acertadamente que no hay otro camino que el cumplimiento de la ley y que su mandato no puede ser vulnerado, ni por el grupo de trabajo al que se encomienda la elaboraci¨®n de la normativa de la propia Ley 5/2017, ni por la propia Mesa de Congreso o del Senado. Y se?ala que, aunque se haya incumplido el plazo legal, ¡°dicha normativa, en definitiva, podr¨ªa ser aprobada en un momento posterior al plazo establecido y, en tanto ello se produzca, por razones de seguridad jur¨ªdica, desplegar¨¢ sus efectos el r¨¦gimen transitorio.¡±

Por tanto, ahora toca aprobar la normativa de elecci¨®n del consejo de administraci¨®n de la Corporaci¨®n RTVE, y de su presidente y, en ese marco, establecer el r¨¦gimen jur¨ªdico del comit¨¦ de expertos y del concurso p¨²blico para dicha elecci¨®n.

Cabe esperar que todos los grupos parlamentarios cumplan ese mandato de la ley que apoyaron y aprobaron. Porque no se trata de un ruego o una posibilidad, sino de una exigencia legal y del respeto debido a los ciudadanos y sus instituciones democr¨¢ticas.

?ngel Garc¨ªa Castillejos es abogado y exconsejero de la CMT,? Rafael D¨ªaz Arias es doctor en Derecho.