Aforados

Algunos partidos pol¨ªticos han llamado la atenci¨®n sobre una modalidad procesal de nuestro derecho, el aforamiento, al ir conoci¨¦ndose los casos de corrupci¨®n con implicados que ocupan cargos p¨²blicos. La Constituci¨®n prev¨¦ el aforamiento para los diputados, senadores y miembros del Gobierno en sus art¨ªculos 71.3 y 102, en tanto que la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, en el art¨ªculo 57, ampl¨ªa la lista a servidores p¨²blicos como presidentes y consejeros del Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas, o el Defensor del Pueblo, entre muchos otros. Ambas normas establecen que el enjuiciamiento de los aforados corresponder¨¢ al Tribunal Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Aut¨®nomas. Conviene subrayar, no obstante, que la determinaci¨®n de tribunales espec¨ªficos para determinados cargos no conlleva ninguna excepci¨®n de las leyes de fondo aplicables, especialmente el C¨®digo Penal, aunque s¨ª reduce las posibilidades de recurrir en segunda instancia, salvo el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para los inculpados ante el Supremo, y el de casaci¨®n, ante el Supremo, contra las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia.

El cuestionamiento de la figura del aforamiento a ra¨ªz de algunas noticias recientes se ha basado, por lo general, en el hecho de que se considera un privilegio y, consecuentemente, deber¨ªa ser derogado por afectar al derecho a la igualdad o al juez predeterminado por la ley. La propuesta, hasta donde se ha conocido por los medios, no distingue entre los aforamientos previstos por la Constituci¨®n, cuya supresi¨®n exigir¨ªa la reforma de la Carta Magna, y los fijados por la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, para lo que bastar¨ªa una norma de rango equivalente.

El Tribunal Constitucional desminti¨® en la sentencia de 22 de julio de 1985 que el aforamiento fuera un privilegio, al recordar que su fundamento no responde a ¡°un inter¨¦s privado de sus titulares¡±, sino a ¡°un inter¨¦s general¡±. Desde el punto de vista de la funci¨®n institucional del aforamiento, el Alto Tribunal sostuvo adem¨¢s, en esa misma sentencia, que ¡°preserva un cierto equilibrio entre los poderes¡±, despu¨¦s de haber se?alado en otro pronunciamiento, tambi¨¦n de 1985, que ¡°tal prerrogativa es imprescindible e irrenunciable¡±. Para concluir, en una sentencia de noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional agreg¨® el argumento de que ¡°el aforamiento act¨²a como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno y de los parlamentarios (¡­)¡± En relaci¨®n con estos ¨²ltimos, el aforamiento difiere de la instituci¨®n del suplicatorio, que se concibe como una garant¨ªa de la divisi¨®n de poderes por la que los tribunales no pueden someter a investigaci¨®n a los parlamentarios sin autorizaci¨®n de las C¨¢maras elegidas por el voto de los ciudadanos.

El aforamiento no puede ser considerado como el privilegio de unos cargos p¨²blicos

Ciertamente, las afirmaciones del Tribunal Constitucional pueden ser reconsideradas, en la medida en que no todos los aforamientos tienen el mismo fundamento y las realidades a las que debe atender el derecho son siempre cambiantes. Una cosa parece fuera de duda, sin embargo, y es que el m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n ha desmentido reiteradamente que el aforamiento, como modalidad procesal, pueda ser considerado como el privilegio de unos cargos p¨²blicos. De igual manera, tampoco se puede sostener que la designaci¨®n de determinados tribunales para entender de las causas seguidas contra esos cargos afecte a la garant¨ªa del juez predeterminado por la ley: son nada menos que la Constituci¨®n y una ley org¨¢nica las que predeterminan qu¨¦ tribunales juzgar¨¢n los casos en los que se vean incursos aforados.

Lo que s¨ª es posible discutir, y quiz¨¢ tenga sentido hacerlo, es si los aforamientos previstos en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial tienen el mismo fundamento institucional que los establecidos en la Constituci¨®n. Sobre todo porque la raz¨®n inicial por la que se prev¨¦ la intervenci¨®n de los Tribunales Supremo o Superiores de Justicia en las causas que afecten a aforados es la necesidad de dilucidar r¨¢pidamente la cuesti¨®n, desestimando inmediatamente aquellas que carezcan de m¨¦rito y evitar, de esta manera, el entorpecimiento que producir¨ªa un largo proceso en el que la m¨¢xima autoridad del Poder Judicial finalmente no considerara delictivos los hechos denunciados. El fundamento del aforamiento del presidente y dem¨¢s miembros del Gobierno se basa en este prop¨®sito, puesto que el riesgo de perturbar indebidamente la acci¨®n gubernativa desde la justicia es mayor en un sistema que, como el nuestro, contempla la posibilidad de acci¨®n popular.

La instituci¨®n del aforamiento de los miembros del Ejecutivo, por otro lado, no es una particularidad del derecho constitucional espa?ol. Seguramente no es una casualidad que la Constituci¨®n francesa prevea en su T¨ªtulo X un Tribunal de Justicia de la Rep¨²blica, formado por doce parlamentarios y tres magistrados de la Corte de Casaci¨®n, para el enjuiciamiento de la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno, as¨ª como, en sus art¨ªculos 67 y 68, un Alto Tribunal de Justicia para el enjuiciamiento del presidente de la Rep¨²blica por un incumplimiento de sus deberes manifiestamente incompatible con el ejercicio de su mandato. Se trata de una especial protecci¨®n de cargos p¨²blicos particularmente expuestos en un sistema judicial que prev¨¦, aunque de manera m¨¢s limitada que en Espa?a, el derecho de cualquier persona que se sienta ofendida por la acci¨®n de un miembro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones a denunciarlo ante una Comisi¨®n de Admisi¨®n.

No existe evidencia contrastada de que su instituci¨®n sea un factor crimin¨®geno

Sea como fuere, del contexto en el que los aforamientos han adquirido una repentina actualidad parecer¨ªa deducirse que su supresi¨®n contribuir¨ªa a luchar contra la corrupci¨®n, dando a entender que esta figura procesal est¨¢ sirviendo de alg¨²n modo a la impunidad de los cargos p¨²blicos a los que se aplica. La experiencia demuestra lo contrario: no se han dado casos en los que los tribunales competentes para el enjuiciamiento de aforados hayan merecido cr¨ªticas por favorecer a los inculpados. Tampoco se puede albergar certeza alguna acerca de que la eliminaci¨®n de los aforamientos aumentara el efecto preventivo de las leyes penales, ni existe evidencia contrastada de que el aforamiento sea un factor crimin¨®geno.

Por descontado, la modalidad procesal del aforamiento, como cualquier otra instituci¨®n de nuestro ordenamiento, puede someterse a discusi¨®n, siempre a condici¨®n de que sean valorados cuidadosamente y sin prejuicios los fundamentos. En todo caso, convendr¨ªa tener presente que los problemas que pueden suscitar los aforamientos establecidos en la Constituci¨®n son diferentes de los que presenta la lista de cargos fijada en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Y tambi¨¦n que una cosa es discutir la lista de aforados y otra distinta la pertinencia de la instituci¨®n.

Enrique Bacigalupo es catedr¨¢tico de Derecho Penal y abogado.