La sociedad civil tunecina contra la impunidad policial

Las principales organizaciones de derechos civiles tunecinas han denunciado en repetidas ocasiones que la transici¨®n democr¨¢tica no ha puesto fin a la pr¨¢ctica de la tortura, que fue sistem¨¢tica durante el r¨¦gimen de Ben Al¨ª. Sin embargo, la se?al de alarma ante la impunidad policial no hab¨ªa sonado tan fuerte como el pasado 26 de febrero. Aquel d¨ªa, decenas de agentes armados penetraron en el recinto del tribunal de Ben Arous para presionar al juez en la instrucci¨®n de un raro proceso contra varios polic¨ªas acusados de torturas a un detenido. Un sindicato policial incluso inst¨® a trav¨¦s de un comunicado p¨²blico a sus miembros a boicotear al tribunal, neg¨¢ndose a ofrecerle su protecci¨®n hasta la puesta en libertad de sus compa?eros.

¡°Los hechos del 26 de febrero... constituyen una tentativa grave de obstruir el desarrollo de la justicia por unos agentes que normalmente estan investidos del mandato de hacer respetar la ley, y de perpetuar la impunidad de la que disfrutan las fuerzas de seguridad por cr¨ªmenes como la tortura¡±, critica una carta abierta suscrita por quince influyentes ONG que operan en el pa¨ªs. Entre ellas, la Organizaci¨®n Mundial Contra la Tortura (OMCT), que desde la Revoluci¨®n ha documentado cada a?o decenas de casos de torturas y abusos en comisar¨ªas y c¨¢rceles. Apenas ha habido ninguna condena.

¡°Hace a?os que las organizaciones de defensa de los derechos humanos piden a las autoridades poner fin a la impunidad. Pero desde 2011, la abrumadora mayor¨ªa de las alegaciones cre¨ªbles de torturas y otros abusos imputables a las fuerzas de seguridad no han llevado a un proceso¡±, denuncia la misiva. Las presiones en favor de una reforma profunda del Ministerio del Interior se redujeron notablemente a ra¨ªz de la ola de atentados terroristas de 2015. Los sindicatos de polic¨ªa incluso han pasado a la ofensiva, y en noviembre amenazaron a los l¨ªderes pol¨ªticos de retirarles su protecci¨®n si el Parlamento no aprobaba la ¡°ley contra los ataques a las fuerzas de seguridad¡±, que ha sido considerado inconstitucional por numerosos juristas.