Injerencia inadmisible

Dentro de una sentencia pol¨¦mica que ha enardecido a buena parte de la opini¨®n p¨²blica al considerar el ataque de La Manada abuso sexual, y no violaci¨®n, el voto particular del juez Ricardo Gonz¨¢lez est¨¢ desembocando en un desprop¨®sito may¨²sculo por parte del Gobierno. Este juez solicit¨® la absoluci¨®n de los cinco acusados al considerar que lo que se vivi¨® en la madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de Pamplona fueron ¡°actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo¡±.

Es de celebrar que se extienda la tolerancia cero de la sociedad ante agresiones como la que sufri¨® la v¨ªctima a manos de cinco hombres en aquel San Ferm¨ªn, y tambi¨¦n que la sentencia abra el debate sobre la tipificaci¨®n de los delitos contra la libertad sexual y la definici¨®n de los grados y car¨¢cter de la violencia e intimidaci¨®n ejercidos. Pero la forma en que el Gobierno se ha aferrado a este caso para intentar exhibir iniciativa, levantar la bandera del endurecimiento inmediato del C¨®digo Penal y descalificar al juez discrepante es populista, oportunista e indigna de una democracia en la que la separaci¨®n de poderes es parte fundamental. Las asociaciones de jueces y fiscales tienen toda la raz¨®n al criticar al ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, que ayer declar¨®: ¡°Todos saben que este juez tiene alg¨²n problema singular, me sorprende que el Consejo no act¨²e¡±. Si el ministro ten¨ªa conocimiento de alguna circunstancia que debiera haber provocado su inhabilitaci¨®n, tendr¨ªa que haberla comunicado a la autoridad correspondiente y no insinuarla ante los medios. Catal¨¢ ha ca¨ªdo en la frivolidad, en la irresponsabilidad y en la burla a la separaci¨®n de poderes, intentando apuntarse un tanto en lugar de cumplir con el escrupuloso respeto a los jueces. El Gobierno es responsable de gobernar para que las leyes que los jueces aplican respondan al sentido de la justicia que le hemos de exigir. Lo dem¨¢s, sobra.