¡®Proc¨¦s¡¯ ilegal y violento

La decisi¨®n del Tribunal de Schleswig-Holstein de inadmitir la petici¨®n de entrega a Espa?a del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de rebeli¨®n no equivale, como han pretendido algunos, a un veredicto incriminatorio sobre la democracia espa?ola, su Estado de derecho ni sus instituciones judiciales. Tampoco puede ser le¨ªda como una absoluci¨®n, total o parcial, de los l¨ªderes independentistas actualmente encausados por el Tribunal Supremo y, por supuesto, menos a¨²n como una legitimaci¨®n de las grav¨ªsimas actuaciones por ellos desarrolladas en los funestos meses de septiembre y octubre del a?o pasado.

Esa lectura no es posible porque, como el propio tribunal alem¨¢n ha explicado, queda acreditado no solo que hubo violencia, sino que ¡°los actos violentos¡± del 1-O ¡°se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum¡±. Cuesti¨®n distinta es que el tribunal no aprecie que el grado de violencia atribuible a Puigdemont fuese tan abrumador como para obligar al Gobierno a ¡°capitular¡± ante sus exigencias, que ser¨ªa el requisito de gravedad que en Alemania convertir¨ªa el delito espa?ol de rebeli¨®n en el alem¨¢n de alta traici¨®n y que permitir¨ªa franquear as¨ª la euroentrega. En consecuencia, el tribunal ha estimado que los delitos no son equivalentes, como exige la Decisi¨®n Marco de 2002 que regula la euroorden, no que el delito no existiera en Espa?a de acuerdo con la legislaci¨®n espa?ola.

Tampoco valida el Tribunal los argumentos de Puigdemont respecto a la comisi¨®n de ¡°persecuci¨®n pol¨ªtica¡± en Espa?a, dejando as¨ª al descubierto la falsedad de la afirmaci¨®n ¡ªque ¨¦ste volvi¨® a repetir a la salida de la prisi¨®n¡ª sobre la existencia de presos pol¨ªticos en Espa?a. No hay por tanto sustento en los intentos de Puigdemont y los suyos de autoabsolverse vali¨¦ndose del pronunciamiento del tribunal alem¨¢n, ni tampoco queda expedita la v¨ªa para un retorno de Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat.

El tribunal no valida los argumentos de Puigdemont sobre la ¡°persecuci¨®n pol¨ªtica¡±

Es cierto que la causa en Tribunal Supremo queda en una posici¨®n dif¨ªcil, pero no imposible, pues el juez Llarena tiene ante s¨ª varias v¨ªas de actuaci¨®n, incluyendo el planteamiento de una cuesti¨®n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea que permita verificar si los jueces alemanes han aplicado correctamente el mecanismo de la euroorden.

Pero m¨¢s all¨¢ del curso judicial que siga el proceso, ni Puigdemont ni los independentistas van a lograr cambiar los hechos que caracterizan su grav¨ªsimo proceder, su deslealtad a la democracia, a la Constituci¨®n espa?ola, a las instituciones del autogobierno catal¨¢n y, en definitiva, a los ciudadanos de este pa¨ªs, cuyos derechos pol¨ªticos han lesionado de forma deliberada en su empe?o de promover un proceso de secesi¨®n ilegal y de ruptura de nuestro pa¨ªs.

Esos hechos son claros y est¨¢n a la vista de todos. Incluyeron derogar la Constituci¨®n y el Estatut; elevar unas leyes sediciosas votadas por medio Parlament a sustitutos de esas normas supremas; y hacerlo desobedeciendo a los tribunales y sin la concurrencia de mayor¨ªa cualificada, y por m¨¦todos que privaron a la oposici¨®n (que representa a m¨¢s de la mitad de los catalanes) de sus funciones representativas y de control. Todo ello constituy¨® un golpe de Estado que no solo merece condena pol¨ªtica sino reprobaci¨®n judicial aunque corresponda a los tribunales establecer los tipos de aplicaci¨®n concretos.

La democracia espa?ola ha estado en peligro. Por fortuna, su Estado de derecho funciona

Independientemente de su calificaci¨®n judicial, el proc¨¦s tuvo un car¨¢cter violento: hubo usos indebidos y exorbitantes de la fuerza: hubo obstrucci¨®n f¨ªsica de la Justicia; destrucci¨®n de veh¨ªculos policiales; ocupaci¨®n ilegal de carreteras; obstaculizaci¨®n de v¨ªas f¨¦rreas con peligro para la integridad de los propios actuantes; intimidaciones y escraches contra personas, partidos y asociaciones considerados rivales o enemigos; violencia sobre objetos callejeros; y actuaciones del Govern y de la polic¨ªa auton¨®mica tendentes a facilitar algunos de esos abusos. Y sobre todo, fue un proceso presidido por la coacci¨®n, pues se viol¨® la ley de forma sistem¨¢tica para intentar imponer a la ciudadan¨ªa, desde la calle y desde las instituciones, una secesi¨®n unilateral, ilegal y obligatoria.

El secesionismo catal¨¢n pretendi¨® situar al Estado ante el dilema de desbordar al Estado y forzarle a allanarse ante una independencia impuesta de forma ilegal; o bien emprender una actuaci¨®n extrema cuyos perfiles sirviesen para autoinflingirse descr¨¦dito y un alto coste reputacional. Como carec¨ªa del apoyo de la mayor¨ªa social, el movimiento independentista pretendi¨® imponerse por la v¨ªa de los hechos consumados. Una v¨ªa que, pese a algunas autocr¨ªticas, todav¨ªa no ha desechado de forma clara ni rotunda.

Ni el tribunal alem¨¢n ni la propaganda independentista pueden cambiar esos hechos, que son ya parte de la historia de los espa?oles y su lucha por mantener la democracia. La democracia espa?ola ha sido sometida a una dura prueba y ha estado en grave peligro. Pero su Estado de derecho y sus instituciones judiciales funcionan.