Fresas sin explotaci¨®n ni acoso sexual
Las circunstancias que rodean a las temporeras de Huelva crean un panorama de impunidad donde los abusos proliferan sin ninguna garant¨ªa de derechos fundamentales
Pastori Filigrana (Sevilla, 1981) creci¨® en El Turru?uelo, un barrio de Triana de casas bajas. Es hija de obreros, gitana e incapaz de no moverse frente a lo que considera injusto. Por eso estudi¨® Derecho. Lleva a?os participando en movimientos sociales, asociaciones y organizaciones que luchan, de una u otra manera, desde la ¨¦tica y contra los abusos pol¨ªticos, sociales, hipotecarios o patronales. Pone ahora voz a esa denuncia por abusos y agresiones sexuales a temporeras marroqu¨ªes que llevan ocurriendo a?os, pero que rara vez encuentran caja de resonancia.
El relato de Filigrana: Las fresas amargas de Huelva
Este es el relato de c¨®mo viven las temporeras marroqu¨ªes, las que recogen la fresa en Huelva. Una realidad que he conocido colaborando con el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, y junto a otras organizaciones que implicadas en la defensa de los derechos sociales de las trabajadoras y trabajadores de la zona. Es una historia compleja y poli¨¦drica, con muchas aristas. Existen muchos actores en ella, muchos intereses dispares; y construir un relato global como este siempre tiene sus riesgos.
Hay un importante motor econ¨®mico en la venta de fruto rojo del que Andaluc¨ªa no puede prescindir; hay miles de inmigrantes y aut¨®ctonos que necesitan los jornales del trabajo de la fresa para subsistir; una Administraci¨®n P¨²blica sin voluntad ni recursos para garantizar los derechos de todos los trabajadores; sindicatos que no quieren conflictos con la patronal; y voces de denuncias que no convienen a nadie.
En Huelva hay 7.000 hect¨¢reas dedicadas a la agricultura intensiva, principalmente de frutos rojos. Son los famosos invernaderos de la fresa de Huelva. Una agricultura intensiva que produce el 95% de la producci¨®n de fresa espa?ola. Un modelo agr¨ªcola que el movimiento ecologista denuncia como insostenible por el uso intensivo que se hace de las reservas acu¨ªferas de la provincia, entre otros factores.
A parir de la d¨¦cada de los noventa comienza este modelo de agricultura intensiva que convierte a esta zona en receptora de inmigraci¨®n temporal para la campa?a de recogida. En un primer momento, la mano de obra la compon¨ªan portugueses y jornaleros andaluces. Tras el crecimiento econ¨®mico que Espa?a experiment¨® entre los ochenta y los noventa, los espa?oles fueron abandonando progresivamente los trabajos duros y precarios del sector agr¨ªcola para buscar empleo en el sector servicios.
Fue ante esta necesidad que la Administraci¨®n P¨²blica implement¨® la contrataci¨®n en origen de los temporeros. Este tipo de contrato permite a los empresarios de la fresa disponer de un cupo de trabajadores inmigrantes que tendr¨¢n una autorizaci¨®n temporal de residencia y trabajo para el tiempo que dure la campa?a. Es una contrataci¨®n colectiva que se realiza en los pa¨ªses de origen de las trabajadoras. Pr¨¢cticamente la totalidad son mujeres.
Los primeros contingentes de trabajadoras fueron de Polonia, Ruman¨ªa y Bulgaria. A partir del a?o 2006, comenzaron a ser mujeres marroqu¨ªes. La patronal fresera se quejaba de que muchas mujeres de Europa del este no cumpl¨ªan con sus contratos tras finalizar la campa?a y no retornaban a sus pa¨ªses de origen, entre otros conflictos. As¨ª, aquel a?o se puso en marcha el Programa de Gesti¨®n ?tica de la Inmigraci¨®n Temporera entre Marruecos y la provincia de Huelva y se firma el convenio de colaboraci¨®n entre el Ayuntamiento de Cartaya y la ANAPEC (Agencia Nacional para la Promoci¨®n del Empleo y de las Competencias de Marruecos).
Se busca temporera casada, divorciada o viuda y con un hijo (menor de edad)
La patronal fresera establece el cupo de trabajadoras y requisitos que deben cumplir y la ANAPEC hace la selecci¨®n. Son varios los requisitos imprescindibles para su contrataci¨®n: ser mujer, ser originaria de un medio rural, tener experiencia en la agricultura, estar casada (con carta de autorizaci¨®n del marido), divorciada o viuda y poderlo justificar, y como requisito m¨¢s importante, tener al menos un hijo menor. Estas condiciones permiten que tengan ataduras en su pa¨ªs, lo que condiciona que estas mujeres regresen a su hogar junto a sus familias. Unos criterios muy pol¨¦micos: somos muchas las voces que los consideramos inconstitucionales. Las solicitudes de los empresarios con los requisitos no est¨¢n publicadas. La investigadora marroqu¨ª Chadia Arab confirma en su investigaci¨®n que estos son los requisitos que aplica ANAPEC en la selecci¨®n de mujeres. El Gobierno espa?ol no lo desmiente y la realidad se impone, todas las mujeres temporeras cumplen este perfil.
La patronal justifica la preferencia de mujeres porque son m¨¢s id¨®neas para la delicada labor de la recogida del fruto rojo. Ellas, provenientes de entornos pobres y rurales de Marruecos, est¨¢n en Huelva entre tres y ocho meses al a?o. Viven en las fincas donde trabajan, apartadas de los n¨²cleos de poblaci¨®n, lo que les impide establecer una clara diferenciaci¨®n entre la vida privada y laboral. Algo que se ve reflejado en el hecho de que el empresariado valore cualidades relacionadas con el empleo del tiempo libre asociadas al estereotipo que existe sobre las mujeres de religi¨®n musulmanas, como que no salen mucho o no beben alcohol.
Es en este contexto donde se han producido recientemente las denuncias por acoso laboral y sexual a un empresario fresero por parte de un grupo de temporeras marroqu¨ªes. No es la primera denuncia que se interpone, ya existen sentencias de la Audiencia Provincial de Huelga condenando a otros empresarios por delitos sexuales y contra la integridad moral de las trabajadoras.
Los hechos probados de la sentencia 143/2014 de la AP de Huelva, por ejemplo, relatan que las trabajadoras efectuaban jornadas de diez horas, desempe?ando las tareas propias de la explotaci¨®n agr¨ªcola, no respet¨¢ndose el tiempo m¨ªnimo para la comida o sin tener d¨ªas libres ni paga por horas extraordinarias, no les permit¨ªan beber agua ni abandonar el puesto de trabajo, y las insultaban de forma constante: "Putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones, que en vuestro pa¨ªs est¨¢is muertas de hambre", "hijas de puta, tontas, in¨²tiles". Las somet¨ªan en la jornada laboral a una vigilancia estrecha hasta el punto de obligarlas a hacer sus necesidades en el mismo campo, impidiendo que se relacionasen con trabajadores de otras fincas o que abandonara la misma si no eran acompa?adas, haciendo uso de la fuerza f¨ªsica en alguna ocasi¨®n y solicitando en otras favores sexuales para garantizar la continuidad del trabajo.
Muchas de esas denuncias no prosperan, las mujeres no pueden permanecer en el territorio espa?ol una vez que acaba la campa?a y la investigaci¨®n judicial no continua. Las que en esta ¨²ltima ocasi¨®n han denunciado el acoso sexual, tambi¨¦n denuncian el intento de deportaci¨®n que se llev¨® a cabo por parte del empresario y que fue finalmente abortado tras la intervenci¨®n de la Guardia Civil. Ahora, estos hechos est¨¢n siendo investigados por Fiscal¨ªa.
Cercadas por el pl¨¢stico: el status cautivo
Las temporeras se encuentran en una situaci¨®n de vulnerabilidad alta pues toda su vida se desarrolla en las fincas alejadas de los centros urbanos y con restricciones a su movilidad. Esta realidad ha sido definida en otras latitudes como de status cautivo porque carecen de completa capacidad de movimiento. A este respecto, la Mesa de Integraci¨®n, que engloba varias ONGs, denunci¨® en su informe de 2017 que un 30% de las viviendas de las temporeras no cumplen las condiciones m¨ªnimas de habitabilidad.
Si quer¨¦is saber m¨¢s, pod¨¦is hacer click en este enlace para descargar el informe de la Mesa de Integraci¨®n del pasado a?o.
Las Inspecciones de Trabajo son deficientes para un contexto de estas dimensiones, y los sindicatos mayoritarios no son rotundos en sus denuncias por miedo a poner en peligro los intereses de la patronal. Las voces de denuncias que se levantan no son o¨ªdas y en muchas ocasiones son acalladas en pos del desarrollo econ¨®mico de la zona. Los y las sindicalistas del SAT acumulan en su experiencia durante estos a?os numerosos amenazas por parte de la patronal en su intento de informar a las temporeras de sus derechos. Todas estas circunstancias crean un panorama de impunidad donde los abusos proliferan sin ninguna garant¨ªa de derechos fundamentales.
Si ya de por s¨ª muchas mujeres est¨¢n expuestas a abusos en sus puestos de trabajo, el riesgo aumenta en la situaci¨®n de vulnerabilidad que implica estar en una finca inaccesible, con la libertad deambulatoria limitada, con miedo a perder el trabajo y siendo inmigrante. Estas mujeres, como todas las dem¨¢s, merecen nuestro apoyo. Y nuestra credibilidad.
Pastori Filigrana
Le preguntan muchas veces y s¨ª, es su nombre real. Pastori Filigrana naci¨® en Sevilla en 1981, estudi¨® Derecho en la Facultad de esa misma ciudad y all¨ª cre¨® junta a otras compa?eras Amuradi, la Asociaci¨®n de Mujeres Gitanas Universitarias. Despu¨¦s pas¨® por la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, por la Delegaci¨®n Saharaua para Andaluc¨ªa y trabaj¨® con la comunidad gitana de Las Tres Mil Viviendas. M¨¢s tarde se meti¨® a bregar en el Sindicato de Obreros del Campo y form¨® parte del Grupo 17 de Marzo [un grupo de juristas que se considera a s¨ª mismo un "grupo de resistencia" en pos de los Derechos Humanos] y estuvo presente en la creaci¨®n del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ahora trabaja en la Cooperativa Jarsia [jarsia es la palabra cal¨® para justicia], un grupo de abogados con un planteamiento laboral que nace de la ¨¦tica y que lucha contra los abusos pol¨ªticos, hipotecarios y patronales.
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