Por qu¨¦ hay que suprimir los gastos fiscales

Para que conste, quienes pagan el impuesto de sociedades (IS) tienen una deuda pendiente con los ciudadanos. De los m¨¢s de 44.800 millones de euros anuales que recaudaba Hacienda antes de la crisis se ha llegado a una cantidad que rebasa en poco los 23.100 millones. Los efectos de la crisis, que algunos portavoces de la patronal esgrimen como causa de este hundimiento, pasaron tiempo ha; las empresas se jactan del crecimiento de sus beneficios (algunas, ya desde 2014) ante sus accionistas, por lo que no existe hoy entre los espa?oles la percepci¨®n de que sigan (en general, habr¨¢ excepciones) atrapadas en la recesi¨®n. El abismo entre 2008 y 2015 (ejercicio con estad¨ªsticas completas) se explica mejor por el silo de cr¨¦ditos fiscales que guardan las empresas. La propuesta de Hacienda de obligar a las empresas a que paguen como m¨ªnimo el 15% en sociedades ha levantado un muro de reacciones defensivas. As¨ª respondi¨® Juan Rosell, presidente de CEOE: ¡°Un aumento desmesurado¡± de los tributos que recaen sobre las sociedades ¡°podr¨ªa tener consecuencias negativas¡±.

Para que conste tambi¨¦n, las sociedades acumulaban en sus balances unos activos fiscales de 166.269 millones en 2015, un dep¨®sito de rebajas que pueden aplicar con cierta discrecionalidad. Una vez descontados los pasivos fiscales, el balance llegaba a 116.000 millones. Ese balance fiscal a favor de las empresas les permitir¨¢ reducir su cuota ¨ªntegra en aproximadamente 32.000 millones. Aclaraci¨®n: Hacienda estar¨¢ perdiendo pues con datos de 2015 una recaudaci¨®n total de 32.000 millones en las pr¨®ximas declaraciones del IS; pero como esas cantidades son inamovibles, en tanto que est¨¢n consolidadas como derechos, suprimir los beneficios fiscales de sociedades no implicar¨ªa recaudar, de golpe o en diferido, 32.000 millones m¨¢s, pero permitir¨ªa al Estado que ese dep¨®sito de derechos acumulados fuera disminuyendo con el tiempo.

?Y por qu¨¦ hay que suprimir o minimizar los beneficios fiscales en el IS? Una raz¨®n podr¨ªa ser que es el tributo donde existe una diferencia mayor entre la capacidad de recaudaci¨®n y la recaudaci¨®n real en tiempos de ¡°recuperaci¨®n de la econom¨ªa¡±. Pero hay otra raz¨®n m¨¢s inquietante: nadie conoce con exactitud cu¨¢les son los supuestos efectos beneficiosos para la sociedad (inversi¨®n, empleo, seguridad, innovaci¨®n) que produce la intrincada mara?a de exenciones, desgravaciones y quitas fiscales que reducen la factura impositiva de las empresas. Sobre todo de las grandes. No hay un solo organismo o ventanilla en la Administraci¨®n que verifique el cumplimiento del Presupuesto de gastos fiscales (entre los que se encuentran los que se aplican al IS); tampoco hay un solo ¨®rgano administrativo encargado de seguir y tasar la rentabilidad social de las exenciones o ventajas concedidas al tributo. La sospecha es que tales ventajas fiscales no aumentan el empleo ni favorecen la inversi¨®n; pero estar¨ªa bien que una instituci¨®n neutral confirmase o descartase esa impresi¨®n.

Volvamos a las posiciones defensivas de Rosell. Imponer una tributaci¨®n m¨ªnima del 15% no es un desafuero ni un aumento desmesurado; sobre todo cuando no se conocen con exactitud las ventajas que reporta a la sociedad una cantidad tan desmesurada de gastos fiscales. El presidente de la CEOE tendr¨ªa que precisar la naturaleza de esas ¡°consecuencias negativas¡± para que los ciudadanos puedan calcular el alcance de la advertencia.