?Jubilarse por decreto? ?no!

El acuerdo salarial firmado hace exactamente una semana encuentra dificultades para su ratificaci¨®n. Alguna patronal como la castellano-manchega se desmarca alegando que su regi¨®n es menos pr¨®spera.

Pero puede apostarse a que se abrir¨¢ paso. Se enmendar¨¢ as¨ª un gran entuerto, la injusticia social de que los salarios hayan sido hasta ahora la cenicienta del crecimiento, los ¨²nicos excluidos de los beneficios de la recuperaci¨®n, que dura ya cuatro a?os.

Y se corregir¨¢ tambi¨¦n el sinsentido de prescindir del aumento salarial como herramienta para propulsar el consumo, y pues, el crecimiento econ¨®mico. Ya se sabe que el grueso de las rentas salariales se destina a consumir ¡ªporque son escuetas¡ª, a diferencia de las del capital.

Ojal¨¢ pues que el proceso de ratificaci¨®n culmine ya. Aunque por s¨ª solo su desenlace no asegura el buen fin del acuerdo. Porque el exceso de los contratos a tiempo parcial, el brutal abuso de los temporales y los bajos sueldos a los que se incorporan las nuevas hornadas de trabajadores atentan contra el incremento pactado (en media) de los salarios en el conjunto del per¨ªodo pactado, tres a?os.

As¨ª que el pacto social no exonera al Gobierno de sus obligaciones m¨¢s urgentes, sobre todo la de perseguir con sa?a los falsos contratos temporales.

Lo que el Gobierno debiera ignorar, en cambio, es una petici¨®n corporativista y reaccionaria que se incluye en ese acuerdo: ¡°La extinci¨®n del contrato por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilaci¨®n¡±. Esa frasecita en apariencia inocente es el envoltorio de la reclamaci¨®n del retorno a la jubilaci¨®n forzosa. Desde la reforma laboral (socialista) de 2012, los convenios colectivos no pueden incluir cl¨¢usulas de jubilaci¨®n imperativa de los trabajadores que alcanzan los 65 a?os.

Esa reforma confirm¨® taxativa y ben¨¦ficamente que la jubilaci¨®n es un derecho, no una obligaci¨®n. Y adem¨¢s, en vez de achicar la edad del retiro, deber¨ªa ampliarse, con modulaciones y flexibilidades, para hacer sostenible el sistema. Se insiste poco en que al introducirse en Espa?a, en 1919, la esperanza de vida al nacer era de 41,15 a?os. Hoy es de 83.