Europa debe proteger a los periodistas
Si los informadores no pueden trabajar de manera libre y segura, las fuerzas antidemocr¨¢ticas prosperar¨¢n
Los brutales asesinatos de los periodistas de investigaci¨®n Daphne Caruana Galizia y Jan Kuciak nos recuerdan tr¨¢gicamente que Europa sigue siendo un lugar peligroso para los periodistas. La manera en que los Estados europeos respondan a estos asesinatos moldear¨¢ no solo el futuro de la prensa, sino tambi¨¦n el de nuestras democracias.
Basta echar un vistazo a los datos disponibles para comprender la gravedad de la situaci¨®n. Solamente en los ¨²ltimos doce meses, seis periodistas fueron asesinados, la mitad de ellos en la Uni¨®n Europea. Desde 1992, m¨¢s de 150 periodistas han sido asesinados en nuestro continente, uno cada dos meses. Algunos cubr¨ªan guerras, pero la mayor¨ªa fueron asesinados mientras trataban de iluminar los rincones oscuros donde confluyen la corrupci¨®n, el crimen y la pol¨ªtica. Muchos de ellos solicitaron protecci¨®n policial, pero las autoridades estatales ignoraron dichas solicitudes.
Si los asesinatos representan la forma m¨¢s extrema y m¨¢s visible de silenciar a los periodistas, existen tambi¨¦n otras amenazas perniciosas y menos notorias que afectan igualmente las libertades y la seguridad de los periodistas en Europa. Un informe publicado recientemente por el Index on Censorship y la Federaci¨®n Europea de Periodistas muestra que 220 periodistas fueron detenidos o arrestados en 2017 y que hubo m¨¢s de 1000 casos de limitaciones a la libertad de prensa, a menudo a manos de agentes estatales. Desde 2015, el Consejo de Europa ha recibido m¨¢s de 160 alertas de ataques, acoso e intimidaci¨®n contra periodistas y una encuesta de 2017 muestra que muchos periodistas recurren a la autocensura para evitar problemas.
Esta atm¨®sfera t¨®xica envenena la democracia. Los ataques contra periodistas, ya sean destacados reporteros de investigaci¨®n o freelances precarios, van siempre m¨¢s all¨¢ del caso individual y nos conciernen a todos. Si los periodistas no pueden trabajar de manera libre y segura, se hace m¨¢s dif¨ªcil el poder sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos, la corrupci¨®n o el abuso de poder. El p¨²blico recibe menos informaci¨®n de la que necesita para participar activamente en el proceso de toma de decisiones. Y las fuerzas antidemocr¨¢ticas prosperan.
Es por eso que la libertad de prensa constituye un derecho humano bien asentado en los tratados internacionales, las leyes nacionales y las constituciones. Tal y como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado en varias de sus sentencias, los Estados tienen la obligaci¨®n de defenderlo y de proteger la vida de los periodistas. En caso de que no la protejan, los Estados siguen teniendo la obligaci¨®n de llevar a cabo investigaciones efectivas sobre los homicidios y castigar a los culpables.
Lamentablemente, los Estados europeos muy a menudo no cumplen con dichas obligaciones.
Tomemos como ejemplo las investigaciones de los cr¨ªmenes contra periodistas. A menudo se prolongan durante a?os y, aunque a veces se lleva ante la justicia a los culpables materiales, raramente se castiga a los inductores de tales cr¨ªmenes. Tal fracaso inflige un dolor adicional a los periodistas y a sus familias y fomenta una sensaci¨®n de impunidad que allana el camino para nuevos ataques contra periodistas.
En el mejor de los casos, muchos pol¨ªticos permanecen indiferentes ante las amenazas a los periodistas. Deben proteger la libertad de prensa, no enterrarla
Si a los Estados les preocupa la democracia y el Estado de derecho, deben volverse m¨¢s serios en la implementaci¨®n de los est¨¢ndares de derechos humanos que han adoptado sobre la seguridad de los periodistas y otros actores de los medios de comunicaci¨®n. Deben pasar a la acci¨®n.
Un punto de partida es la recomendaci¨®n que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa ¡ªque incluyen a todos los pa¨ªses de la UE¡ª firmaron en 2016. El texto proporciona medidas concretas para cumplir con el deber de los Estados de proteger la vida de los periodistas y poner fin a la impunidad de los cr¨ªmenes cometidos contra ellos.
Tres son las medidas que considero que los Estados pueden y deben adoptar a corto plazo.
En primer lugar, garantizar la protecci¨®n. La polic¨ªa y los agentes del orden p¨²blico no deben pasar por alto las amenazas contra los periodistas ni descuidar las solicitudes de protecci¨®n. Algunos pa¨ªses cuentan con una buena experiencia sobre c¨®mo garantizar la protecci¨®n policial y deben compartirla con los dem¨¢s. El aumento de la cooperaci¨®n con organizaciones internacionales, organizaciones de periodistas y observatorios independientes sobre la violencia contra periodistas tambi¨¦n ayudar¨ªa a aumentar la capacidad de los Estados para proteger a los periodistas en una primera etapa.
En segundo lugar, terminar con la impunidad. La polic¨ªa y el poder judicial deben poder investigar todos los casos de violencia contra periodistas, incluidos los que involucran a agentes estatales, y enjuiciar a los perpetradores. Esto requiere una fuerza policial bien entrenada y efectiva, y un poder judicial verdaderamente independiente, libre de influencia pol¨ªtica y capaz de perseguir a las m¨¢s altas esferas del Estado si es necesario.
En tercer lugar, cambiar la legislaci¨®n. El legislador debe adoptar leyes que protejan a los periodistas y que los defiendan contra presiones indebidas. Con respeto a la difamaci¨®n, se deber¨ªa despenalizar por completo, prever solo sanciones civiles proporcionadas y penalizar a quienes abusen de las denuncias por difamaci¨®n para silenciar a los periodistas. Adem¨¢s, las leyes que abordan la desinformaci¨®n, el terrorismo o las cuestiones de seguridad no deben limitar las libertades y la seguridad de los periodistas.
Estas medidas son posibles en la medida en que haya voluntad pol¨ªtica. Y aqu¨ª llegamos al meollo de la cuesti¨®n. En el mejor de los casos, muchos pol¨ªticos permanecen indiferentes ante las amenazas a los periodistas. En el peor, instigan la violencia e infunden desconfianza hacia la prensa. Esta actitud hostil debe cambiar: los pol¨ªticos deben proteger la libertad de prensa, no enterrarla.
Los asesinatos de Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak y muchos otros periodistas no fueron fruto del azar, sino que se debieron a deficiencias estructurales en las instituciones del Estado que deber¨ªan haberlos protegido. Esta situaci¨®n pone en peligro tanto a los periodistas como a la democracia. Ya es hora de que los Estados lo reconozcan y garanticen la seguridad de los periodistas y del resto actores de los medios de comunicaci¨®n.
Dunja Mijatovi? es comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos.
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