El ¡°di¨¢logo¡± de Rafael Rib¨®

Aun cuando la cr¨®nica legislativa y judicial parece mostrar lo contrario, conviene destacar que en el proceso independentista catal¨¢n la judicializaci¨®n resulta forzada por el hecho de que la propia naturaleza de ese proceso consiste en una construcci¨®n normativa, dirigida desde el primer momento a la subversi¨®n del orden constitucional vigente.

Tal prop¨®sito se vio favorecido por un grado excepcional de conocimiento de ese orden que se intentaba destruir en quienes pertenecieron a los m¨¢s altos niveles de la pir¨¢mide judicial del Estado, incluido el Tribunal Constitucional, y por la coexistencia en la actuaci¨®n independentista, de un aprovechamiento al m¨¢ximo de sus competencias asignadas por la ley, hasta forzar sin el menor reparo los usos democr¨¢ticos ¡ªsesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre¡ª y, de modo paralelo, por la adopci¨®n de decisiones radicalmente incompatibles con la Constituci¨®n y el Estatut vigentes, como es la declaraci¨®n unilateral de independencia del 27 de octubre.

Al tropezar la acumulaci¨®n de fraudes de ley con el muro del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n, muy desagradable pero necesario ante el riesgo inminente de demolici¨®n del Estado de derecho y de anulaci¨®n de la voluntad de la mayor¨ªa de catalanes no independentistas, entra en juego el encubrimiento mendaz ¡ªhabr¨ªa sido un inocente ejercicio de libertad de expresi¨®n¡ª y la protesta consiguiente por la aplicaci¨®n de la ley penal a los responsables de las decisiones anticonstitucionales. Solo la impunidad ser¨ªa democr¨¢tica.

Finalmente, seg¨²n estaba previsto, de oponerse ¡°Madrid¡± a la independencia, emerge la intervenci¨®n de minor¨ªas violentas, con el objeto de impedir una vida normal. El estado de excepci¨®n ser¨¢ real en Catalunya: lo impone la CUP.

La movilizaci¨®n de juristas por la independencia resulta l¨®gica. Lo es menos que cargos institucionales tomen la ofensiva, en apoyo abierto de la estrategia independentista, ignorando todas y cada una de sus infracciones, no ya a la norma sino a las reglas democr¨¢ticas.

Por eso el Sindic de Greuges [equivalente auton¨®mico del Defensor del Pueblo espa?ol] no se detiene en las jornadas del 6 y 7 de septiembre, mientras consideraba el caso de los titiriteros ¡°emblema¡± del ¡°retroceso en materia de derechos civiles¡± en ¡°el Reino de Espa?a¡±. Actitud sorprendente en un pol¨ªtico de ejecutoria anta?o equilibrada al frente del PSUC que hoy desemboca en su participaci¨®n al lado de Puigdemont en una conferencia-mitin en Suiza contra la pol¨ªtica seguida por el Gobierno en Catalu?a.

Muestra una concepci¨®n del derecho opuesta al principio de universalidad, que critic¨® Kelsen mirando a su antecedente ideol¨®gico. Los derechos de los constitucionalistas catalanes no cuentan en el informe de Rib¨® al Parlament y s¨ª lo hace ¡°la falta de calidad democr¨¢tica del Estado¡±. ?Objetivo? El Convenio Europeo de Derechos Humanos, para anular ese ¡°patriotismo constitucional¡± nunca de su agrado.