Reinserci¨®n con barreras levantadas

El jueves d¨ªa 10 Rajoy se reuni¨® con representantes de 25 colectivos de v¨ªctimas de ETA para sondear sus opiniones sobre la disoluci¨®n de la banda. El presidente est¨¢ presionado por esos colectivos, que a veces parecen actuar como si fuera suya la responsabilidad de dise?ar la pol¨ªtica penitenciaria (lo que siempre han negado). Pero tambi¨¦n est¨¢ bajo presi¨®n del PNV y del Gobierno vasco, que le instan a explorar posibles iniciativas a favor del fin de la dispersi¨®n dado que los motivos por los que se plante¨® han dejado de tener sentido tras la disoluci¨®n de ETA.

En la reuni¨®n del Pacto Antiterrorista, el mismo d¨ªa 10, con participaci¨®n de once partidos entre los que no estaba el PNV, fracas¨® el intento de firmar una declaraci¨®n conjunta que certificara que ETA no se ha disuelto voluntariamente, sino que ha sido disuelta tras su derrota policial y judicial.

Hay 242 presos de ETA en c¨¢rceles espa?olas y 51 m¨¢s en c¨¢rceles francesas. Decir que es un problema de ETA y no de los ciudadanos es poco realista, especialmente si se pone en relaci¨®n con el desaf¨ªo independentista catal¨¢n, que se juega en buena medida en el marco de la opini¨®n p¨²blica internacional.

En mayo de 2012, el ministro del Interior present¨® un plan de reinserci¨®n que suscit¨® el rechazo de las asociaciones de v¨ªctimas y del colectivo de presos para el que ¡°cualquier planteamiento basado en el arrepentimiento nace muerto¡±. En los siete a?os transcurridos desde el abandono de las armas hasta su disoluci¨®n ha habido varias iniciativas destinadas a convertir en irreversible ese desenlace. Es decir, de convertir en improbable cualquier intento de disidencia por parte de los presos. Una pol¨ªtica antiterrorista prudente no pod¨ªa ignorar esos riesgos ni despreciar la necesidad de mantener v¨ªas de acceso a la reinserci¨®n. Pero una reforma del C¨®digo Penal (CP) de 2003 dificulta aplicar esas pol¨ªticas.

Tras esa reforma, el art¨ªculo 90 del CP especifica las condiciones especiales exigibles a los presos condenados por terrorismo para poder acceder a la libertad condicional. La m¨¢s pol¨¦mica es la referente a la colaboraci¨®n con las autoridades orientada a impedir otros delitos, y tambi¨¦n a la identificaci¨®n, captura y procesamiento de responsables de delitos anteriores. Pero no es lo mismo colaborar para evitar un atentado que hacerlo para esclarecer uno de hace d¨¦cadas. Gerry Adams, l¨ªder del Sinn Fein, hizo en marzo de 2009 un llamamiento p¨²blico a colaborar con la polic¨ªa del Ulster, desplegada tras los acuerdos de Viernes Santo, para frenar una ofensiva de sectores disidentes que hab¨ªan asesinado a tres personas en pocos d¨ªas.

No es lo mismo autoinculparse que acusar a otros. Adriana Faranda, dirigente de las Brigadas Rojas que particip¨® en 1978 en el secuestro de Aldo Moro, estaba en contra del asesinato del dirigente dem¨®crata-cristiano, pero qued¨® en minor¨ªa y abandon¨® la organizaci¨®n. Un a?o despu¨¦s fue detenida y condenada a cadena perpetua. En la c¨¢rcel encabez¨® un grupo que renunciaba a la violencia y se autoinculpaba, pero sin denunciar a sus excamaradas. Aqu¨ª, si la cl¨¢usula de colaboraci¨®n hubiera estado vigente en 1986, Yoyes, asesinada por desligarse de ETA y acogerse a la reinserci¨®n, no habr¨ªa podido hacerlo.