Las violencias del ¡®proc¨¦s¡¯

Conviene reflexionar sobre la naturaleza violenta del proc¨¦s porque parte de la opini¨®n p¨²blica en Catalu?a pero tambi¨¦n en el resto de Espa?a juzga de forma ben¨¦vola lo sucedido. En las manifestaciones soberanistas ¡°jam¨¢s se rompi¨® nada¡±, hemos escuchado decir muchas veces, como si la imagen festiva de las movilizaciones, que tan bien se ha vendido en el extranjero, lo resumiera todo. Antes de debatir si hubo un alzamiento violento en la fase final, conviene detenerse en otras formas de violencia (simb¨®lica, institucional, verbal o psicol¨®gica) en el desarrollo del proc¨¦s,m¨¢s sutiles o soterradas, aunque no vayan a ser juzgadas.

El proc¨¦s arranc¨® con una fuerte invasi¨®n de s¨ªmbolos independentistas en los espacios y edificios p¨²blicos que, por definici¨®n, son de todos. A partir de 2012 empezaron a proliferar esteladas en rotondas, plazas, paseos, parques de bomberos, eventos deportivos e incluso en centros culturales y educativos. Frente a las cr¨ªticas se quiso zanjar la cuesti¨®n afirmando que era libertad de expresi¨®n, obviando que las administraciones no poseen ese derecho. Fue una campa?a de propaganda e intimidaci¨®n de las entidades soberanistas para ¡°marcar el territorio¡±, presionar a aquellos que ten¨ªan dudas, crear sensaci¨®n de unanimidad y proclamar que ya estaba todo decidido. A ello se sum¨® la desaparici¨®n de la bandera espa?ola en las fachadas de much¨ªsimos Ayuntamientos y al cambio expr¨¦s del nombre de calles y plazas que hac¨ªan referencia a la Constituci¨®n o a Espa?a para sustituirlos con cualquier excusa.

Esa intimidaci¨®n simb¨®lica en la calle se acompa?¨® de una violencia institucional. Los poderes locales y auton¨®micos, pero tambi¨¦n las universidades, los sindicatos, los colegios profesionales, o las grandes entidades como el Bar?a, se alinearon a favor del derecho a decidir o hicieron suya la causa secesionista, sin respetar el principio de neutralidad institucional ni la pluralidad interna de unas entidades sociales, culturales o deportivas que son tambi¨¦n un reflejo de la sociedad catalana. Fueron decisiones tomadas por sus c¨²pulas, cuyos dirigentes prefirieron salir en la foto del ¡°momento hist¨®rico, excepcional¡±, en lugar de ser se?alados como indiferentes o, peor a¨²n, como disidentes. A ello hay que a?adir el tantas veces criticado militantismo de los medios p¨²blicos catalanes de comunicaci¨®n, con periodistas y tertulianos haciendo de portavoces de las consignas secesionistas ma?ana, tarde y noche, lo cual ha contribuido a fanatizar a una parte significativa de la sociedad. Todo este clima favoreci¨® la violencia verbal contra los contrarios, se?al¨¢ndolos p¨²blicamente, neg¨¢ndoseles su catalanidad o llam¨¢ndoles ¡°fachas¡±. Tampoco se pueden esconder agresiones contra las sedes de los partidos constitucionalistas o el matonismo de grupos en la universidad.

Por ¨²ltimo, est¨¢ la violencia directa, f¨ªsica, la que aparece en el auto del magistrado Pablo Llarena y que se vincula con el alzamiento para lograr la independencia a partir del 6 y 8 de septiembre pasado. Es mejor no precipitarse a juzgar si los hechos constituyen un delito de rebeli¨®n. No obstante, s¨ª conviene hacer algunas consideraciones. A menudo se afirma que sin una visible ostentaci¨®n de fuerza f¨ªsica no existe sublevaci¨®n contra el orden constitucional. Si por tal cosa entendemos una rebeli¨®n armada, es cierto que no se dio, entre otras cosas porque el golpe no fue militar sino civil. La dificultad para catalogar lo sucedido radica en la novedad del modus operandi. Los l¨ªderes del proc¨¦s, que en la mayor¨ªa de casos eran cargos p¨²blicos, desde diputados hasta miembros del Govern, derogaron la Constituci¨®n y el Estatuto en el Parlament y para legitimar su prop¨®sito secesionista utilizaron la fuerza tumultuaria de las masas que ellos mismos hab¨ªan convocado en colaboraci¨®n con la entidades soberanistas para hacer in¨²til la reacci¨®n del Estado. Es verdad que la multitud en la mayor¨ªa de casos opuso una resistencia pasiva, pero en otros actu¨® de forma intimidatoria o violenta contra la autoridad. A ello hay que a?adir el crucial papel de los Mossos, un cuerpo armado cuya c¨²pula boicote¨® la obediencia al mandato judicial de impedir la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre. M¨¢s a¨²n, hay declaraciones inquietantes como la del exconsejero Joaquim Forn (¡°si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad, no habr¨¢ choque entre polic¨ªas¡±), que indican que se estaba dispuesto a utilizar la polic¨ªa auton¨®mica para completar el plan independentista. M¨¢s all¨¢ de c¨®mo sean considerados penalmente los hechos, en Catalu?a hemos asistido a una insurrecci¨®n, un intento de golpe de Estado, apoyado en nuevas formas pol¨ªticas de rebeli¨®n.

Joaquim Coll es historiador.