Catalu?a: Espa?a no escapa al juicio europeo

El mi¨¦rcoles pasado, la justicia belga rechaz¨® la solicitud de extradici¨®n de los tres exconsejeros catalanes que envi¨® la justicia espa?ola mediante una orden europea de detenci¨®n en marzo. Por desgracia, los jueces belgas ni siquiera han podido pronunciarse sobre el fondo del debate, sino solo corroborar que sus colegas espa?oles no hab¨ªan incorporado a la solicitud todos los elementos que se les hab¨ªan pedido.

Espa?a ha emitido euro¨®rdenes similares contra otros dos exconsejeros refugiados en Reino Unido y Suiza y contra el expresident Carles Puigdemont en Alemania, donde hab¨ªa sido arrestado ¡ªy luego puesto en libertad¡ª cuando volv¨ªa de Finlandia a B¨¦lgica.

La decisi¨®n de los jueces belgas, la primera de varias que se avecinan, ha sido acogida con frialdad por las autoridades espa?olas y la opini¨®n mayoritaria en Espa?a, que ven en B¨¦lgica a un aliado t¨¢cito del independentismo catal¨¢n desde que su primer ministro critic¨® la violenta represi¨®n de los votantes en el refer¨¦ndum del 1 de octubre, y a¨²n m¨¢s desde que el juez espa?ol tuvo que retirar apresuradamente una primera orden europea de detenci¨®n ante la probabilidad de que fuera rechazada.

La decisi¨®n de los jueces belgas, aunque haya sido por defectos de forma, constituye el primer rev¨¦s jur¨ªdico y pol¨ªtico que sufre el Estado espa?ol en Europa, y tiene dos consecuencias. La primera, material: a partir de ahora ya no ser¨¢ posible importunar a los exconsejeros catalanes en territorio belga. En teor¨ªa, s¨ª ser¨ªa posible si se desplazan a otro pa¨ªs de la Uni¨®n, donde se repetir¨ªa el mismo procedimiento de la euroorden. Pero hay otros tres Estados europeos que deben pronunciarse pr¨®ximamente y todo parece indicar que van a seguir los pasos de los magistrados belgas.

La crispaci¨®n judicial del Estado es una amenaza contra su propia capacidad y la de su sociedad para administrar y resolver las tensiones internas

Pero la consecuencia m¨¢s importante es pol¨ªtica y simb¨®lica: Madrid ha perdido una primera batalla que, en realidad, quer¨ªa evitar a toda costa: que la cuesti¨®n catalana se convierta en una cuesti¨®n europea. Hasta ahora, las autoridades espa?olas hab¨ªan conseguido, con unos esfuerzos pol¨ªticos y diplom¨¢ticos tan obstinados como eficaces, que todos sus socios europeos dijeran que Catalu?a era un problema interno y que, por tanto, deb¨ªa resolverse con arreglo a las normas y los principios del Estado espa?ol (la m¨¢s elocuente fue la Comisi¨®n Europea, que, como le corresponde, llam¨® al orden a los Estados que se apartan del derecho y los valores europeos).

Es decir, hasta ahora, la autoridad del Estado de derecho y la legitimidad de las reivindicaciones independentistas o de su represi¨®n por parte del Estado eran incumbencia exclusiva de Espa?a y la opini¨®n p¨²blica mayoritaria espa?ola. Pero con su decisi¨®n de perseguir a los ¡°sediciosos¡± en los pa¨ªses a los que hab¨ªan huido para no entrar en prisi¨®n, Espa?a ha trasladado las competencias del Estado de derecho espa?ol al ¨¢mbito europeo. Como consecuencia, mientras que se ha encarcelado por sus convicciones independentistas a unos exdirigentes catalanes democr¨¢ticamente elegidos, en medio de una unanimidad nacional que no deja lugar a dudas, la decisi¨®n judicial belga demuestra que, en el fondo, Espa?a no ha respetado el derecho europeo. El fallo de los jueces belgas, pese a fijarse solo en aspectos formales, da un golpe a la tesis nacional espa?ola seg¨²n la cual el Estado se limita a perseguir, con total independencia de la justicia y dentro del respeto a las leyes, a unos simples criminales que han organizado la revuelta de la poblaci¨®n contra el orden institucional.

Y, m¨¢s en general, el fallo demuestra impl¨ªcitamente lo que salta a la vista desde el principio de la represi¨®n del independentismo catal¨¢n: que no se trata de un problema judicial, que vaya a resolverse en los tribunales, sino de un problema pol¨ªtico, que solo se resolver¨¢ por la v¨ªa pol¨ªtica.

El ¨²nico efecto palpable de la criminalizaci¨®n del problema catal¨¢n por parte del Estado espa?ol es el refuerzo del independentismo en la sociedad catalana e incluso su radicalizaci¨®n, como deja claro la elecci¨®n del nuevo presidente, cuyas declaraciones previas, te?idas de racismo, son indignas de un dirigente pol¨ªtico. Estamos, pues, ante dos radicalizaciones sim¨¦tricas. ?Cu¨¢l es la m¨¢s peligrosa? La radicalizaci¨®n independentista pone en peligro la cohesi¨®n de Catalu?a y de Espa?a entera, algo que no desea ning¨²n defensor de los valores fundamentales europeos, empezando por la solidaridad. Pero la crispaci¨®n judicial del Estado es una amenaza contra su propia capacidad y la de su sociedad para administrar y resolver las tensiones internas. Espa?a no es, en absoluto, el ¨²nico pa¨ªs de la UE que vive este tipo de problemas. Por eso el problema catal¨¢n es un problema europeo. Y, como los l¨ªderes pol¨ªticos de la Uni¨®n no lo han abordado en serio, la responsabilidad ha reca¨ªdo sobre los jueces, especialmente los belgas. Pero los jueces solo pueden se?alar los problemas. No les corresponde dar la soluci¨®n.

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Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia