Catalu?a y las libertades

El cambio de Gobierno tras la moci¨®n de censura presentada por el Partido Socialista contra Mariano Rajoy ha abierto una t¨ªmida posibilidad de reconducir la tensi¨®n en Catalu?a, a condici¨®n de que las diversas fuerzas pol¨ªticas tomen conciencia de los errores cometidos y de los l¨ªmites de sus respectivas estrategias. El conflicto que fragu¨® en 2012 a ra¨ªz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut no es resultado de las insuficiencias del sistema institucional del 78, sino del uso pol¨ªtico que a partir de esa fecha se ha venido haciendo de ¨¦l desde uno y otro lado. El Gobierno central renunci¨® desde el primer instante a cualquier iniciativa pol¨ªtica, transfiriendo a los mecanismos constitucionales, justicia penal incluida, la entera responsabilidad de responder a los independentistas. Estos, por su parte, aprovecharon el vac¨ªo pol¨ªtico irresponsablemente consentido por el Gobierno central para presentar una mayor¨ªa parlamentaria, solo leg¨ªtima para gestionar el sistema, como una mayor¨ªa popular, a fin de proclamar unilateralmente la independencia. La suya no es la causa democr¨¢tica de Catalu?a contra Espa?a, sino la de la ileg¨ªtima imposici¨®n del programa pol¨ªtico de la secesi¨®n a los catalanes que lo rechazan.

El nuevo presidente de Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha anunciado su intenci¨®n de reunirse con el president de la Generalitat, Joaquim Torra. Si el gesto ha adquirido una formidable dimensi¨®n pol¨ªtica, cuando, en realidad, se trata de una pr¨¢ctica protocolaria imprescindible entre instituciones del Estado, es porque la situaci¨®n existente resultaba insostenible. No solo porque la l¨®gica de excepcionalidad que inspira el art¨ªculo 155 no pod¨ªa convertirse en la normalidad de Catalu?a, sino tambi¨¦n porque el presidente de la Generalitat, salido de un Parlament que representa a todos los catalanes, independentistas o no, no puede seguir desacreditando la instituci¨®n que representa poni¨¦ndola a los pies de autoproclamados l¨ªderes espirituales ni de organizaciones sociales que aseguran ejercer una representaci¨®n de la voluntad de Catalu?a que nadie les ha conferido. La dignidad de la Generalitat exige que el president que ha anunciado su disposici¨®n a reunirse con el presidente del Gobierno central act¨²e exacta y rigurosamente como tal, no como portavoz de un tinglado propagand¨ªstico con el que, despu¨¦s de desacreditarse a s¨ª mismos, los independentistas han buscado descreditar internacionalmente la democracia de todos.

Al no haber puesto condiciones para la reuni¨®n, el Gobierno de S¨¢nchez lo hace bien en la misma medida en que lo hace mal el de Torra al ponerlas. Bajo el disfraz de las condiciones solo se esconde la pretensi¨®n ventajista de prejuzgar los resultados. Pero es que esperar resultados sustantivos, y mucho m¨¢s si son prejuzgados, es ir m¨¢s lejos de lo que la realidad permite y la prudencia aconseja. Si algo ha faltado durante estos a?os de plomo ha sido escuchar la voz de quienes, oponi¨¦ndose a la secesi¨®n desde dentro y desde fuera de Catalu?a, ve¨ªan con creciente desaliento la destrucci¨®n del sistema democr¨¢tico que por primera vez en dos siglos ha garantizado a Espa?a libertad y progreso. Catalu?a dentro de Espa?a, al igual que Espa?a dentro de Europa, ampl¨ªa las libertades de todos, empezando por las de los catalanes. El balance de da?os que ha provocado el programa independentista, as¨ª como los errores continuos del Gobierno central para contrarrestarlo, arroja un resultado diferente del que se ha impuesto como un clima de opini¨®n en absoluto avalado por la realidad. La Constituci¨®n del 78 ha salido hasta ahora milagrosamente indemne, pero Catalu?a carece de un Estatut que cuente con el respaldo de la amplia mayor¨ªa que requiere toda norma de rango constitucional. Los independentistas deducen de este hecho la necesidad de la independencia. Se olvidan, sin embargo, de que el problema de la independencia es exactamente el mismo.