El posible pacto del agua

Las precipitaciones medias en Espa?a se han reducido en torno al 20% en los ¨²ltimos quince a?os, lo que es compatible con episodios intensos de lluvias torrenciales. Ninguna pol¨ªtica de agua puede obviar esta realidad, que cuestiona la confianza en la existencia de cuencas estructuralmente excedentarias, capaces de aportar agua a las cuencas deficitarias: despu¨¦s de cuatro a?os de sequ¨ªa, en 2017 se alcanzaron m¨ªnimos hist¨®ricos en las cuencas del Duero y del norte.

De ello se deduce la necesidad de una ¡°transici¨®n hidrol¨®gica¡±, a semejanza de la transici¨®n energ¨¦tica. En ambos casos, su dise?o debe tener en cuenta el avance gradual hacia los m¨¢ximos niveles de eficiencia en el uso de los recursos propios, reduciendo as¨ª la dependencia de cada territorio respecto de recursos externos, anticipando eventuales efectos sociales negativos. Hoy existen tecnolog¨ªas para satisfacer la demanda utilizando menos recursos, con menor impacto ambiental.

Por ello, resultar¨ªa muy cortoplacista si el Gobierno plantease al PSOE un pacto del agua circunscrito a compartir la responsabilidad sobre trasvases. En el caso del trasvase Tajo-Segura, el Gobierno ha perdido seis a?os para garantizar en la cuenca receptora una mayor disponibilidad de agua, en particular culminando la construcci¨®n de las denostadas plantas desaladoras, que aportan agua siempre, llueva o no en la cabecera del Tajo. A pesar del retraso en su desarrollo, las plantas en funcionamiento han atendido, durante esta sequ¨ªa, el abastecimiento e incluso parte del regad¨ªo. El trasvase Tajo-Segura genera enfrentamientos innecesarios entre territorios, que podr¨ªan evitarse promoviendo un mayor grado de autosuficiencia de la cuenca del Segura.

Una pol¨ªtica coherente sobre el agua no puede limitarse a un acuerdo sobre los trasvases

El PSOE ha impulsado una subcomisi¨®n parlamentaria sobre agua y cambio clim¨¢tico; y creemos imprescindible que la planificaci¨®n hidrol¨®gica incorpore las exigencias de la Comisi¨®n Europea, que requiere a Espa?a un adecuado control p¨²blico del consumo de agua, el establecimiento de precios que incentiven el uso eficiente del agua, la transparencia en la aplicaci¨®n de subvenciones, medidas eficaces contra la contaminaci¨®n y la sobreexplotaci¨®n de los acu¨ªferos, la fijaci¨®n de caudales ecol¨®gicos para garantizar el mantenimiento de los ecosistemas fluviales... Resulta urgente cumplir con la directiva europea sobre calidad del agua; no solo por evitar sanciones, sino porque las aguas residuales adecuadamente depuradas pueden reutilizarse, aumentando los recursos disponibles. Un ejemplo: en la Comunidad de Valencia se podr¨ªan reutilizar unos 300 hm³ al a?o (cinco veces la cuant¨ªa autorizada para trasvasar desde la cabecera del Tajo), aprovechando las aguas residuales, tratadas en depuradoras; hoy d¨ªa las vierten al mar.

Para avanzar hacia los deseables consensos sociales y pol¨ªticos, ser¨ªa imprescindible disponer de un conocimiento m¨¢s riguroso del contenido de los derechos concesionales vigentes, como exige la Comisi¨®n Europea. Por eso, el PSOE plantea la necesidad de llevar a cabo una ¡°auditor¨ªa hidrol¨®gica¡±, similar a la solicitada en la transici¨®n energ¨¦tica.

Todo lo anterior ha sido trasladado a la ministra competente. Estamos tambi¨¦n pendientes de comprobar si los Presupuestos Generales del Estado permiten cumplir la ley sobre sequ¨ªa, aprobada recientemente, que incorporaba, a propuesta del PSOE, un plan de choque para aumentar los recursos de la desalaci¨®n y la reutilizaci¨®n, la subvenci¨®n del agua desalada para usos agr¨ªcolas y la creaci¨®n de un fondo espec¨ªfico de 1.000 millones para compensar las p¨¦rdidas causadas por la sequ¨ªa. De momento, las cuentas p¨²blicas recogen una cuant¨ªa menor para la inversi¨®n en pol¨ªtica del agua sobre la cifra de 2017.

La pol¨ªtica del agua del siglo XXI debe dejar atr¨¢s un enfoque casi exclusivo de oferta, que ha propiciado costos¨ªsimas infraestructuras hidr¨¢ulicas ¡ªcuyo uso puede y debe optimizarse¡ª, para dar prioridad a un enfoque de demanda, con gesti¨®n integral de las aguas superficiales, las subterr¨¢neas y las procedentes de la desalaci¨®n y de la reutilizaci¨®n; y un enfoque que refuerce el car¨¢cter p¨²blico y el valor ecol¨®gico del agua.

Corresponde al Gobierno decidir si est¨¢ dispuesto a modificar la inercia de una pol¨ªtica que hoy destaca m¨¢s por la ingente obra p¨²blica acumulada y por la conflictividad entre territorios que por la capacidad de gesti¨®n p¨²blica de un bien imprescindible para la vida y para el progreso, reconocido como un derecho por parte de Naciones Unidas.

Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente y es presidenta del PSOE.