Impedir la investidura

Tras proponer Roger Torrent, presidente del Parlament, a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, el Gobierno ha manifestado su voluntad de impugnar esa candidatura ante el Tribunal Constitucional. Y el Consejo de Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, ha dictaminado, en una opini¨®n que no es vinculante, que no existe base suficiente para dicha impugnaci¨®n.

Para el Gobierno, cuya misi¨®n es proteger el inter¨¦s general, impedir la investidura de Carles Puigdemont no solo es un objetivo pol¨ªticamente deseable y jur¨ªdicamente leg¨ªtimo sino una obligaci¨®n inexcusable de la que en modo alguno puede abdicar. Para lograr ese objetivo, el Gobierno tiene ante s¨ª una amplia panoplia de instrumentos pol¨ªticos y legales. Esas actuaciones, como es natural en una democracia y en un Estado de derecho, est¨¢n sometidas tanto a revisi¨®n pol¨ªtica como judicial.

El expresident, huido de la justicia, no solo est¨¢ encausado por grav¨ªsimos delitos. Su negativa a respetar la ley, su reiterada desobediencia al Constitucional y su rechazo a disolver el Parlament son las ¨²nicas responsables de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 y las elecciones del 21-D.

Hay que lamentar que ni el president del Parlament ni los grupos parlamentarios que promueven la candidatura de Puigdemont sean conscientes del da?o al autogobierno y a la convivencia que supondr¨ªa la investidura de Puigdemont. Su persistencia a la hora de desafiar al Estado demuestra su incapacidad de escuchar las demandas de una sociedad fracturada y agotada.

El Gobierno, en nombre de la democracia y la Constituci¨®n, y en representaci¨®n de la ciudadan¨ªa, tiene que agotar todas las v¨ªas pol¨ªticas y legales a su alcance para evitar una investidura que abocar¨ªa a las instituciones del autogobierno a un nuevo conflicto con el Estado. As¨ª funciona el Estado de derecho: tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Constitucional como el Gobierno deben cumplir su papel.