Decisi¨®n auton¨®mica

El rechazo parlamentario de la nueva senda de d¨¦ficit propuesta por el Gobierno en Bruselas se ha cobrado los primeros damnificados directos. En el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera del martes la ministra Montero tuvo que instar a las comunidades aut¨®nomas presentes (Catalu?a, como es norma en los ¨²ltimos a?os, no acudi¨®) a redactar sus presupuestos para 2019 con un d¨¦ficit objetivo del 0,1%, cuando con la propuesta del Ejecutivo podr¨ªan haber llegado hasta el 0,3%. Es cierto, no obstante, que el Gobierno ha planteado un aumento del volumen de recursos netos que los Gobiernos auton¨®micos obtendr¨¢n del sistema. Un 4% m¨¢s, hasta los 108.058 millones.

Este es el marco econ¨®mico en el que se mover¨¢ la financiaci¨®n auton¨®mica en 2019: 2.400 millones por debajo de lo posible. Es ¨²til recordar la diferencia entre la propuesta del Gobierno y el ajuste m¨¢s dr¨¢stico al que hay que resignarse porque los damnificados ¨²ltimos de las decisiones de bloqueo son los ciudadanos y el sistema de la Seguridad Social. El esfuerzo para aumentar los recursos de las autonom¨ªas es loable; es, digamos, lo que se puede hacer. Pero no resuelve el fondo del problema. El sistema de financiaci¨®n auton¨®mica necesita una reforma a fondo, con una definici¨®n clara de los criterios de reparto; esta reforma fue prometida por el ¨²ltimo Gobierno de Rajoy ya en 2015 y su retraso es imputable a la incapacidad de los equipos de Rajoy para afrontar una negociaci¨®n compleja. El caso es que la negligencia pol¨ªtica ha condenado a los Gobiernos auton¨®micos a operar con graves problemas financieros (el caso de la Comunidad Valenciana es notorio, pero no el ¨²nico) y a graves desequilibrios en materia de deuda y Sanidad.

El Gobierno debe tomar una primera decisi¨®n: ?propondr¨¢ una reforma del sistema en esta legislatura o, como sugiere la ministra de Hacienda, ya no hay tiempo para esa tarea? La cuesti¨®n no es balad¨ª, porque una reforma en serio exige muchas negociaciones preparatorias y varios informes de situaci¨®n. En teor¨ªa, la respuesta es sencilla: mejor una reforma seria, aunque con m¨¢s retraso, que otra improvisada. Pero bien podr¨ªa ser que las mayor¨ªas en la pr¨®xima legislatura no facilitasen la definici¨®n de un sistema financiero de nueva planta.

La segunda decisi¨®n, para hoy o para el futuro, es de orden pol¨ªtico. El Govern se ha negado a participar en las reuniones del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y est¨¢ actuando en la pr¨¢ctica como un freno objetivo de la reforma. Por supuesto, la presencia de Catalu?a en la negociaci¨®n de una nueva financiaci¨®n auton¨®mica es deseable, hasta el punto de que cualquier acuerdo quedar¨ªa incompleto sin ella. Hay que hacer todos los esfuerzos que sean razonables para involucrar a Catalu?a en la tarea. Pero s¨®lo los razonables; si el Govern y la actual mayor¨ªa parlamentaria en Catalu?a persistieran en su negativa, persistencia que equivaldr¨ªa a un boicot da?ino de los recursos que deben recibir el resto de comunidades, la reforma debe prepararse o incluso concluirse sin Catalu?a. Porque el modelo actual, complejo y desequilibrado, no se sostiene.