La hora del adi¨®s a los aforamientos

El derecho al ¡°juez ordinario predeterminado por la ley¡± es un elemento esencial del derecho fundamental a un juicio justo, recogido expresamente en los art¨ªculos 24 y 117 de la Constituci¨®n. Que nadie pueda interferir en qui¨¦n haya de entender de una investigaci¨®n penal, determin¨¢ndose la competencia por reglas preestablecidas, es una conquista del sistema jur¨ªdico-pol¨ªtico de la divisi¨®n de poderes. Una excepci¨®n a este principio existe en Espa?a cuando determinadas personas no han de responder ante el juez natural al que se refiere la Constituci¨®n, sino frente a otro ¨®rgano judicial distinto. Esta instituci¨®n, denominada aforamiento ¡ªpr¨¢cticamente desconocida en otros pa¨ªses occidentales¡ª se extiende no s¨®lo a los propios jueces (por razones obvias de posible proximidad, conviene trasladar la jurisdicci¨®n a otros magistrados distintos de los colegas de los investigados), sino a un n¨²mero muy notable de representantes y cargos pol¨ªticos, como el Gobierno, los diputados y los senadores, aforados ante el Tribunal Supremo.

La magistrada-juez responsable del Juzgado de Instrucci¨®n 51 de Madrid es la juez natural encargada por las reglas de competencia de investigar los presuntos delitos que en un instituto universitario parecen haberse cometido, por un lado, por parte de un grupo de funcionarios de la Universidad Rey Juan Carlos, consistentes en haber expedido t¨ªtulos acad¨¦micos sin la correspondiente formaci¨®n y evaluaci¨®n acad¨¦micas, otorg¨¢ndolos en algunos casos como ¡°prebenda a determinados alumnos, que consegu¨ªan la titulaci¨®n del M¨¢ster sin m¨¦rito acad¨¦mico alguno¡±, como indica la magistrada, en vivo contraste con el importante esfuerzo en tiempo y estudio que se exigi¨® a los estudiantes ¡°del com¨²n¡±. Tambi¨¦n podr¨ªa haber un delito de cohecho pasivo en los cargos p¨²blicos que aceptaran ese t¨ªtulo fraudulento como ¡°d¨¢diva¡± otorgada en atenci¨®n a su funci¨®n p¨²blica (a¨²n sin dar o prometer nada a cambio), en opini¨®n de la instructora.

Sin embargo, la magistrada no es competente para investigar a Pablo Casado, m¨¢s all¨¢ de la identificaci¨®n inicial de indicios de criminalidad que ha hecho en el curso de una investigaci¨®n en la que est¨¢n presentes otras muchas personas, ya que el presidente del Partido Popular es diputado en el Congreso.

No hay un juez o tribunal que sea superior, m¨¢s juez que otro en el sentido de ofrecer m¨¢s garant¨ªas. Cada juez o tribunal, individualmente, en su funci¨®n, es expresi¨®n plena del Poder Judicial. No hay ninguna raz¨®n leg¨ªtima que pueda justificar la existencia de los aforamientos de representantes pol¨ªticos. Una cosa es que se proteja a los diputados por los hechos realizados en ejercicio de su funci¨®n (inmunidad), o que se exija un procedimiento especial para poder investigarlos ante el Parlamento (suplicatorio). Pero nada justifica atribuir las causas de determinados agentes pol¨ªticos a determinados tribunales, agentes pol¨ªticos que son los que a trav¨¦s del Consejo General del Poder Judicial eligen una buena parte de los miembros del Tribunal Supremo. El Consejo de Europa, en un informe publicado en enero de este a?o, observa que esta relaci¨®n no deber¨ªa existir. Se trata de una anomal¨ªa espa?ola a abolir ya. La Justicia debe ser independiente, como cabe esperar que sea en cualquier caso, tambi¨¦n en ¨¦ste, pero tambi¨¦n parecerlo.

Manuel Cancio Meli¨¢ es catedr¨¢tico de Derecho Penal en la Universidad Aut¨®noma de Madrid.