Volvamos a la Constituci¨®n

El 25 de febrero de 1981, apenas dos d¨ªas despu¨¦s del fallido golpe de Estado, en la sesi¨®n de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, abri¨® la sesi¨®n con una declaraci¨®n institucional en la que afirmaba: ¡°Es momento para proclamar nuestra fe en el orden constitucional y declarar paladinamente que hoy un aut¨¦ntico grito de "iViva Espan?a!" no encierra una verdad distinta que la de "?Viva la Constitucio?n!" y "?Viva la democracia!".

Esta declaraci¨®n institucional cobra renovado vigor a la luz de lo ocurrido en los ¨²ltimos a?os de nuestra relativamente joven pero ya no inmadura democracia. La Constituci¨®n, de la que este a?o celebraremos su cuadrag¨¦simo aniversario, no s¨®lo est¨¢ m¨¢s vigente que nunca, sino que ha adquirido mayor importancia para el futuro de nuestra convivencia como comunidad pol¨ªtica. Flaco favor nos har¨ªamos los espa?oles si celebr¨¢ramos nuestra Constituci¨®n tan solo con el espejo del pasado. Es justo y necesario rendirle tributo al tiempo que reivindicamos su futuro.

Al contrario de la imagen caduca que se pretende transmitir desde algunos sectores, la Constituci¨®n Espa?ola de 1978 est¨¢ demostrando su vigencia y utilidad para dar respuesta a las amenazas contra nuestros derechos fundamentales y libertades por parte de la convergencia entre el secesionismo catal¨¢n y el populismo de corte izquierdista radical. El separatismo no s¨®lo ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestra Ley fundamental; ha evidenciado, adem¨¢s, que los males que nos afligen no son consecuencia de nuestra Constituci¨®n, sino de su falta de aplicaci¨®n. De hecho, si se hubiera cumplido y hecho cumplir lo contemplado en el esp¨ªritu y la letra de la Constituci¨®n, el nacionalismo vasco o catal¨¢n -y sus terminales en Navarra, Baleares o Comunidad Valenciana- no habr¨ªan podido hacer uso de la Administraci¨®n p¨²blica para adoctrinar y crear organismos contrarios al pluralismo democr¨¢tico.

Nuestros ¡°problemas¡± territoriales no son fruto de la Constituci¨®n. Las causas no hay que buscarlas en las excusas de malos gobernantes como el ex presidente del Gobierno Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, m¨¢s proclive a eludir responsabilidades y refugiarse en los ¡°encajes¡± de unas ¡°nacionalidades¡± sobre las que el fil¨®sofo Juli¨¢n Mar¨ªas advirti¨® que crear¨ªan graves problemas. La preocupaci¨®n del Premio Pr¨ªncipe de Asturias de Comunicaci¨®n y Humanidades 1996 no era respecto de ¡°las consecuencias que se van a derivar de esto para la naci¨®n espa?ola en su conjunto, sino muy particularmente para aquellas de sus partes que hagan uso pol¨ªtico de este ambiguo, vago y desorientador t¨¦rmino de ?nacionalidad?.¡±

Un peligro que tambi¨¦n estuvo presente en el discurso de investidura del presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, quien no dud¨® en afirmar su compromiso con el autonomismo como expresi¨®n de la patria com¨²n: ¡°S¨ª, sin vacilaciones y sin reservas mentales ni de ning¨²n orden, a las autonom¨ªas, en las que veo no s¨®lo un mandato ineludible de la Constituci¨®n y de los Estatutos. [¡­] Pero no, claramente, a un entendimiento ligero de las autonom¨ªas como disoluci¨®n de una patria com¨²n forjada por la historia y llamada a servir eficazmente, en el terreno no s¨®lo cultural, sino pol¨ªtico, a todos sus hombres.¡±

Mar¨ªas y el presidente Calvo-Sotelo vieron con toda claridad los problemas que pod¨ªa acarrear una interpretaci¨®n torcida de las ¡°nacionalidades¡±. Y no se equivocaron. Los espa?oles hemos presenciado c¨®mo el secesionismo, sin ser una demanda surgida de la sociedad, ha construido en Catalu?a una maquinaria cultural y pol¨ªtica que amenaza gravemente las libertades de los catalanes y, en consecuencia, de todos los espa?oles. Todo ello, como consecuencia de haber hecho de la deslealtad hacia nuestra Constituci¨®n y el agravio impostado el pilar del proyecto excluyente nacionalista. El camino recorrido era evitable si no hubi¨¦semos dejado de aplicar de forma ¨ªntegra la ley suprema de nuestro ordenamiento jur¨ªdico.

Pero los errores del pasado no tienen por qu¨¦ determinar nuestro futuro. Tampoco es necesario recurrir a una bola de cristal para dar soluci¨®n a los problemas que nos aquejan. Miremos a nuestra Ley de Leyes. Reivindiquemos su futuro sin miedo a equivocarnos y demos desarrollo a su contenido, porque dentro de ella encontramos respuesta a los leg¨ªtimos reclamos de la sociedad espa?ola como, por ejemplo, los relativos a la justicia, la democratizaci¨®n de los partidos pol¨ªticos y la existencia de fuerzas que atentan contra el propio modelo de convivencia, debate que ha resurgido con motivo del secesionismo.

Nuestros ¡°problemas¡± territoriales no son fruto de la Constituci¨®n. Las causas no hay que buscarlas en las excusas de malos gobernantes como Zapatero

Ahora que el Consejo de Europa ha cuestionado la independencia de nuestro poder judicial por la ausencia de criterios objetivos en la elecci¨®n de los miembros que forman el Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ), conviene recordar que nuestra Constituci¨®n no prev¨¦ en su articulado que los veinte vocales tengan que ser elegidos por el Poder Legislativo. De hecho, y como es sabido, doce de los veinte miembros del CGPJ eran elegidos por sufragio directo de los miembros de la carrera judicial hasta que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985 cambi¨® el sistema de elecci¨®n para ponerlo enteramente en manos del Congreso y el Senado. Esto demuestra, una vez m¨¢s, la perfecta validez de la Constituci¨®n Espa?ola de 1978 si existe verdadera voluntad de despolitizar la justicia, demanda compartida por una ampl¨ªa mayor¨ªa de espa?oles. Si en su d¨ªa se atribuy¨® a Alfonso Guerra la jactancia de que ¡°Montesquieu ha muerto¡±, ya va siendo hora de resucitarlo.

Respecto a la democratizaci¨®n de las formaciones pol¨ªticas, no es ning¨²n secreto que los partidos pol¨ªticos espa?oles muestran graves deficiencias como instrumentos para la participaci¨®n pol¨ªtica y a la hora de atraer talento a sus filas, principalmente por dos motivos: por un lado, la ausencia de debates pol¨ªticos cre¨ªbles sobre qu¨¦ se quiere hacer con el poder y, por otro, la inexistencia de mecanismos democr¨¢ticos que favorezcan la competencia, de modo que se elija a los mejores, se garantice la transparencia y se reduzca el excesivo presidencialismo que caracteriza a nuestras organizaciones pol¨ªticas. Sin embargo, la Constituci¨®n Espa?ola expresa con toda claridad que ¡°su estructura interna y funcionamiento deber¨¢n ser democr¨¢ticos¡±. Del mismo modo, con respecto a la existencia de partidos que atentan contra nuestro propio modelo de convivencia, establece que ¡°la creaci¨®n [de los partidos] y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constituci¨®n y a la ley¡±.

Volvamos a la Constituci¨®n, fiel reflejo de una idea de Espa?a moderna, plural, con vocaci¨®n reformista y acorde con su historia, para seguir dando continuidad a nuestra Naci¨®n y a lo que somos. Exijamos a nuestros representantes su recta aplicaci¨®n y velemos por su cumplimiento en cada cita electoral. Reform¨¦mosla, en caso de ser necesario ¨Cah¨ª est¨¢ la pendiente reforma electoral-, pero no busquemos soluciones para satisfacer la deslealtad de qui¨¦nes abogan por poner fin al marco que garantiza la libertad y la igualdad de todos los espa?oles. Apliquemos su letra y reivindiquemos su futuro.

Isabel Benjumea Benjumea es directora de Red Floridablanca.

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