Gobierno zombi

La Audiencia Nacional ha considerado probada la existencia de ¡°un aut¨¦ntico y eficaz sistema de corrupci¨®n institucional¡± forjado por el Partido Popular y la red encabezada por Francisco Correa; la existencia de la caja?B del partido; ha negado credibilidad al testimonio del presidente Rajoy; y ha condenado a 29 de los 37 acusados a altas penas de c¨¢rcel: 51 a?os en el caso de Correa y 33 en el del tesorero Luis B¨¢rcenas, que asume tambi¨¦n una multa de 44 millones. Su esposa, Rosal¨ªa Iglesias, afrontar¨¢ 15 a?os de prisi¨®n.

El golpe no tiene precedentes en la Espa?a democr¨¢tica. El mazazo alcanza sobre todo a la credibilidad del partido que ha gobernado este pa¨ªs entre 1996 y 2004 y desde 2011 hasta la actualidad, adem¨¢s de importantes comunidades aut¨®nomas y municipios. Otras piezas separadas han empezado ya y seguir¨¢n dando cuenta de irregularidades en la Comunidad Valenciana, la de Madrid y numerosos Ayuntamientos; pero la sentencia pronunciada este jueves, que afecta al juicio central del caso, coloca un foco potente y ya insoslayable sobre las miserias de una etapa y un estilo de las que los actuales dirigentes no pueden desvincularse ni quedar pol¨ªticamente impunes.

A lo largo de nueve a?os de investigaci¨®n, el actual presidente, Rajoy, la secretaria general, Dolores de Cospedal, y expresidentes auton¨®micos ya defenestrados por las sombras que arrojaron los casos, como Francisco Camps o Esperanza Aguirre, han negado los hechos, se han situado a la defensiva e incluso ¡ªcon insoportables dosis de cinismo¡ª se han declarado v¨ªctimas de los corruptos. La realidad judicial que siempre esperaron para salvarse de las cr¨ªticas y sospechas durante la instrucci¨®n ya ha llegado, y es devastadora.

La negaci¨®n de los hechos y el recurso a un pasado lejano y, supuestamente, superado, no puede continuar. Al igual que han hecho con la orden de detenci¨®n del exministro Zaplana, los portavoces y responsables del PP intentan afanarse estos d¨ªas para demostrar que aquellos barros no traen lodos y que todo es pasado. Pero la sociedad no puede aceptar el giro oportunista ni la pirueta dial¨¦ctica con los que intentan desvincularse de la era de Aznar, de la que el propio Rajoy es hilo conductor hasta el presente.

La sentencia desnuda el poder del presidente del Gobierno, que deber¨ªa ser capaz de reconocer, no ya el da?o y el robo causado a la sociedad que gobernaba, sino el vaciamiento de los pilares sobre los que lo sigue haciendo. Esta sentencia deja a Rajoy en una posici¨®n incompatible con la autoridad pol¨ªtica y moral que se requiere para el ejercicio de su cargo.

El Gobierno estaba ya da?ado por la gesti¨®n de la crisis independentista, por la debilidad de su situaci¨®n parlamentaria y, desde ayer, lo est¨¢ mucho m¨¢s por una sentencia que se?ala negro sobre blanco la suciedad de finanzas del partido que lo sostiene, de la gesti¨®n que ha hecho de ese problema y la nula ejemplaridad que hoy ofrece a la sociedad. La justicia ha funcionado y debemos felicitarnos por ello. La pol¨ªtica a¨²n no lo ha hecho, y no puede seguir camuflada en la impunidad.